ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativo a la solicitud de registro de la plataforma electoral presentada por el Partido Acción Nacional para contender en el Proceso Electoral Federal 2014-2015 ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativo a la solicitud de registro de la plataforma electoral presentada por el Partido Acción Nacional para contender en el Proceso Electoral Federal 2014-2015.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional Electoral.- Consejo General.- INE/CG32/2015.
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RELATIVO A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PLATAFORMA ELECTORAL PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL PARA CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2014-2015
ANTECEDENTES
I. El Partido Acción Nacional cuenta con registro vigente como Partido Político Nacional ante el Instituto Nacional Electoral, por lo que se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos y sujeto a las obligaciones que señala la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partidos Políticos.
II. En sesión extraordinaria del Consejo General de fecha quince de octubre de dos mil catorce se aprobó el "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a Diputados por ambos principios que presenten los partidos políticos y, en su caso, las Coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2014-2015", identificado con la clave INE/CG211/2014.
III. El quince de enero de dos mil quince, el Lic. Francisco Gárate Chapa, Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto, presentó ante la Secretaría Ejecutiva del Consejo General, escrito mediante el cual solicita el registro de la Plataforma Electoral que sostendrán sus candidatos durante las campañas electorales.
IV. En misma fecha, fue turnada, a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la mencionada documentación para colaborar en la integración del expediente respectivo y llevar a cabo el análisis correspondiente.
V. El dieciséis y veintiuno de enero siguientes, en alcance al escrito mencionado, el partido en comento remitió diversa documentación, respecto de su Plataforma Electoral.
VI. En sesión extraordinaria privada efectuada el veintiséis de enero del presente año, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, conoció y aprobó el Anteproyecto de Acuerdo relativo a la solicitud de registro de la Plataforma Electoral presentada por el Partido Acción Nacional, para contender en el Proceso Electoral Federal 2014-2015.
Al tenor de los antecedentes que preceden; y
CONSIDERANDO
1. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos preceptúa que los Partidos Políticos Nacionales son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.
2. Que de conformidad con el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 29, párrafo 1 y 30, párrafo 2, ambos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Nacional Electoral, es un organismo público autónomo, cuya función estatal es la organización de las elecciones federales, en la que tiene como principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
3. Que el artículo 35, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.
4. Que el artículo 44, párrafo 1, inciso j), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales determina como atribución del Consejo General, vigilar que las actividades de los Partidos Políticos Nacionales y las agrupaciones políticas nacionales se desarrollen con apego a esta Ley y la Ley General de Partidos Políticos, y cumplan con las obligaciones a que están sujetos.
5. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 236 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como por lo señalado en el Punto Primero del "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a Diputados por ambos principios que presenten los partidos políticos y, en su caso, las Coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2014-2015", los partidos políticos deben presentar la Plataforma Electoral que sostendrán sus candidatos en las campañas electorales, conforme a lo siguiente:
"ACUERDO
PRIMERO. Dentro del plazo comprendido entre el día 1o. y el 15 de enero de 2015, los Partidos Políticos Nacionales deberán presentar, para su registro, la Plataforma Electoral que sostendrán sus candidatos, conforme a lo siguiente:
1. La solicitud de registro respectiva deberá presentarse ante el Presidente del Consejo General de este Instituto o, en su ausencia, ante el Secretario Ejecutivo.
2. Asimismo, deberá encontrarse suscrita por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional u órgano equivalente del partido, acreditado ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, o por el Representante del partido ante el Consejo General de este Instituto.
3. La Plataforma Electoral deberá presentarse en forma impresa y en medio magnético y deberá acompañarse de la documentación que acredite que fue aprobada por el órgano partidario competente.
Dicha documentación deberá consistir al menos en lo siguiente:
a) Convocatoria, acta y lista de asistencia de la sesión del órgano responsable de la aprobación de la Plataforma Electoral; y
b) En su caso, convocatoria, acta y lista de asistencia de la sesión del órgano que autorizó convocar a la instancia facultada para aprobar dicha Plataforma.
4. Una vez recibida la documentación mencionada, el Consejo General, a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, verificará, dentro de los siete días siguientes, que en la determinación del procedimiento aplicable para la aprobación de la Plataforma Electoral hayan sido observadas las normas estatutarias y reglamentarias correspondientes.
5. En caso de que de la revisión resulte que el partido político no acompañó la documentación que permita verificar el cumplimiento al procedimiento estatutario aplicable, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, realizará un requerimiento al partido político para que en un plazo de tres días, remita la documentación omitida.
6. Con toda la documentación referida, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos elaborará el proyecto de Acuerdo respectivo que será sometido a consideración del Consejo General de este Instituto, para los efectos de lo señalado en el artículo 44, párrafo 1, inciso q) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
7. Del registro de la Plataforma se expedirá constancia.
(...)"
6. Que atento a lo establecido en el artículo 55, párrafo 1, inciso o), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 46, párrafo 1, inciso r) del Reglamento Interno del Instituto Nacional Electoral, corresponde a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos coadyuvar con el Consejo General en la revisión de la documentación presentada por los Partidos Políticos Nacionales a efecto de registrar la Plataforma Electoral, elaborando el Proyecto de Acuerdo correspondiente, y proceder a su inscripción en el libro de registro correspondiente.
7. Que la solicitud de registro de la Plataforma Electoral suscrita por el Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto, se presentó el quince de enero del
presente año ante la Secretaría Ejecutiva del mismo, acompañada de la documentación siguiente:
a) Copia certificada de la convocatoria a la Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional.
b) Copia certificada de la lista de asistencia a la Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional.
c) Copia certificada del Acta de la Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional, celebrada el diecisiete de septiembre de dos mil catorce.
d) Copia certificada de la convocatoria a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Redactora de la Plataforma del Partido Acción Nacional.
e) Original de la lista de asistencia a la Comisión Redactora de la Plataforma.
f) Copia certificada de la minuta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Redactora de la Plataforma, celebrada el tres de diciembre de dos mil catorce.
g) Copia certificada de la convocatoria a la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional.
h) Copia certificada de la lista de asistencia a la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente Nacional.
i) Copia certificada del Acta de la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente Nacional, celebrada el ocho de diciembre de dos mil catorce.
j) Copia certificada de la convocatoria a la Quinta Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional.
k) Copia certificada de la lista de asistencia a la Quinta Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional.
l) Copia certificada del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional, celebrada el diez de enero de dos mil quince.
m) Plataforma Electoral, en medio impreso y medio electrónico.
8. Que en virtud de lo señalado en los considerandos anteriores, se tiene al Partido Acción Nacional presentando en tiempo y forma la Plataforma Electoral que sostendrán sus candidatos a Diputados del H. Congreso de la Unión en el Proceso Electoral Federal 2014-2015.
9. Que la Comisión Redactora de la Plataforma, una vez realizados los once foros nacionales donde se presentaron diversas iniciativas para la integración del documento preliminar, lo presentó al pleno de la Comisión Permanente Nacional para su aprobación; a su vez, ésta lo remitió al Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, el cual tiene la atribución de aprobar la Plataforma Electoral para las elecciones federales en las que participe, conforme a lo dispuesto por el artículo 28, párrafo 1, inciso m) de su propia norma estatutaria en vigor, a saber:
"Artículo 28
1. Son facultades y obligaciones del Consejo Nacional:
(...)
m) Aprobar la plataforma del Partido para las elecciones federales, previa consulta a la militancia a través de los órganos estatales y municipales. Los candidatos estarán obligados a aceptar y difundir durante su campaña electoral, la plataforma aprobada; y
(...)"
10. Que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, analizó la documentación presentada por el Partido Acción Nacional, con el objeto de determinar que la instalación y desarrollo de la Quinta Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional, celebrada el diez de enero de dos mil quince, se apegó a la normativa aplicable del partido. Del estudio realizado se constató el cumplimiento a los artículos 28, párrafo 1, inciso m); 29, párrafo 2 y 30 de sus Estatutos vigentes, en razón de lo siguiente:
a) El diecinueve de diciembre de dos mil catorce, el Presidente y el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, emitieron la convocatoria a la Quinta Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional a celebrarse el diez de enero de dos mil quince.
b) El Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, en sesión celebrada el diez de enero de dos
mil quince, aprobó la Plataforma Electoral bajo la cual habrán de contender sus candidatos en el Proceso Federal Electoral ordinario 2014-2015, en el cual se elegirán los integrantes de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
c) Asistieron a la Sesión del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, 151 de los 268 integrantes acreditados ante este Instituto.
d) La Plataforma Electoral fue aprobada por mayoría de votos de los asistentes al Consejo Nacional.
Como resultado del referido estudio, se confirma la validez de la Sesión del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional y por tanto se procede al análisis de la Plataforma Electoral.
11. Que la Presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, ha constatado que la Plataforma Electoral presentada por el Partido Acción Nacional señalada en el Considerando 7 del presente Acuerdo, cumple con lo señalado en el artículo 39, párrafo 1, inciso g) de la Ley General de Partidos Políticos, así como el artículo 236 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; pues se observa que:
· La Plataforma Electoral del Partido Acción Nacional es congruente con los principios ideológicos de carácter político, económico y social que postula en su Principio de Doctrina y con las medidas para alcanzarlos descritas en su Programa de Acción Política. Como ANEXO UNO se contiene la Plataforma Electoral presentada por el Partido Acción Nacional y como ANEXO DOS se integra un cuadro que esquematiza el análisis sobre la congruencia de la Plataforma Electoral del Partido Acción Nacional con su Principio de Doctrina y Programa de Acción Política; mismos anexos que en cincuenta y tres, y una, fojas útiles, respectivamente, forman parte del presente instrumento.
12. Que el artículo 236 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral expedirá constancia del registro de la Plataforma Electoral.
13. Que este Consejo General cuenta con la Plataforma Electoral presentada y que, para facilitar al Partido Acción Nacional el registro de sus candidatos a Diputados Federales, ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral, resulta procedente eximirlo, por Acuerdo de este Órgano Superior de Dirección, de presentar la constancia de registro de dicha Plataforma Electoral junto con las solicitudes de registro de sus candidatos ante los órganos competentes del Instituto.
14. Que por lo expuesto y fundado, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Consejo General, con el auxilio de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, concluye que la Plataforma Electoral presentada por el Partido Acción Nacional para participar en el Proceso Electoral Federal 2014-2015, reúne los requisitos necesarios para obtener su registro, de acuerdo con lo prescrito por el artículo 236 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y con lo señalado por el Acuerdo emitido al efecto por el Consejo General.
15. Que en razón de los considerandos anteriores, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, con fundamento en el artículo 42, párrafos 2 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, somete a la consideración del Consejo General el presente Acuerdo.
En consecuencia, el Consejo General propone que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, Bases I y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29, párrafo 1; 30, párrafo 2; 35, párrafo 1; 42, párrafos 2 y 8; 43; 44, párrafo 1, incisos j), q) y jj); 55, párrafo 1, inciso o) y 236, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; en el artículo 39, párrafo 1, inciso g) de la Ley General de Partidos Políticos; así como el artículo 46, párrafo 1, inciso r), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; todos relacionados con el "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a Diputados por ambos principios que presenten los partidos políticos y, en su caso, las Coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2014-2015", identificado con la clave INE/CG211/2014; y en ejercicio de las facultades se emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Procede el registro ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral de la Plataforma Electoral presentada por el Partido Acción Nacional que sostendrán sus candidatos en la elección federal a celebrarse el siete de junio del año dos mil quince.
SEGUNDO.- Expídase al Partido Acción Nacional la constancia de registro de la Plataforma Electoral.
TERCERO.- Se exime al Partido Acción Nacional de acompañar la constancia relativa al registro de su Plataforma Electoral al momento de solicitar el registro de sus candidatos ante los órganos electorales competentes, en virtud de que el partido político ha solicitado y obtenido el registro de la misma ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
CUARTO.- Comuníquese vía correo electrónico el contenido del presente Acuerdo, así como sus anexos, a los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral.
QUINTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 28 de enero de dos mil quince, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, Licenciado Javier Santiago Castillo y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.
El Consejero Presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova Vianello.- Rúbrica.- El Secretario del Consejo General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica.
ANEXO UNO
Índice
Mensaje del Presidente Nacional del Partido Acción Nacional
1. Combate total a la corrupción y fortalecimiento institucional (1.1 a 1.22)
Iniciativa anticorrupción (1.1 a 1.4)
Transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana (1.5 a 1.11)
Reforma del Estado y federalismo (1.12 a 1.17)
Federalismo hacendario, deuda de estados y municipios (1.18 a 1.20)
Gobierno de calidad (1.21 a 1.22)
2. Crecimiento justo, duradero y sostenible (2.1 a 2.39)
Salario digno y economía familiar (2.1 a 2.3)
Empleo y mercado laboral (2.4 a 2.12)
Política fiscal y presupuestaria (2.13 a 2.25)
Finanzas públicas y rendición de cuentas (2.26 a 2.29)
Competitividad y promoción de la inversión productiva (2.30 a 2.33)
Desarrollo regional (2.34 a 2.35)
Campo (2.36 a 2.39)
3. Justicia, derechos y convivencia nacional (3.1 a 3.21)
Derechos y libertades (3.1 a 3.10)
Sistema de procuración de justicia (3.11 a 3.12)
Sistema de impartición de justicia (3.13 a 3.16)
Sistema de justicia penal (3.17 a 3.19)
Sistema nacional de policías (3.20 a 3.21)
4. Bienestar y seguridad social universal (4.1 a 4.41)
Combate a la Pobreza y Desarrollo Humano
Familias con desarrollo integral (4.1 a 4.4)
Combate a la pobreza (4.5 a 4.8)
Seguridad social y salud universal
Servicios de salud de calidad (4.9 a 4.12)
Seguridad social incluyente (4.13 a 4.16)
Grupos vulnerables
Niñas y niños (4.17 a 4.21)
Jóvenes (4.22 a 4.25)
Equidad de género (4.26 a 4.28)
Personas con discapacidad (4.29 a 4.32)
Comunidades indígenas (4.33 a 4.36)
Migrantes (4.37 a 4.39)
Adultos mayores (4.40 a 4.41)
5. Conocimiento y educación para la prosperidad (5.1 a 5.24)
Educación (5.1 a 5.8)
Ciencia y tecnología para el desarrollo (5.9 a 5.14)
Sociedad de la información y el conocimiento (5.15 a 5.17)
Arte y cultura (5.18 a 5.22)
Deporte y esparcimiento (5.23 a 5.24)
6. La nación sustentable (6.1 a 6.37)
Desarrollo urbano, metropolitano y movilidad (6.1 a 6.9)
Desarrollo sustentable, biodiversidad y conservación (6.10 a 6.18)
Agua (6.19 a 6.21)
Energía (6.22 a 6.30)
Cambio climático (6.31 a 6.32)
Contaminación y manejo de residuos (6.33 a 6.37)
Mensaje del Presidente Nacional del Partido Acción Nacional
Con la Plataforma Electoral 2015-2018 que aquí presentamos a la ciudadanía, y que ponemos a su
consideración ante los comicios que renovarán la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el próximo mes de junio, los panistas refrendamos una vez más nuestro compromiso con las demandas más sentidas de los mexicanos, y con nuestro proyecto de transformar a México para construir una patria más justa, más digna y más solidaria para nuestros hijos.
Esta lucha es hoy más urgente porque el gobierno actual ha perdido el rumbo y sus errores nos han sumido en una crisis económica, política y social.
Esta plataforma refleja el compromiso de Acción Nacional para transformar a México de la mano de los ciudadanos. Para tal efecto recurrimos al diálogo abierto con ellos y con nuestra militancia mediante una amplia consulta que generó un gran número de participaciones, propuestas, sugerencias y comentarios. La plataforma electoral que aquí presentamos se benefició de este diálogo y refleja demandas y anhelos que hemos buscado traducir en propuestas legislativas viables e incluyentes.
Nuestra propuesta refleja también nuestra experiencia como gobierno y como cuerpos legislativos comprometidos con la nación. Reconocemos seis frentes estratégicos para atender cabalmente la agenda legislativa 2015-2018: Combate total a la corrupción; Crecimiento justo y duradero; Justicia, derechos y convivencia nacional; Bienestar y seguridad social universal; Conocimiento y formación para la prosperidad; y Construir la nación sustentable.
Acción Nacional ha planteado la necesidad de cambiar el rumbo, de recobrar la orientación ciudadana y el compromiso con la construcción del bien común. Hay que hacerlo cerca de los mexicanos, apoyando su esfuerzo y creatividad para que podamos progresar y vivir en una sociedad más justa y equitativa.
Este esfuerzo refleja los compromisos históricos que han sido una constante desde la concepción misma de nuestro partido, y cuyo testigo más elocuente es precisamente nuestra primera plataforma electoral presentada a los mexicanos en 1943, a unos años de la fundación de Acción Nacional en 1939. Nuestra lucha sigue siendo relevante en la medida en que el régimen inmoral que combatimos entonces sigue mostrando su rostro, y ahora pretende revertir los avances alcanzados por los mexicanos en los últimos años.
Desde nuestros documentos fundacionales hemos puesto en un plano fundamental la lucha abierta y frontal contra la corrupción, uno de esos síntomas sociales que nuestros fundadores asociaban al desorden moral de la nación. Se trata de una lucha panista que nunca debemos abandonar. Para fortalecer las bases de la democracia y avanzar hacia la construcción de gobiernos abiertos, transparentes y participativos, proponemos establecer un Sistema Nacional Anticorrupción. Este sistema, que concebimos junto con algunas de las organizaciones más representativas de la sociedad civil, busca blindar el uso de recursos públicos en todos los ámbitos de gobierno.
Se trata de una amplia propuesta que contempla disposiciones legales para fortalecer nuestro federalismo, haciéndolo más transparente y estableciendo controles eficaces sobre la deuda y la inversión públicas. Para alcanzar este objetivo seremos inflexibles. Entendemos que los incentivos a la corrupción existen en todas la instituciones humanas, y nosotros como partido y gobierno no hemos sido la excepción. Precisamente por eso, hemos propuesto que un sistema anticorrupción tenga un alcance verdaderamente nacional y nadie quede al margen de su aplicación.
Del mismo modo que lo hicimos en nuestra primera plataforma electoral en 1943, seguiremos
reivindicando la necesidad de garantizarle a los mexicanos un salario digno. Los mexicanos tenemos derecho a un ingreso que permita a nuestras familias vivir con un mínimo de bienestar conforme a la dignidad que les es inherente como personas. México no puede ni debe ser un país para unos cuantos, es decir, un país donde sólo una minoría goza la riqueza que se construye con el esfuerzo de todos.
El salario es la clave fundamental de la lucha contra la desigualdad, es el mejor remedio contra ese mal. Por eso refrendamos el compromiso establecido desde nuestros documentos fundacionales por la defensa del trabajo y el salario digno. Decimos defender el trabajo decente, que es la manera en que nos referimos a la idea de que todo trabajo debe recibir a cambio un salario digno y suficiente; un trabajo que debe realizarse bajo condiciones que respeten integralmente los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, que provean la seguridad social que es fundamental para ellos y para sus familias, y que propicien el pleno de desarrollo de su potencial humano.
Las plataformas legislativas que registramos cada tres años ante la autoridad electoral son testigo fiel de nuestros compromisos históricos, de la lucha incansable de Acción Nacional por construir el bien común. Con esta plataforma buscamos impulsar el cambio de rumbo que hoy es urgente para nuestro país. Defenderemos desde el Congreso de la Unión el ejercicio pleno de los derechos y las libertades. Lo haremos sin renunciar a seguir siendo una fuerza política crítica, proactiva y responsable; atributos que han caracterizado históricamente la conducta de Acción Nacional.
En el PAN, nos comprometemos a consolidar un México más justo, más sustentable, con igualdad de oportunidades para todos. A luchar por un mejor futuro para las familias y para las generaciones venideras. Hemos probado ser una fuerza transformadora de la nación; una fuerza que refrenda una y otra vez su compromiso con sus ideales humanistas. Un partido sin enconos ni resentimientos, un partido de mexicanos convencidos de nuestros principios, de nuestros valores. Nuestra plataforma refleja y se nutre del proyecto que heredamos de nuestros fundadores: un partido de ciudadanos para los ciudadanos; un partido concebido como instrumento para construir una patria ordena y generosa, con justicia y bienestar para todos.
Ricardo Anaya Cortés
Presidente del CEN del PAN
"Anarquía significa negación o ausencia de autoridad y este es nuestro mal, este es el corazón de nuestra
crisis: una desnaturalización del concepto del Estado, una corrupción teórica y práctica de la autoridad".
Efraín González Luna
La lucha contra la corrupción, el enriquecimiento ilícito y el uso indebido de recursos públicos sigue siendo una agenda pendiente en México. A pesar del avance alcanzado en los gobiernos de Acción Nacional, en muchos estados donde no existen contrapesos institucionales o legislativos, gobiernos y gobernantes siguen incurriendo en prácticas ilícitas con absoluta impunidad y pareciera que sólo reciben castigo por razones políticas cuando sus excesos son inocultables, innegables y escandalosos. En el ámbito federal los retos siguen siendo igual de importantes, sobre todo para impedir que muchas prácticas que empezaban a ser erradicadas regresen, y especialmente para evitar la impunidad y garantizar el cumplimiento de la ley y el castigo a los malos funcionarios y gobernantes.
Deploramos que como en toda organización humana, en nuestro partido ha habido personas que incurrieron en faltas que ofendieron a los mexicanos. Con entereza hacemos frente a esta situación y reiteramos nuestro compromiso histórico de luchar frontalmente contra la corrupción.
La corrupción es un grave lastre sistémico para la democracia, para la estabilidad económica, para el desarrollo y para la calidad de vida de los mexicanos. En los últimos años se ha acelerado un círculo vicioso: la corrupción socava a las instituciones democráticas y cuando éstas son débiles, propician más corrupción.
Para fortalecer las bases de la democracia y avanzar hacia la construcción de gobiernos abiertos, transparentes y participativos, en primer lugar proponemos incluir en nuestra plataforma, las propuestas fundamentales para crear un sistema anticorrupción que blinde el uso de recursos públicos en todos los ámbitos de gobierno. Reformas para fortalecer los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Acciones legislativas para seguir impulsando un verdadero federalismo con controles eficaces sobre la deuda y la inversión públicas.
Las plataformas legislativas que registramos cada tres años ante la autoridad electoral son la huella imborrable de nuestro paso por el gobierno. En ellas consta que la lucha contra la corrupción ha sido permanente en nuestra labor legislativa, y por lo mismo, debemos reforzar los esfuerzos por garantizar desde el Congreso el derecho de los mexicanos a la participación activa en materia de control de la gestión y uso responsable de los recursos públicos en todos los niveles de gobierno, mediante el fortalecimiento de instancias diseñadas expresamente para dicho propósito.
Considerando lo anterior, proponemos:
Iniciativa anticorrupción
Es fundamental que los distintos mecanismos, instancias y procedimientos definidos en la iniciativa para la creación del sistema anticorrupción se implementen correctamente, por lo que vigilaremos su cabal aplicación para que este sistema produzca resultados tangibles en el funcionamiento de las instituciones gubernamentales, para estimular conductas honestas y castigar actos deshonestos.
1.1 Modificar y generar la legislación necesaria para la creación e implementación por completo del Sistema Nacional Anticorrupción, en concordancia con la propuesta de reforma que, con el apoyo de importantes organizaciones de la sociedad civil, elaboramos y presentamos ante la Cámara de Diputados a principios de noviembre de 2014, con el fin de modificar los artículos 22, 73, 74, 76, 79, 109, 113, 114, 166 y 122 de la Constitución, dando un estricto seguimiento a la implementación de dicho sistema y promoviendo la participación ciudadana a partir de la denuncia de los actos de corrupción de los gobiernos.
1.2 Expedir las leyes secundarias y los distintos ordenamientos que permitan crear y cumplir con los objetivos del Consejo Nacional para la Ética Pública del Comité de Participación Ciudadana, así como de los observatorios ciudadanos que de él dependan, en los términos de autonomía y competencia expresados en la iniciativa panista, y deformados o anulados en el predictamen que el PRI impulsó en la Cámara de Diputados.
1.3 Armonizar las facultades de sanción de las contralorías municipales, estatales y federal, ampliando facultades a tribunales y aplicando todo el Sistema Anticorrupción en el ámbito local.
1.4 Reformar los artículos 108 y 111 de la Constitución para impedir que los servidores públicos puedan usar su inmunidad procesal para evadir la acción de la justicia.
Transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana
La mejor manera de garantizar el buen uso de los recursos públicos y la eficiencia del gobierno es promover la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, porque así se generan bases sólidas para que entre todos vigilemos las decisiones tomadas y su orientación al bien común. Por ello, proponemos:
1.5 Reformar la Ley de Consulta Popular con el objetivo de garantizar el pleno derecho de los ciudadanos a la realización de una consulta y de este modo evitar una interpretación limitada y regresiva de sus fundamentos legales.
1.6 Realizar las reformas necesarias para la implantación de observatorios ciudadanos que le permitan a las organizaciones de la sociedad civil y a los ciudadanos participar en el seguimiento de la gestión pública.
1.7 Promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la supervisión del gasto de los recursos públicos de los tres órdenes de gobierno.
1.8 Fortalecer los mecanismos previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en la Ley de Obras Públicas y Servicios para asegurar la transparencia y rendición de cuentas en torno al uso eficiente de los recursos destinados a la creación de infraestructura y obra pública en México.
Articular las iniciativas panistas sobre el Sistema Nacional de Fiscalización, el Sistema Nacional Anticorrupción y de Sistema Nacional de Transparencia para una mejor rendición de cuentas y disuadir efectivamente la corrupción.
Aprobar las leyes secundarias en materia de transparencia y acceso a la información pública, de protección de datos personales y de archivos, con el fin de salvaguardar la existencia, disponibilidad y acceso de la información, así como el trato adecuado de los datos personales.
1.9 Modificar el formato del informe presidencial con el propósito de que el titular del Ejecutivo conozca las opiniones de los legisladores y tenga la obligación de responderlas.
1.10 Establecer en la legislación respectiva mecanismos claros de rendición de cuentas para los entes reguladores de los distintos sectores: energético, competencia, acceso a información y protección de datos y telecomunicaciones.
1.11 Aprobar la Ley de Propaganda Gubernamental que regule el uso y el gasto en comunicación social de los tres poderes de la Unión.
Reforma del Estado y federalismo
No podemos desvincular la lucha contra la corrupción de la solidez de nuestra democracia, del ejercicio de los derechos políticos y de las libertades públicas. Los ciudadanos demandan resultados y también defienden el ejercicio efectivo de sus derechos cívicos en los distintos niveles de gobierno, en especial, en los estados y municipios donde la tentación autoritaria es una amenaza constante y al acecho.
Perfeccionar nuestra democracia y sus instituciones es una tarea constante e inacabada, especialmente si observamos la profunda desigualdad entre el desarrollo democrático de los estados y municipios. Es preciso revisar las tareas pendientes para alcanzar un federalismo que promueva mejores niveles de vida en todos los rincones del país y asumir desde el Congreso la promoción de reformas de gran alcance.
De manera especial, resulta indispensable defender los valores municipalistas de nuestra historia, que han recibido un ataque frontal con la iniciativa de reformas constitucionales presentadas por el titular del Ejecutivo. No basta rechazar la intentona de arrebatar todas las funciones de seguridad pública que actualmente son responsabilidad del municipio, para concentrarlas en los gobiernos estatales y en el federal. Es necesario, por el contrario, realizar las reformas que permitan que los municipios puedan cumplir mejor sus funciones en vez
de reducir sus facultades.
1.12 Reformar los artículos 115 y 116 constitucionales para fortalecer las capacidades institucionales de los municipios en materia de seguridad pública, y para establecer esquemas subsidiarios para que la federación y los estados contribuyan al fortalecimiento institucional de los municipios y los apoyen en el cumplimiento de todas sus funciones, sin desplazarlos y anularlos, como pretende la iniciativa de contrarreforma constitucional a los artículos 115 y 116 presentada en diciembre de 2014 por el titular del Ejecutivo.
1.13 Promover la aprobación de la Ley de Derecho de Réplica que garantice a los ciudadanos en todo el país la defensa de su honor y buena fama pública.
1.14 Ampliar los periodos de sesiones del Congreso para el uso eficaz de los tiempos legislativos.
1.15 Concretar la Reforma Política del Distrito Federal a efecto de concluir el proceso de transformación de su organización política desde una perspectiva democrática y federalista, generando equilibrio entre los órganos locales, reduciendo las facultades que ejerce el Órgano de Gobierno y estableciendo a los gobiernos delegacionales como un orden de gobierno local.
1.16 Realizar las reformas necesarias para otorgar la sindicatura del municipio al candidato que quedó como primera minoría, con el objetivo de promover la existencia de una primera instancia de fiscalización de las cuentas públicas municipales.
1.17 Reformar la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y reglamentos correspondientes para hacer un uso racional de los recursos y apoyos otorgados a las comisiones, grupos parlamentarios, y legisladores, que optimice los espacios e infraestructura asignados cada periodo legislativo, de tal manera que se eviten obras innecesarias, duplicidades de apoyos y usos dispendiosos del presupuesto asignado a las Cámaras.
Federalismo hacendario, deuda de estados y municipios
La irresponsabilidad en materia de deuda pública con la que se han conducido muchos gobiernos estatales y municipales, cobijados por la falta de la aplicación efectiva de la división de poderes en el ámbito local, implica una verdadera amenaza para la estabilidad económica del país, además de los efectos adversos que ésta tiene para el desarrollo de cada municipio y cada estado. Por eso, promoveremos:
1.18 Facultar a la Auditoría Superior de la Federación para que pueda fiscalizar las participaciones federales a los estados.
1.19 Los ciudadanos demandan resultados y también defienden el ejercicio efectivo de sus derechos cívicos en los distintos órdenes de gobierno, en especial, en los estados y municipios donde la tentación autoritaria es una amenaza constante y al acecho.
1.20 Fortalecer la gestión de los gobiernos municipales del país, mediante el incremento de sus atribuciones y responsabilidades gubernamentales, así como aumentar sus fuentes de ingresos.
Gobierno de calidad
El fin último del combate a la corrupción y de la actividad de nuestros legisladores es promover un gobierno que dé resultados, sea eficiente y mejore las oportunidades para todos los mexicanos, en especial para aquellos ciudadanos que viven en condiciones de vulnerabilidad. Es por lo tanto fundamental fortalecer la confianza en la autoridad a través de la promoción de sistemas que favorezcan la transparencia y la participación ciudadana en la gestión de los diferentes órdenes de gobierno, así como a través de una adecuada profesionalización del servicio público. Por ello, vamos a:
1.21 Fortalecer las capacidades y mecanismos de supervisión y seguimiento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en materia de apertura de datos, para garantizar mediante estándares de usabilidad y acceso en el diseño de sus portales, la disponibilidad de la información a la que tienen derecho los ciudadanos.
1.22 Reformar la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado para incorporar lo relativo a los daños y perjuicios en los bienes de los ciudadanos, por acciones de los cuerpos policiales de la Federación y de la Defensa Nacional, cuando sus actos no se ajusten a la ley o se declare la inocencia de los
inculpados.
"El Estado debe ser rector de la economía nacional; debe estimular la economía privada, suplirla allí donde
falte o sea insuficiente, pero no suplantarla ni mucho menos arruinarla a base de una competencia desleal; el
Estado no debe convertirse en industrial, ni en comerciante, ni en banquero, pues cuando tal cosa hace
abandona su misión, consistente en promover y realizar el bien común, y de paso trastorna la economía
nacional en perjuicio del pueblo".
Rafael Preciado Hernández
México lleva más de una década operando en un marco de estabilidad económica y financiera gracias a que se mantuvo una política fiscalmente responsable, a que se ha propiciado la apertura económica, a que se ha invertido razonablemente en su infraestructura y a que se ha fortalecido un sector exportador dinámico. Este marco probó ser importante para sortear la mayor crisis económica que ha experimentado la economía mundial desde 1929. No obstante, incluso antes de la crisis, el crecimiento económico durante las últimas décadas no ha permanecido a la altura de las necesidades del país para crear empleo y bienestar suficientes, y ha estado por debajo de economías del mundo con perfiles y potencial comparables. Se trata de una economía que aún refleja serias debilidades, las cuales, pese a los esfuerzos de los últimos 20 años, no han sido corregidas del todo: opacidad, instituciones débiles, legalidad cuestionada, competitividad limitada, baja productividad.
Por otra parte, pese a las reformas estructurales generadas con el liderazgo activo de Acción Nacional, el gobierno actual ha provocado nuevos riesgos al abandonar los principios básicos de responsabilidad y prudencia fiscal, presupuestal y recaudatoria que han caracterizado la política económica de las últimas décadas. En un contexto donde el crecimiento tendencial presenta síntomas de estancamiento, la reacción del gobierno, lejos de promover e incentivar los dinamismos que requiere la economía para retomar la senda del crecimiento, ha generado mayor incertidumbre y dudas sobre su capacidad para sacar adelante la agenda económica que requiere el país. Es necesario restablecer la responsabilidad fiscal y financiera, promover un marco de entendimiento y cooperación económica que devuelva la confianza en la economía nacional e identificar las condiciones y políticas nacionales para el crecimiento con empleo decente, sustentable y que genere prosperidad para todos los mexicanos.
Salario digno y economía familiar
Las enormes desigualdades en las que viven los mexicanos deben encontrar una solución en la economía misma, es decir, en un modelo económico que genere suficientes empleos formales con salarios dignos. No se trata de una condición que vaya a resultar fácil de inducir y requerirá de un verdadero acuerdo nacional cuyo fin sea identificar las condiciones estructurales e institucionales de un nuevo modelo económico que permita rencontrarnos con la ruta de un crecimiento justo, duradero y sustentable. Una de esas condiciones institucionales que debemos y podemos impulsar desde ahora es la redefinición de la política de salarios mínimos, con el fin de iniciar un proceso de reajuste de la economía que fortalezca los mercados internos y
genere mayor equidad, así como mayor bienestar a las familias. Para ello se propone:
2.1 Reformar las leyes reglamentarias del artículo 123, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la desvinculación del salario mínimo como unidad de referencia y garantizar que la fijación de éste se establezca bajo los criterios establecidos y con seguimiento del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Al mismo tiempo, se requiere que el salario mínimo se establezca sobre una línea de bienestar basada en el valor de una canasta básica que tome en cuenta los hábitos y costumbres de las familias mexicanas, que considere los cambios en la productividad, así como la capacidad de las empresas y de las unidades económicas.
2.2 Promover las reformas necesarias con el objetivo de facultar a las trabajadoras y los trabajadores para realizar retiros anticipados de fondos de ahorro de largo plazo, y con ello blindar el ingreso familiar frente a situaciones de inestabilidad económica, así como fortalecer las atribuciones en materia de control y sanción de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Comisión Nacional de Usuarios de Servicios Financieros, a fin de proteger de manera integral y expedita tanto los derechos de los consumidores como el gasto familiar.
2.3 Aprobar leyes que garanticen el cumplimiento eficaz del principio a trabajo igual, salario igual entre hombres y mujeres, para así eliminar la discriminación en la percepción del salario por cualquier otra causa ajena al desempeño productivo y profesional.
Empleo y mercado laboral
Una obligación fundamental del marco institucional en una economía justa es garantizar el establecimiento de condiciones laborales que permitan el desarrollo de empleos decentes, dignos y bien remunerados, a través de los cuales se promueva el pleno desarrollo del ser humano y el bienestar integral de las familias. En esta materia existen enormes diferencias entre sectores, regiones y tipo de unidades económicas, por lo que es importante generar condiciones institucionales favorables para establecer mínimos fundamentales que deban ser cumplidos a cabalidad por todos los agentes económicos, sin menoscabo de la viabilidad operativa de dichas unidades económicas.
2.4 Reformar diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo para dar cumplimiento a los temas que quedaron pendientes de aprobar en la reforma laboral de 2012. El objetivo general es establecer procedimientos claros y equitativos que permitan que las relaciones laborales se desarrollen en apego a los principios de justicia laboral, democracia sindical y de rendición de cuentas por parte de las dirigencias sindicales.
2.5 Reformar el artículo 123 constitucional en materia de respeto a los derechos humanos y laborales de las mujeres trabajadoras embarazadas.
2.6 Reformar diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo para fortalecer la protección y beneficios a los trabajadores, robusteciendo el Seguro de Desempleo, además de otras prestaciones vinculadas al cuidado de hijos tanto de padres como de madres.
2.7 Reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en materia de los derechos de las mujeres trabajadoras, a fin de reducir la violencia y la discriminación laboral.
2.8 Proponer reformas legales y políticas institucionales que contemplen la equidad de género y la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo remunerado y no remunerado, como horarios flexibles, derechos de paternidad y responsabilidades familiares, permisos por emergencias y economía del cuidado, entre otras.
2.9 Impulsar la ratificación del Convenio 156 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre Responsabilidades Familiares, el cual compromete al Estado mexicano a instrumentar políticas que eviten la discriminación laboral de personas con responsabilidades familiares.
2.10 Revisar la legislación para establecer mejores condiciones en los juicios laborales, reduciendo su dificultad, complejidad y demora.
2.11 Revisar la legislación para fortalecer las capacidades de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, de manera que estén menos saturadas y ofrezcan una atención oportuna y eficaz.
2.12 Homologar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado a las reformas a Ley Federal del Trabajo en materia de democracia, transparencia y rendición de cuentas de los sindicatos.
Política fiscal y presupuestaria
México debe recuperar la ruta de la responsabilidad fiscal y presupuestaria. Acción Nacional no debe permitirle al gobierno actual poner en riesgo la estabilidad económica nacional con conductas imprudentes que generan condiciones de vulnerabilidad económica y que producen riesgos evidentes frente a una potencial volatilidad externa. Ha quedado claro que la reforma fiscal del gobierno tiene efectos regresivos sobre el curso de la economía nacional, y por ello es necesario revertirlos mediante acciones que restauren la confianza de los actores económicos.
2.13 Promover iniciativas para revertir los aspectos negativos de la reforma hacendaria aprobada por los legisladores del PRI, PRD y PVEM en 2013; entre otros, restablecer la tasa diferenciada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las regiones fronterizas; restablecer el Régimen de Pequeños Contribuyentes; eliminar los topes a los rubros deducibles, especialmente para pequeñas y medianas empresas.
2.14 Reformar la Constitución para eliminar las exenciones en el pago del impuesto predial y clarificar en el artículo 115 constitucional todas las excepciones que existen en materia de inmuebles federales, con el objeto de reconocer de manera expresa mayores potestades tributarias de los órdenes locales para consolidar sus haciendas, generar estabilidad financiera y menos dependencia de los recursos federales.
2.15 Reformar el artículo 26 de la Constitución, en su Capítulo I De los Derechos y las Garantías, para que el gasto público sea una herramienta efectiva para reducir la pobreza, la marginación, la desigualdad y la vulnerabilidad, por lo cual debe enfocarse a reducir brechas de bienestar. La evaluación del gasto deberá ser un requisito para los tres órdenes de gobierno, garantizando un impacto favorable y generalizado en el bienestar de los mexicanos.
2.16 Reformar la Ley de Coordinación Fiscal con el objeto de incrementar gradualmente en el mediano plazo del 20 al 30 por ciento el Fondo General de Participaciones de Estados y Municipios.
2.17 Promover una reforma hacendaria que permita contar con una política tributaria sujeta a criterios de proporcionalidad, progresividad, equidad y justicia distributiva, que simplifique el pago de impuestos y que genere certeza jurídica y simetría fiscal para los contribuyentes.
2.18 Reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a fin de incorporar criterios de elegibilidad y seguimiento para aquellos proyectos de inversión que habrán de ejecutarse con recursos plurianuales, a fin de implementar una política de gasto redistributiva que concrete la rectoría del Estado y coadyuve al crecimiento económico sostenido.
Asimismo, impulsar reformas a la citada ley enfocadas a evitar la discrecionalidad en la asignación de recursos presupuestales e incorporar criterios de elegibilidad que fortalezcan la toma de decisiones basadas en elementos y valoraciones técnicas.
2.19 Reformar la Ley del Impuesto Sobre la Renta para ampliar las opciones de deducibilidad de personas morales correspondientes a los gastos de previsión social y educación, eliminar los topes en las deducciones que se aplican a las personas físicas y establecer en paralelo al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), la oportunidad de que los contribuyentes puedan optar por tributar bajo el antiguo Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS), a fin de estimular a la economía formal y combatir la elusión fiscal, otorgando incentivos a los contribuyentes para recabar recibos con todos los requisitos fiscales en sus operaciones cotidianas.
2.20 Reformar la Ley General de Deuda y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a fin de que el financiamiento público que solicita el Gobierno Federal sea discutido y aprobado bajo criterios técnicos y transparentes en el contexto del paquete económico.
2.21 Modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con el propósito de transparentar y regular las adecuaciones presupuestarias que realice el Ejecutivo respecto al presupuesto calendarizado y programado, acotando así el nivel de discrecionalidad del Gobierno Federal.
2.22 Redefinir de manera integral el pacto fiscal con la participación de las entidades federativas y municipios y las instituciones del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Este pacto debe tener como finalidad el equilibrio de las finanzas públicas federales y ser redistributivo, para reducir las desigualdades regionales y locales, aumentar la capacidad financiera de los municipios y atender las demandas más urgentes de los ciudadanos.
2.23 Exigir que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presente en su portal de internet y ante las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, un análisis detallado sobre la progresividad y eficiencia de los diversos gravámenes.
2.24 Contar con políticas fiscales responsables, cuya eficacia se encuentre salvaguardada a través de una legislación completa e integral.
2.25 Revisar los distintos regímenes fiscales contemplados en la Ley de Ingresos de la Federación para mejorar las condiciones de competitividad en las fronteras y evitar el crecimiento inflacionario que se genera por las excesivas cargas fiscales a los residentes y empresas, a efecto de impedir el desplazamiento de capitales que debilita la creación de empleos en perjuicio de la economía nacional.
Finanzas públicas y rendición de cuentas
Una economía próspera requiere de la obligación de los gobiernos a mantener finanzas públicas sanas y generar las certezas institucionales necesarias para los agentes económicos respecto a la conducta presupuestaria. Igualmente, los ciudadanos requieren de garantías sobre el buen uso y la responsabilidad en el ejercicio de los presupuestos públicos, especialmente en el ámbito local, donde en algunos estados y municipios todavía prevalecen conductas contrarias a estos principios fundamentales de probidad, prudencia y transparencia en el ejercicio del gasto público. Para lograrlo, proponemos:
2.26 Reformar la Constitución para establecer el desarrollo racional de proyectos de infraestructura plurianuales, a fin de garantizar certidumbre jurídica de las inversiones que permitan la conclusión de las obras de infraestructura en el plazo establecido, asegurando los recursos suficientes para que todo el proyecto se termine en tiempo y forma.
2.27 Impulsar la Ley de Disciplina Financiera de los Estados y Municipios con el objeto de que se implemente una verdadera estrategia en materia de endeudamiento con criterios objetivos, que impidan sobrepasar sus capacidades financieras y que garanticen la transparencia en el destino de los recursos. Además, que impulse prácticas de presentación pública, discusión y aprobación del endeudamiento público, a fin de contar con criterios sólidos en términos de la rentabilidad social y de su impacto para los siguientes años.
2.28 Reformar el artículo 79 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos para que la Auditoría Superior de la Federación audite la cuenta pública y los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios y el Distrito Federal, sin excepción de las participaciones federales. Esto, a más tardar, tres meses después de terminar el ejercicio fiscal.
2.29 Vigilar de manera activa y generar iniciativas que obliguen al gobierno a preservar finanzas públicas sanas, mantener la estabilidad económica, ejercer una política económica que no dispare presiones inflacionarias y mantenga abatido el déficit del sector público.
Competitividad y promoción de la inversión productiva
Las reformas constitucionales en materia de competencia y regulación de la economía nacional son un gran paso adelante para transformar de fondo las estructuras monopólicas y oligopólica que han maniatado el enorme potencial de crecimiento y desarrollo nacional. No obstante, es fundamental que la legislación secundaria y las políticas públicas materialicen de manera efectiva lo que la letra de las reformas plantea, por lo que es imperativo dar seguimiento a la conducta del gobierno en la aplicación de la ley y evitar el uso arbitrario del poder para favorecer los intereses de los agentes monopólicos, en detrimento del interés público y del bien común. Por ello, se propone:
2.30 Vigilar y defender las reformas constitucionales en materia de lucha contra los monopolios, mediante reformas a leyes secundarias para fortalecer la autonomía de los órganos reguladores y los instrumentos a su disposición, con el fin de que puedan actuar de manera efectiva y garanticen una competencia real en la economía mexicana.
2.31 Reformar la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para promover la capacitación permanente y sistemática de los empresarios medianos y pequeños, que les garantice apoyos continuos y consistentes con el ciclo de maduración de sus empresas, para darle seguimiento al impacto de los apoyos otorgados y para permitirles acceder oportunamente y en mejores condiciones a los distintos fondos de apoyo.
2.32 Reformar diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con el objeto de establecer disposiciones que simplifiquen el otorgamiento de apoyos, les permitan defenderse de prácticas monopólicas y proteccionistas, generen mayores facilidades para su incorporación a programas de proveeduría y desarrollo de agrupamientos y cadenas productivas, con el fin de fortalecer su participación competitiva en el mercado interno y desarrollar sus capacidades exportadoras.
2.33 Promover una Ley Nacional de Emprendimiento que fomente la formación de jóvenes emprendedores, con la finalidad de otorgarles apoyos, subsidios y beneficios tributarios para crear empresas y generar empleos, para la promoción de capacidades, para su capacitación, para el desarrollo de talento y para materializar iniciativas empresariales y tecnológicamente innovadoras.
Desarrollo regional
En México las desigualdades regionales siguen representando la pérdida de oportunidades que generen la dinámica de crecimiento que requerimos para ser un país más próspero y equitativo. Es fundamental que identifiquemos prácticas y mecanismos que nos permitan optimizar los apoyos y recursos de promoción a la inversión con los que cuentan los gobiernos, de tal manera que se propicien dinámicas de crecimiento regional y el desarrollo competitivo de sus empresas, así como del conjunto de agentes económicos locales, con el claro propósito de generar beneficios a sus comunidades y familias. Con base en ello, proponemos:
2.34 Reformar la Ley General de Turismo para que los tres órdenes de gobierno se coordinen y apliquen políticas públicas encaminadas a impulsar, consolidar y regular el turismo de la salud, proponer incentivos fiscales y apoyos al turismo de negocios, ecológico, de aventura, de cruceros,
convenciones, eventos, congresos y foros, a fin de impulsar la llegada de visitantes extranjeros que incrementen la derrama económica en favor del desarrollo regional.
2.35 Reformar la Ley de Instituciones de Crédito para consolidar la participación de la Banca de Desarrollo a nivel estatal y así promover el desarrollo regional.
Campo
Es fundamental que los apoyos y subsidios otorgados al campo mexicano lleguen a quien realmente los necesitan, evitando el uso indebido y el dispendio irresponsable de esos recursos. Es igualmente fundamental que los beneficios obtenidos por los productores también favorezcan de manera directa a los trabajadores del campo y a sus familias, y contribuyan a reducir las enormes e indignantes desigualdades que existen en las regiones y localidades rurales del país.
2.36 Reformar la Ley Agraria para proteger los derechos sobre la tierra de los campesinos y apoyar el desarrollo social y económico de los núcleos agrarios. Fortalecer el Registro Agrario Nacional a fin de dar certidumbre al proceso de certificación de la tenencia de la tierra ejidal y comunal.
2.37 Reformar la Ley de Desarrollo Rural para fortalecer los lineamientos y criterios de transparencia, eficiencia y otorgamiento de apoyos a productores en situación de mayor vulnerabilidad.
2.38 Reformar la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural para fortalecer las facultades de AGROASEMEX en materia de vigilancia, para mejorar el desempeño de los programas públicos a su cargo.
2.39 Reformar la Ley de Aguas Nacionales con el objetivo de mejorar los mecanismos de participación social de los usuarios del agua para una óptima gestión del recurso hídrico a nivel de cuencas, con base en principios de transparencia y rendición de cuentas.
"Frente a quienes sólo concebían los caminos de la fórmula violenta y de la substitución total, como
medios
para instaurar en México un orden fundado en el respeto a los derechos del hombre y en las exigencias de
la
justicia, Acción Nacional señaló las posibilidades de los caminos que abre el cumplimiento del deber
político y
las de la participación de todos los mexicanos en las responsabilidades del Gobierno".
Adolfo Christlieb Ibarrola
Los mexicanos aspiramos a tener un país donde prive la seguridad, se respeten y hagan cumplir los derechos humanos, y se generen entornos de convivencia que permitan desarrollarnos en comunidades libres de todo tipo de discriminación y violencia, donde se imparta justicia eficaz, pronta y expedita, y se cumplan la Constitución y las leyes, privilegiando el Estado de derecho y la soberanía popular. Sólo en una sociedad semejante puede tener primacía la persona humana.
El hecho de que para millones de mexicanos estas condiciones fundamentales de libertad, respecto a los derechos y convivencia sean aún una aspiración, nos indigna y lastima a todos. Es fundamental avanzar en la
creación de los entornos y el fortalecimiento de las instituciones que garanticen plenamente los derechos de los ciudadanos, sobre todo de aquellos que sufren de discriminación y marginación. Necesitamos promover modelos de convivencia respetuosa, tolerante y armoniosa para la vida nacional, garantizar la paz y la eliminación de toda forma de violencia en contra de las personas y las comunidades.
El PAN sustenta una visión integral y moderna de la seguridad pública, bajo la premisa de ser una función a cargo de las autoridades de la Federación, del Distrito Federal, estados y municipios, para salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
La función de seguridad pública debe comprender aspectos preventivos, punitivos y de reinserción social; ello implica que se ejerza, en los diversos ámbitos de competencia, por conducto de las instituciones policiales, del ministerio público, de las instancias encargadas de aplicar las sanciones por infracciones administrativas, de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, y de las autoridades competentes en materia de justicia para adolescentes.
Para una convivencia armónica, el énfasis de las políticas públicas en la materia debe basarse en la prevención de hechos antisociales y delictivos, con la participación de la comunidad como coadyuvante en tareas que no son exclusivas de las autoridades, como la evaluación de políticas de prevención y del desempeño de las instituciones en la materia, para apoyar la impartición de educación y capacitación en materias de prevención del delito, para difundir y generar campañas de denuncia y queja anónima ciudadana, que ayuden en la detección temprana de la criminalización, así como en la integración de observatorios ciudadanos.
En la función de la seguridad pública, pugnamos por un verdadero sistema articulado, coordinado y comunicado entre órdenes de gobierno, regido por los principios de subsidiariedad y respeto a la autonomía de estados y municipios, con instituciones profesionales en la materia, cuyos integrantes se conduzcan con absoluto respeto a los derechos humanos en el desempeño de sus funciones y cercanos a sus comunidades.
Finalmente, requerimos acelerar los cambios y producir los avances institucionales en nuestro sistema de justicia que exigen los mexicanos para erradicar la impunidad. México necesita un cambio de fondo a través de una reforma efectiva en los sistemas de policías de los tres órdenes de gobierno, en la procuración e impartición de justicia y, en general, en todo aquello que garantice el acceso de las personas a un sistema en el que se cumpla la ley, se proteja a las víctimas del delito, y se procese y castigue a los delincuentes conforme a derecho.
Bajo el orden actual, la democracia, el desarrollo humano y la prosperidad en condiciones de mayor equidad social están gravemente amenazadas en nuestro país por la ausencia de un efectivo imperio de la ley que permita la convivencia armónica de los mexicanos. Por lo anterior, tres son los grandes objetivos humanistas que integran un panorama de imperativos nacionales en materia de justicia y convivencia nacional:
I. El impostergable objetivo de recuperar la paz para la convivencia en todas sus formas y dar un sentido de verdadera seguridad a las familias y a las personas, en su integridad física y en su patrimonio.
II. El imperativo de que los derechos humanos de todas y todos sean verdaderamente cumplidos y respetados, y en su caso, que las personas cuenten con los recursos para defenderse y para obligar al Estado a respetarlos, así como para que les sean resarcidos los daños que los actos u omisiones del Estado les generen.
III. La necesidad de lograr una procuración e impartición de justicia que responda a los niveles alarmantes de impunidad que vive nuestra sociedad.
Derechos y libertades
Los derechos fundamentales de los mexicanos deben ser ejercitables en todo momento y no pueden estar sujetos a la discrecionalidad y arbitrariedad de las autoridades o de terceros, como tampoco pueden estar condicionados por omisiones en la acción oportuna y expedita de quienes están responsabilizados de hacerlos valer. En ocasiones, que lamentablemente no son pocas, son las mismas autoridades quienes carecen de la cultura de la legalidad necesaria para respetar e identificar claramente los derechos que están afectando, dejando en un estado de indefensión a quienes aspiran a ejercer sus legítimos derechos.
México aún padece de prácticas inaceptables de violaciones a los derechos humanos, las cuales se
agravan en contextos donde la marginación y el clima de violencia generado por el actuar del crimen organizado impide el ejercicio pleno de la acción del Estado. La desaparición forzada de personas, la tortura, los homicidios múltiples que nunca son juzgados, entre otros, son claros indicios de una situación inadmisible que no puede seguir siendo ignorada, aunque el gobierno pretenda ocultar y minimizar su presencia en la vida nacional.
Es fundamental avanzar en el fortalecimiento de las instituciones, el Estado de derecho y la cultura de la legalidad. Durante los gobiernos de Acción Nacional, a la vez que se enfrentó sin miramientos al crimen organizado, se avanzó en la implantación de los sistemas y modelos que facilitarían el acceso a la justicia y a la defensa cabal de los derechos. Ese cambio institucional no ha recibido en este gobierno la atención y cuidado que eran necesarios para acelerar y fortalecer su implantación. Para Acción Nacional es fundamental recobrar el ritmo y acelerar la marcha para empezar a ver los frutos de las reformas y cambios introducidos cuando fuimos gobierno.
Considerando lo anterior, proponemos:
3.1 Reformar el artículo 1o. de la Constitución para que ésta reconozca la dignidad de los seres humanos, la plena igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, así como los derechos y garantías de los mexicanos como naturales y anteriores al orden jurídico. Éstos deberán ser respetados por el Estado en cualquier circunstancia, aun cuando no estén contemplados explícitamente en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos.
3.2 Reformar el artículo 1o. de la Constitución para garantizar los derechos humanos y en caso de violación de los mismos, la reparación oportuna por parte del Estado mexicano.
3.3 Reformar el artículo 2o. de la Constitución para garantizar el derecho a la vida de todos los mexicanos desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, de tal suerte que el Estado mexicano se obligue a proteger la vida por todos los medios a su alcance.
3.4 Adicionar el artículo 102, apartado B, de la Constitución para dotar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la facultad de citar a comparecer a los titulares del poder ejecutivo a nivel estatal cuando se presenten violaciones graves a los derechos humanos.
3.5 Reformar la Constitución para dotar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la facultad de atracción, ya sea por oficio o a petición de parte, en los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades estatales.
3.6 Eliminar la prohibición constitucional que impide a las comisiones de derechos humanos pronunciarse sobre violaciones del Poder Judicial de la Federación, permitiendo que emita recomendaciones generales sin pronunciarse sobre casos específicos.
3.7 Modificar la Constitución y la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para establecer visitadurías adjuntas en los centros de reclusión, para prevenir y atender de manera oportuna violaciones a derechos humanos de víctimas e inculpados. En este mismo sentido, se obligará a las comisiones estatales a establecer visitadurías adjuntas en los centros de reclusión estatales.
3.8 Reformar el artículo 2o. de la Constitución para que los organismos de derechos humanos puedan sancionar a aquellos servidores públicos que no acaten sus recomendaciones.
3.9 Reformar el artículo 16 de la Constitución para regular la figura del arraigo bajo los estándares de protección de los derechos humanos y del debido proceso.
3.10 Reformar los artículos 19, segundo párrafo; 20, apartado B, fracciones III y V; apartado C, fracción V; 29, segundo párrafo y 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución para otorgar al Congreso de la Unión la facultad para emitir una Ley General contra la Desaparición Forzada de Personas, de acuerdo con la iniciativa presentada en el Senado de la República en noviembre del 2014.
Sistema de procuración de justicia
Si bien es cierto que en materia federal los avances en los sistemas de procuración e impartición de justicia han sido sustanciales, su implementación y homologación en los estados sigue rezagada y es desigual en cuanto a su cabal implementación. Aun reconociendo la reforma al sistema penal como modelo de
referencia respecto a los avances en la materia, es evidente que existe una necesidad imperiosa de fortalecer instituciones, racionalizar los esfuerzos y generar intervenciones que aceleren los procesos de cambio y le garanticen a los mexicanos el acceso a la justicia.
3.11 Reformar el artículo 21 de la Constitución para establecer que el Estado mexicano reconozca la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en términos de lo dispuesto en el Estatuto de Roma.
3.12 Establecer las bases constitucionales y legales para la creación de una Ley General de Procuración de Justicia, que establezca estándares para el fuero común y federal, y se logre:
o Implantar un Sistema universal de recepción de denuncias, independientemente del fuero y especialidad, para fortalecer la cultura de la denuncia.
o Homologar el salario y la capacitación de fiscales, agentes del ministerio público y peritos, con funcionarios equiparables del Poder Judicial de la Federación, para reducir el número de averiguaciones previas con deficiencias desde su integración.
o Incrementar el número de fiscalías en proporción a la incidencia delictiva.
o Establecer mecanismos de participación de víctimas en la procuración de justicia, permitiendo el acceso al expediente a fin de colaborar con el análisis de las pruebas y facilitar el esclarecimiento de la verdad de los hechos.
o Crear mecanismos para que los ciudadanos colaboren en la observancia del trabajo objetivo de los ministerios públicos.
o Establecer un sistema de coordinación entre ministerios públicos federales, agencias de ministerios del fuero común y síndicos procuradores para construir fuentes avanzadas de información sobre el delito, y para desarrollar sinergias institucionales entre los diferentes niveles del ministerio público.
o Facilitar la adquisición, préstamo e intercambio de tecnología entre policías y procuradurías, para la óptima investigación de los delitos.
Sistema de impartición de justicia
Debemos avanzar de manera decidida hacia la construcción de un sistema integral de instituciones que permita el acceso de todos a la justicia. Se trata no sólo de un sistema en el que los jueces puedan ejercer un poder real más allá de la influencia de cualquier poder fáctico, sino un sistema en el que se van proveyendo los elementos técnicos de procedimiento e información para aumentar significativamente las capacidades del sistema de justicia.
3.13 Reformar el artículo 22 de la Constitución para que la extinción de dominio sólo proceda en caso de enriquecimiento ilícito.
3.14 Reformar el artículo 100 de la Constitución para establecer que los requisitos para poder ser designado Consejero de la Judicatura Federal, sean los mismos que para ser designado Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3.15 Reformar el artículo 104 de la Constitución para establecer la competencia exclusiva de los tribunales federales en controversias en materia mercantil cuando estén involucradas instituciones de crédito.
3.16 Modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para hacer efectiva la rotación de los jueces en el poder judicial, con el objeto de evitar lazos de complicidad y corrupción.
Sistema de justicia penal
La reforma del sistema penal en México es una de las reformas más profundas e importantes para la vida nacional, y uno de los legados más importantes de las administraciones panistas. No obstante, el avance en su implementación es muy desigual desde la perspectiva regional, pero también en cuanto a los diferentes aspectos que tienen que funcionar de manera armónica para su cabal implementación.
Por lo anterior, debemos promover medios e incentivos para impulsar y vigilar la implementación plena de la reforma penal acusatoria, poniendo especial énfasis en que los gobiernos y congresos locales realicen las
modificaciones a sus legislaciones para la completa adaptación de la reforma, y que aceleren la implantación de las debidas prácticas, procesos e instancias necesarias que permitan a los ciudadanos acceder en el menor tiempo posible a los beneficios que representa el nuevo sistema.
3.17 Es necesario que el Sistema de Atención a Víctimas mejore sustancialmente para poder resarcir a las víctimas de manera adecuada y expedita. Es necesario crear nuevos centros de atención y fortalecer el marco legal para que este sistema funcione correctamente y para implantar procedimientos más ágiles y humanos que permitan atender debidamente y garantizar el pleno derecho de las víctimas del delito.
3.18 Promover las iniciativas para resolver los problemas de implementación del sistema penal oral acusatorio que ya son evidentes en algunos estados. Lo anterior con el ánimo de fortalecer este sistema y que muestre con ello los avances necesarios para su cabal implementación en el año 2016.
3.19 Introducir reformas para perfeccionar y hacer cumplir la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
Sistema nacional de policías
Los avances en la profesionalización y certificación de las policías continúan con un inadmisible rezago que afecta seriamente la capacidad del Estado para enfrentar a los delincuentes, especialmente al crimen organizado, y no permite generar cambios visibles para garantizar la seguridad de los mexicanos. Es fundamental actuar legislativamente para acelerar los mecanismos y procesos necesarios para contar con policías confiables y capaces.
Pese a la gravedad que implica el deterioro de las policías en localidades donde el crimen organizado las ha cooptado mediante la corrupción y la amenaza, es inadmisible el intento del gobierno por suprimir permanentemente las policías municipales bajo ese pretexto. Por el contrario, es fundamental realizar los esfuerzos para rehabilitar el tejido institucional de los poderes locales, fortalecer sus capacidades para enfrentar a los criminales y garantizar la cercanía y participación activa de los ciudadanos para el restablecimiento de la confianza en las instituciones del Estado.
Cuando sea necesaria la intervención de la Federación, debe quedar claro que no se pueden abrogar los derechos y facultades fundamentales de los municipios y los poderes locales, sino sólo intervenir de manera transitoria y subsidiaria, con el objetivo expreso de fortalecer y restituirle sus capacidades básicas de proteger la integridad personal, la propiedad y las libertades necesarias para el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos.
Por ello, proponemos:
3.20 Promover las reformas necesarias para consolidar un nuevo Sistema de Policía Nacional, basado en una sola instancia nacional con atribuciones de control, seguimiento y en caso de ser necesario, y de acuerdo con la ley, de intervención operativa, que en todos los casos deberá realizarse de manera subsidiaria y temporal, y sólo cuando las policías locales fallen en su encargo de velar por la paz y la seguridad de los ciudadanos. Esta instancia será directamente responsable de la homologación operacional, de la profesionalización y el establecimiento de los controles de confianza, del reclutamiento adecuado, de la formación, entrenamiento y supervisión de todos los elementos de seguridad pública, y fungirá como órgano de certificación y soporte institucional y subsidiario de todas las policías municipales y estatales.
3.21 Realizar las reformas necesarias para redefinir y hacer efectivo el mando único como mecanismo subsidiario que respete las atribuciones constitucionales de los municipios en materia de seguridad. Las reformas deberán contemplar mecanismos institucionales para fortalecer las capacidades de los municipios. La intervención directa y exclusiva de las autoridades estatales en la seguridad pública de los municipios se realizará sólo en aquellos municipios que carezcan de los recursos y capacidades para proveer el servicio de seguridad pública.
"Es incierto el futuro de un país donde la pobreza se extiende y se agudiza. Cuarenta millones de
mexicanos
que viven con grandes carencias deben constituir el punto de referencia para toda tarea política, porque
nada justifica postergar para ellos la posibilidad cierta y real de una vida digna".
Diego Fernández de Cevallos
Los gobiernos de Acción Nacional alcanzaron logros notables en materia de bienestar para los mexicanos, a pesar de la recesión económica mundial de 2009 y de las limitaciones impuestas por la mezquindad priísta que impidió la aprobación de las reformas estructurales que el PAN impulsó. Ahora, debemos seguir avanzando especialmente frente a los retos que implica alcanzar la seguridad universal que supone la plena cobertura de las poblaciones más vulnerables: niños, adultos mayores, madres solteras, indígenas, trabajadores y familias en condiciones de alta vulnerabilidad y riesgo.
Como gobierno logramos avances sin precedentes en materia de salud, vivienda, calidad de vida y abatimiento de la pobreza extrema, gracias a que forjamos un círculo virtuoso que comenzó con políticas públicas eficientes, transparentes y responsables, para generar crecimiento económico y que, al mismo tiempo, se tradujo en programas sociales que redistribuyeron la riqueza, fomentaron el desarrollo integral de la persona y procuraron justicia social en un ambiente de solidaridad y subsidiariedad para lograr el bien común. Avanzamos en promover una idea del desarrollo social centrada en promover una sociedad más igualitaria y equitativa cuyo elemento distinto fuera el respeto a la dignidad de las personas.
Ante un México donde aún persiste la pobreza, en donde los gobiernos anteriores sólo buscaron callar con clientelismos las voces que demandaban justicia social, en doce años, Acción Nacional ofreció a las familias mexicanas acciones que ponían por encima de todo la dignidad de la persona humana y que realmente combatieran la pobreza, dándoles más oportunidades de desarrollo. Uno de los mayores aciertos de los gobiernos panistas fue blindar la estrategia de combate a la pobreza y la política social en general de los fines electorales; esto se vio reflejado en la creación de instituciones como el CONEVAL, que por medio de criterios académicos rigurosos y transparentes ha evaluado los alcances, limitaciones y logros de los diferentes programas. Es por ello que debe de seguirse insistiendo en una cultura de evaluación y focalización que permita optimizar los recursos destinados a programas sociales, así como su efectividad.
Construimos un México más justo, con políticas sociales integrales y de largo alcance como Oportunidades o Apoyo familiar, que fueron el soporte de casi 6 millones de familias que viven en pobreza y que se sabían protegidas por la acción subsidiaria y solidaria de su gobierno.
En las administraciones federales de Acción Nacional empoderamos a la mujer desde su niñez al reducir la brecha de género en la educación y beneficiándola con el Programa Oportunidades. También contribuimos a reducir la brecha étnica, porque las niñas indígenas que eran beneficiarias de Oportunidades tenían casi un año más de escolaridad que las que no eran beneficiarias del programa.
Construimos las bases para un sistema de salud universal, con el fin de tener mexicanos más sanos gracias a la creación del Seguro Popular, para que el nivel de vida de los ciudadanos mejore día con día y su salud no sea un freno para su desarrollo.
Contando con estos logros alcanzados, en Acción Nacional renovamos nuestra convicción para seguir trabajando en la construcción de un país más justo, que le brinde igualdad de oportunidades a las y los
mexicanos, y que en cada etapa de su vida les garantice acceso a la seguridad social universal y a la plena cobertura de las poblaciones más vulnerables: niños, adultos mayores, madres solteras, indígenas, trabajadores y familias en condiciones de alta precariedad y riesgo. También es imperativo que se siga garantizando la aplicación de programas sociales que, en vez de generar dependencia, le brinden a cada mexicana y mexicano los elementos necesarios para alcanzar su pleno desarrollo.
Combate a la pobreza y desarrollo humano
El 52% de la población mexicana se encuentra en situación de pobreza y no cuenta con los elementos necesarios para lograr su pleno desarrollo. Además, la desigualdad en México se percibe en que los hogares que más ganan, lo hacen 78 veces más que en las viviendas que menos ingreso reciben, teniendo como consecuencia que más del 35% de la población se endeude para cubrir sus necesidades básicas.
Ante esta realidad, en Acción Nacional refrendamos nuestro compromiso con las familias mexicanas para seguir construyendo un México más justo y con igualdad de oportunidades para todos, en el que las políticas públicas para combatir la pobreza sean incluyentes, responsables y lleguen de manera efectiva, transparente y solidaria a quienes más lo necesiten.
Por ello, para redistribuir la riqueza, generar capital humano y combatir la pobreza, proponemos:
Familias mexicanas con desarrollo integral
4.1 Reformar el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que el Estado y la sociedad protejan la organización y el desarrollo de la familia como elemento fundamental de la sociedad.
4.2 Adicionar el artículo 73 de la Constitución a efecto de facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia de adopción de forma concurrente, lo que permitirá armonizar las diversas disposiciones normativas en la materia, permitiendo así la uniformidad y la homologación de legislaciones, criterios técnicos y administrativos a nivel nacional.
4.3 Presentar una iniciativa sobre Paternidad Responsable que incluya el Registro Público Nacional de Deudores de Pensión Alimentaria; que fomente una paternidad afectiva y responsable que impulse una mayor participación de los hombres en el ámbito familiar desde la gestación, la crianza y el desarrollo, hasta la educación de las hijas e hijos.
4.4 Reformar la Ley de Asistencia Social para facultar al Sistema Nacional DIF como un órgano generador de políticas públicas transversales que promuevan el fortalecimiento integral de la familia.
Combate a la pobreza
4.5 Reformar la Ley del CONEVAL con el objetivo de facultarlo para evaluar las políticas y los programas sociales estatales y municipales, a efecto de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y tener un conocimiento riguroso de sus alcances e impacto.
4.6 Proponer una iniciativa de Ley para Garantizar el Derecho a la Alimentación, tal como lo recomiendan los acuerdos y organismos internacionales, a fin de generar un impacto positivo en la promoción del acceso al derecho a la alimentación en nuestro país.
4.7 Reformar a la Ley de Coordinación Fiscal para dotar al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de mecanismos de evaluación, que consideren criterios de pobreza y desigualdad a efecto de eliminar las inequidades que genera la fórmula vigente de distribución de recursos hacia estados y municipios.
4.8 Reformar la Ley General de Desarrollo Social a fin de establecer mecanismos de control para la adecuada focalización de los programas sociales, con la finalidad de que no se conviertan en instrumentos de clientela política.
Seguridad social y salud universal
Reconociendo la importancia que tiene el bienestar para el pleno desarrollo de las familias mexicanas, los gobiernos de Acción Nacional sentaron las bases para lograr la cobertura universal de salud, consiguiendo
que de 2000 a 2010 la población con acceso a servicios de salud subiera de 39 a 72.5 millones de personas, gracias, entre otras acciones, a la creación del Seguro Popular, que para 2010 cubría a alrededor de 42 millones de mexicanos.
Estos logros fueron posibles debido a políticas públicas panistas con visión de largo plazo, así como a finanzas públicas sanas y responsables para sanear los sistemas de salud en México. Sin embargo, a pesar de los logros antes mencionados y de que millones de familias mexicanas se han visto beneficiadas con programas de seguridad social implementados por el PAN, el rezago de años anteriores fue difícil de eliminar, por lo que todavía es necesario seguir trabajando para terminar el saneamiento de los sistemas de salud, para hacerlos sostenibles y refrendar una política de largo plazo que también coadyuve a mejorar la atención, la cobertura y los servicios que se les presta a los usuarios.
Del mismo modo, debemos trabajar para dar respuesta a retos urgentes que, de no actuar con prontitud, afectarán a millones de mexicanas y mexicanos en un futuro cercano, principalmente porque vivimos una transición epidemiológica que se caracteriza por el predominio de las enfermedades crónicas cuya atención médica, a causa del cambio en la distribución de la población por edades, se ha vuelto más costosa y ha mermado las finanzas de las instituciones.
Además de la sostenibilidad, la cobertura y la calidad de los servicios en los sistemas de salud, también debemos continuar los esfuerzos para mejorar el sistema de pensiones y garantizar una vida plena para los jubilados y adultos mayores, porque cinco de cada diez mexicanas o mexicanos no sabe de qué va a vivir en la vejez. Así, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) debe garantizar que el ahorro de los trabajadores mexicanos sea administrado de forma eficiente, con los mayores rendimientos y cuidando el nivel de riesgo en las inversiones de los fondos para el retiro.
De este modo, en Acción Nacional hacemos las siguientes propuestas con la finalidad de brindarle a las y los mexicanos servicios de salud de calidad, lograr la cobertura universal y garantizar que las pensiones representen la tranquilidad de los pensionados en vez de una preocupación:
Servicios de salud de calidad
4.9 Reformar la Ley General de Salud y las distintas leyes de seguridad social para garantizar que la cobertura de los servicios de salud sea universal, que se puedan recibir en cualquier establecimiento de atención médica de los diferentes sistemas, y los mecanismos para que estos servicios converjan en estándares de calidad homogéneos.
4.10 Reformar la Ley General de Salud para establecer el Consejo Nacional contra la Obesidad y las Enfermedades Metabólicas.
4.11 Reformar la Ley General de Salud para fortalecer mecanismos de prevención y atención de las enfermedades mentales.
4.12 Reformar la Ley General de Salud para facilitar un esquema de coordinación y de alianzas público-privadas con la industria farmacéutica, para mejorar la provisión de medicamentos en todas las regiones del país y el abasto suficiente de material de curación en las unidades de atención.
Seguridad social incluyente
4.13 Promover un marco legal en materia de seguridad social universal a través del cual se garantice una vida digna a las y los mexicanos, y que al mismo tiempo privilegie finanzas públicas sanas y responsables con una perspectiva de largo plazo.
4.14 Reformar la Ley General de Salud para ampliar los objetivos del Sistema Nacional de Protección Social en Salud, para que a través de éste también se proporcione un esquema de financiamiento bipartita para la obtención de una pensión de retiro para los 28.6 millones de trabajadores independientes, así como seguros de viudez y orfandad para sus dependientes económicos, entre otros posibles beneficios relacionados con la seguridad social.
4.15 Presentar una iniciativa para expedir para Ley del Seguro Nacional de Desempleo.
4.16 Introducir las reformas necesaria a las distintas leyes de seguridad social correspondientes para generar la protección social integral de los jornaleros agrícolas y sus familias.
Grupos vulnerables
En Acción Nacional comprendemos que la situación de vulnerabilidad de las mexicanas y los mexicanos lastima a sus familias y nos debilita como nación, por ello, reconocemos que es necesario atender a las poblaciones vulnerables o que necesitan un apoyo extra para salir adelante, tomando en cuenta las distintas etapas de la persona, desde su gestión hasta su muerte natural, para que así tengan una vida plena y con acceso equitativo e incluyente a oportunidades desarrollo.
En el caso de la niñez mexicana, vemos con preocupación que sólo el 12% de la población infantil recibe plenamente servicios públicos, 16% de los niños menores de 5 años vive en condiciones de hacinamiento, 38% de los niños menores de 2 años tiene anemia, 13.6% de los niños menores de cinco años presenta desnutrición crónica y el 56% de los niños menores de 5 años vive en pobreza. Cada dos días muere por homicidio/maltrato infantil un niño menor de 4 años y más del 20% de los niños que asiste a preescolar en zonas marginadas no adquiere habilidades básicas de lenguaje y pensamiento matemático.
Sin embargo, el escenario no es más alentador con poblaciones adultas, porque en el caso de las comunidades indígenas, vemos que por cada 100 personas que son hablantes de lenguas indígenas, hay 97 que son pobres o vulnerables por alguna de las carencias sociales. Por otro lado, con los adultos en plenitud, en 2013 el porcentaje de personas mayores a los 60 años en situación de pobreza y que presentan carencia por acceso a los servicios de salud, representó el 20.9% de la población.
Al tener esta perspectiva de largo plazo y de acuerdo con las etapas de la vida, en Acción Nacional sabemos que hay un amplio espectro poblacional, de diversas características y necesidades específicas, a quienes nos tenemos que dirigir tomando en cuenta a la infancia, a las mujeres, a los adultos mayores, a las personas con cualquier tipo de discapacidad y hasta a la población migrante, ya que por su condición de pobreza o movilidad se encuentra en situación de vulnerabilidad.
Por ello es que trabajaremos para lograr las siguientes propuestas:
Niñas y niños
4.17 Presentar una iniciativa de Ley de adopción que incluya mecanismos para unificar los criterios en las legislaciones locales, acortando así los tiempos en el procedimiento y medidas de coordinación entre todas las instancias relacionadas con la materia.
4.18 Reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el objeto de promover la implementación del modelo de Centros Incluyentes de Atención Integral para niñas, niños y jóvenes con todo tipo y grado de discapacidad.
4.19 Reformar la Ley Federal del Trabajo para elevar las sanciones a las personas que violen las disposiciones en materia de trabajo infantil, de acuerdo con lo ratificado en los convenios internacionales.
4.20 Reformar la Ley Federal del Trabajo para prohibir el despido de una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambiar de estado civil o por tener que ausentarse del trabajo para el cuidado de hijas e hijos que aún no hayan cumplido 18 años.
4.21 Promover la creación de la Ley de Combate a la Violencia Infantil y Juvenil, que defina el marco para la prevención, erradicación de prácticas violentas, para la intervención de las autoridades y para las sanciones en caso de omisión. Una ley que establezca la obligación de las autoridades al desarrollo de campañas educativas y publicitarias dentro de las escuelas para prevenir la violencia juvenil, así como la obligación de dar seguimiento y generar información sobre este fenómeno social.
Jóvenes
4.22 Impulsar la aprobación de la Minuta que reforma al artículo 4o. de nuestra Constitución, que establece el derecho de la juventud al desarrollo integral, con el objetivo de alcanzar la protección efectiva de las garantías reconocidas en la Carta Magna.
4.23 Proponer diversas alternativas dentro de la Ley del Servicio Militar para que los jóvenes puedan optar también por un servicio cívico, social y comunitario, preferentemente en zonas marginadas.
4.24 Reformar la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud para incluir entre las atribuciones del Instituto, la posibilidad de impulsar la conformación y operación del Sistema Nacional de Información y Consulta que comprenda, entre otras cosas, la incorporación y homologación de criterios de juventud en los distintos sistemas nacionales de estadística y el diseño de criterios cualitativos que permitan evaluar tanto el nivel de bienestar de la juventud, como el grado de cumplimiento de sus derechos.
4.25 Fomentar la cultura del ahorro entre los jóvenes mediante la adecuación de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, con el objetivo de mejorar los esquemas que apoyen a los jóvenes ahorradores con créditos accesibles para la adquisición de una primera vivienda, para integrar una empresa y para acceder a créditos educativos con tasas bajas de interés.
Equidad de género
4.26 Reformar el apartado "A" del artículo 123 constitucional para establecer el derecho al servicio de guarderías para las mujeres y los hombres trabajadores por igual.
4.27 Reformar la Ley General del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica para considerar a la violencia contra la mujer como información de interés nacional.
4.28 Promover estímulos fiscales a las empresas que contraten mujeres para desempeñar tareas mediante esquemas de teletrabajo, especialmente las que requieran atender a familiares en sus hogares.
Personas con discapacidad
4.29 Reformar el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objetivo de establecer que el Estado promueva los medios para el tratamiento, rehabilitación e integración al desarrollo en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad.
4.30 Reformar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad con el fin de promover la creación de instituciones y escuelas especializadas en apoyar a las personas con algún grado de discapacidad, que permita su inclusión y apoye su rehabilitación.
4.31 Reformar el marco jurídico para incorporar garantías de accesibilidad universal a espacios físicos, servicios públicos, medios de transporte, medios de comunicación y tecnologías de la información, para que los jóvenes con alguna discapacidad se incorporen y participen en la vida económica, social, política y cultural.
4.32 Legislar para sentar las bases de un Programa de Estancias para personas con alguna discapacidad.
Comunidades indígenas
4.33 Reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que cada instancia de gobierno asuma su responsabilidad respecto al desarrollo de la población indígena, conforme al sentido del artículo 2o. constitucional.
4.34 Reformar el marco legal para asegurar el pago de servicios ambientales a las comunidades indígenas que se encuentran en el bosque.
4.35 Reformar el marco legal para fortalecer los servicios educativos en las comunidades indígenas a través de programas de educación media superior y superior para jóvenes indígenas, con programas especiales de educación intercultural bilinge, de alfabetización y en especial de
capacitación productiva y tecnológica.
4.36 Modificar la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que asuma gradualmente una función reguladora y vigilante del respeto a los derechos de los indígenas, con el fin de que quede convertida en un órgano de investigación, estudio, propuesta, consulta y difusión que genere criterios para el desarrollo.
Migrantes
4.37 Legislar para que los recursos destinados a proteger a la población migrante en territorio mexicano se ejerzan de manera responsable y se vinculen principalmente al servicio de la persona, para así dar la garantía a nuestros connacionales de que en su regreso a México, sea voluntario o por repatriación, las dependencias del Gobierno Federal los atenderán de manera digna, viendo por su bienestar físico y psicológico.
4.38 Incluir sanciones en la legislación del sistema financiero mexicano a quienes alteren el monto de las remesas abusando en el tipo de cambio que ofrecen a los que reciben el dinero.
4.39 Legislar para que quienes reciben una cantidad comprobable y estable de remesas de forma periódica y tengan necesidad de comprobar ingresos, puedan optar para que éstas cuenten como comprobante de los mismos sin que implique responsabilidad impositiva.
Adultos mayores
4.40 Adicionar la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal para que esta entidad promueva, coordine y supervise un sistema nacional de hipotecas inversas o reversibles, con objeto de que los adultos mayores tengan una opción para rentabilizar su patrimonio inmobiliario.
4.41 Reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para fortalecer los mecanismos de atención jurídica, salud y asistencia, así como crear los mecanismos que sancionen el abandono, discriminación y violencia contra los adultos mayores.
"Resolver el problema de la educación en México no es solamente proporcionar a todos los mexicanos
elementos materiales para que puedan aprender a desempeñar un trabajo, un oficio o una profesión con la
que ganarse la vida. Resolver este problema requiere además mantener una conciencia de la comunidad
nacional, que puede hacer especialmente fecunda la convivencia y próspero al país".
Adolfo Christlieb Ibarrola
Una nación próspera requiere del esfuerzo y talento creativo de todos los mexicanos. Los rezagos en materia de cobertura, calidad e infraestructura en todos los niveles de enseñanza y desarrollo de conocimiento siguen siendo una asignatura pendiente para el Gobierno Federal y para los gobiernos estatales.
Durante las administraciones panistas se sentaron las bases para la reforma educativa que formó parte sustancial del Pacto por México: alcanzar el 100% de la cobertura en educación básica, duplicar la infraestructura en educación media superior, alcanzar una cobertura sin precedentes en materia de becas en todos los niveles y lograr importantes acuerdos en materia de evaluación de la calidad y mejora curricular
fueron logros que marcaron el camino a seguir. No obstante, la realidad de la educación y de la producción de conocimiento en México dista enormemente de lo que sería necesario para alcanzar los objetivos de desarrollo material y espiritual de la nación.
Aunque la reforma educativa de 2013 consagró en la constitución demandas históricas de Acción Nacional y políticas aplicadas por nuestros gobiernos, sigue siendo prioritario redoblar esfuerzos y defender una reforma que el gobierno priísta no ha sabido ejecutar a cabalidad.
Desde hace 11 años Acción Nacional hizo énfasis en la necesidad de un enfoque más integral para la educación de la población en edad escolar, así como para la población adulta. Por lo mismo, hemos impulsado leyes y programas para el desarrollo de habilidades y aptitudes relacionadas con el liderazgo, la tolerancia, la creatividad y el espíritu emprendedor. En este sentido, hemos sido congruentes con nuestra idea de promover el desarrollo humano sobre la base de valores centrados en el desarrollo integral de la persona. Es fundamental que no se dé marcha atrás a las reformas e instituciones que promovimos para alcanzar este importante objetivo.
La educación en valores es un tema que debe tocar transversalmente todas las políticas públicas en materia de desarrollo de capacidades y de conocimientos. Por ello ha sido vital continuar nuestra lucha para que desde la Ley General de Educación se integre en todos los niveles y ámbitos del sistema educativo nacional, la formación en valores cívicos y éticos como instrumento esencial para la transformación integral de la sociedad mexicana, que promueva la tolerancia y el combate a la discriminación, la cultura de la legalidad, el conocimiento profundo de los derechos fundamentales y el desarrollo de las capacidades para que las personas puedan garantizar su pleno ejercicio.
La educación superior y la investigación científica y tecnológica deben de ir de la mano en cuanto a la generación de capacidades nacionales en materia de conocimiento. En ambas materias es fundamental avanzar hacia un acuerdo nacional que nos permita introducir una reforma de fondo orientada claramente a elevar el desempeño nacional en producción de ciencia básica, aplicada y para la innovación, así como para la formación de cuadros profesionales, técnicos y científicos al más alto nivel, especialmente bajo esquemas que respondan a la demanda efectiva y potencial de las industrias y servicios intensivos en conocimiento y de los centros de investigación aplicada y avanzada. Es fundamental que se definan acciones prioritarias nacionales más allá de las declaraciones programáticas y las buenas intenciones, por lo que será necesario generar una instancia independiente que le dé seguimiento puntual a esta política, que evalúe la efectividad y eficiencia de las acciones emprendidas, y que emita recomendaciones para su mejora continua.
La distribución desigual en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación es una condición que está contribuyendo a ampliar las brechas sociales y económicas existentes. Significa una pérdida de oportunidades para el desarrollo de las personas y para la construcción del bien común. Durante los gobiernos de Acción Nacional, México fue uno de los países que se sumó de manera decidida a impulsar las mejores prácticas globales en materia de sociedad de la información. Ya en la oposición, nuestro Partido asumió el liderazgo para la aprobación de la reforma estructural en el marco regulatorio de las telecomunicaciones. No obstante, es evidente que sin las acciones gubernamentales y el soporte de un marco legislativo proactivo que demuestren en los hechos un compromiso real con la letra de la Constitución, el país no podrá avanzar en reducir la brecha digital y abatir la pobreza digital en la que vive gran parte de las poblaciones más desfavorecida del país.
Educación
Los rezagos educativos en materia de cobertura, calidad e igualdad de acceso deben ser resueltos mediante una intervención planeada y decisiva del Estado que genere las condiciones necesarias para su resolución definitiva en un horizonte razonable de tiempo, y que debe incluir la participación activa de todos los actores del sistema, incluyendo maestros, padres de familia, estudiantes, sectores productivos y los tres
órdenes de gobierno. Es fundamental que los propósitos establecidos en la reforma educativa se cumplan a cabalidad, por lo que vigilaremos de manera cercana la implementación de los mecanismos establecidos y, en caso de omisión y falta de observancia, propondremos mecanismos correctivos en el marco de las facultades propias del Congreso de la Unión.
5.1 Reformar los artículos 5o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de facultar al Congreso de la Unión para establecer las disposiciones que permitan normar adecuadamente el ejercicio profesional y la colegiación, así como la certificación profesional obligatoria, a efecto de garantizar que los servicios profesionales sean otorgados bajo estándares de calidad y en consonancia con las normas éticas aplicables en beneficio de los usuarios.
5.2 Modificar el artículo 3o. de la Constitución para regular las atribuciones de la Secretaría de Educación sobre la definición de los contenidos, planes y programas de la educación básica y normal, garantizando de esta manera el ejercicio de la libertad académica y del derecho de los padres de familia a participar en la educación de sus hijos.
5.3 Integrar y aprobar una Ley General para la Educación Media Superior que permita materializar la obligatoriedad y el acceso a la educación media superior de toda la población escolar, que reduzca la deserción en ese nivel educativo, avance en la consolidación de un sistema nacional de bachillerato, permita la movilidad entre modelos educativos y cuente con esquemas flexibles para garantizar la cobertura sin sacrificar la calidad.
5.4 Trasformar la Ley para la Coordinación de la Educación Superior en una Ley General de Educación Superior a efecto de crear condiciones para aumentar la matrícula, para mejorar la calidad y pertinencia de los estudios, para normar de manera más estricta el reconocimiento y acreditación, para regular la educación a distancia, generar una mejor coordinación entre las distintas autoridades e instancias educativas, y fortalecer la rendición de cuentas y la evaluación como instrumentos de mejora en la calidad educativa, definir los términos del ejercicio de la autonomía y garantizar el pleno ejercicio de la libertad de cátedra, flexibilizar los esquemas de reconocimiento de validez oficial de estudios y generar mejores esquemas de vinculación con el sector productivo, social y gubernamental.
5.5 Promover iniciativas en las distintas legislaciones de los sistemas escolares para fortalecer los instrumentos, mecanismos e instituciones para la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de los recursos públicos y en el desempeño del sistema educativo, desde el nivel más general hasta el nivel de centro escolar.
5.6 Realizar las reformas pertinentes para garantizar la transformación de la educación normal, vincular a las universidades para poder contar con profesores mejor preparados para afrontar su misión.
5.7 Establecer mecanismos de vigilancia y control que incluyan al Congreso mismo como parte de las instancias responsables, para evitar que la obligación legal de realizar un proceso de evaluación del magisterio sea burlada, evadida o simulada por el Gobierno Federal y los gobiernos estatales.
5.8 Promover en la legislación de los distintos sistemas escolares la obligación de la inclusión curricular del desarrollo humano a partir de valores universales basados en el humanismo, la solidaridad, la tolerancia, la cultura de la legalidad, la vida comunitaria, la sustentabilidad y los derechos a la felicidad y a la prosperidad.
Ciencia y tecnología para el desarrollo
El país requiere que la producción, acceso y uso productivo del conocimiento se convierta en una verdadera prioridad nacional. Pese a las políticas impulsadas por Acción Nacional durante sus gobiernos y de las importantes reformas impulsadas en materia de ciencia, tecnología e innovación, sigue existiendo una
gran dispersión de instrumentos de política, una falta de coordinación institucional, sectorial y regional, así como una muy baja participación del sector privado en estas materias. Es fundamental definir claramente los mecanismos y políticas que nos permitan transitar como nación hacia una sociedad de la información y conocimiento que genere oportunidades para todos los mexicanos.
5.9 Reformar la Ley de Ciencia y Tecnología a fin de establecer la aplicación de mecanismos eficientes de evaluación de las políticas públicas y los programas de ciencia, tecnología e innovación de las instituciones de educación superior que reciban fondos públicos, así como la generación de indicadores y estadísticas para los procesos de evaluación.
5.10 Adicionar el artículo 3 y 25 de la Constitución a fin de establecer que la producción de la ciencia, la tecnología y la innovación sean consideradas actividades prioritarias.
5.11 Reformar la Ley de Ciencia y Tecnología para reforzar y consolidar los Fondos Sectoriales previstos en la Ley, con el fin de apoyar proyectos de investigación aplicada de interés público y en temas estratégicos en las áreas de: salud, medio ambiente, agua, energía, comunicaciones, agricultura, forestal y pesca, desarrollo social y seguridad nacional.
5.12 Reformar la Ley de Coordinación Fiscal a fin de instituir, a través de los fondos del Ramo 33, el apoyo a la infraestructura tecnológica cuyo propósito sea el fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas locales y el acceso equitativo de las poblaciones desfavorecidas a las redes, medios y tecnologías de la sociedad de la información y conocimiento.
5.13 Reformar la Ley General de Educación, la Ley de Coordinación de las Instituciones de Educación Superior, la Ley de Ciencia y Tecnología y las demás leyes necesarias para poder contar con un modelo flexible, eficiente y eficaz de vinculación entre las instituciones dedicadas a la educación, la investigación, la regulación y los sectores productivos, que sea capaz de encontrar mecanismos de colaboración para resolver los problemas cotidianos, potenciar la productividad mediante la innovación, la creatividad y el desarrollo tecnológico.
5.14 Suprimir la prohibición en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para que los investigadores que trabajan con fondos públicos en las universidades o los centros de investigación puedan comercializar su investigación, ser dueños o socios de las patentes que produzcan como resultado de ésta, eliminado el conflicto de intereses para este supuesto y con ello incentivar la investigación productiva.
Sociedad de la información y el conocimiento
La reforma de las telecomunicaciones impulsada por Acción Nacional sentó las bases de un cambio fundamental, ahora garantizado constitucionalmente, en materia de sociedad de la información y el conocimiento. No obstante, los retos que enfrenta el país para abatir las brechas digitales y de acceso al conocimiento e información siguen siendo extraordinarios.
5.15 Adicionar el artículo 6o. constitucional para reconocer como derecho humano el libre acceso a la información y conocimiento, así como a las infraestructuras, medios tecnológicos y redes de conectividad, y garantizar la neutralidad de redes y la libertad de expresión.
5.16 Generar iniciativas tendientes a materializar el derecho a la información en las comunidades con mayor rezago educativo y garantizar que dichas comunidades tengan a su alcance mejores oportunidades de acceso a herramientas digitales, especialmente en escuelas de educación básica y media superior.
5.17 Presentar una iniciativa para expedir la Ley para la Inclusión Digital Universal que regule lo dispuesto en el artículo 6o. constitucional, apartado B, fracción primera.
Arte y cultura
La promoción de las expresiones culturales y artísticas debe recibir una atención prioritaria en todos los niveles de gobierno y debe abarcar de manera igualitaria a todas las regiones del país. Siguen existiendo enormes desigualdades a nivel regional y entre sectores poblaciones en el acceso a los recursos culturales, tanto en materia de consumo como en cuanto a los apoyos a creadores.
5.18 Proponer las reformas necesarias para que el arte, la cultura y la educación artística, a nivel de desarrollo de talento y apreciación, formen parte integral de la educación que deben recibir los mexicanos.
5.19 Otorgar incentivos fiscales bien diseñados para que particulares y organizaciones civiles impulsen la difusión de la cultura y generen apoyos para el desarrollo de talento y promuevan artistas y creadores.
5.20 Impulsar la aprobación de mayores recursos para incrementar las becas y apoyos a los jóvenes artistas y creadores que viven en las zonas marginadas.
5.21 Fortalecer las capacidades, recursos y competencias de las instituciones responsables de realizar acciones que fomenten la difusión y desarrollo del patrimonio y las expresiones artísticas y culturales de México y sus regiones, con el fin de consolidar nuestra imagen en el concierto internacional, identificando adecuadamente actividades de alto impacto, priorizando aquellas que promueven la participación de jóvenes artistas, creadores y talentos emergentes.
5.22 Fortalecer las atribuciones, recursos y competencias de las instituciones responsables de impulsar una mayor presencia de las artes en las escuelas públicas en zonas rurales y urbanas marginadas, especialmente en la educación básica, que permita fortalecer el ejercicio de los derechos culturales y el desarrollo cultural y de expresión artística de las comunidades marginadas.
Deporte y esparcimiento
La promoción de la cultura física y el deporte es un derecho constitucional que no ha recibido la atención necesaria para alcanzar su pleno ejercicio. No obstante, el país enfrenta una crisis seria de salud que obedece en parte a deficiencias en la promoción y pleno acceso a la infraestructura deportiva y recreacional. Es fundamental retomar con seriedad esta materia para garantizar este derecho y resolver de origen la crisis epidemiológica producto de los bajos niveles de actividad física de los mexicanos, especialmente en niños y jóvenes.
5.23 Reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte para crear un verdadero Sistema Nacional para la Detección y Desarrollo de Talentos Deportivos que genere incentivos a los niños y jóvenes para destacar y para fortalecer sus capacidades y habilidades físicas y deportivas.
5.24 Realizar reformas legales orientadas a promover el deporte entre la infancia y juventud sin distinción de género. Apoyar el desarrollo del deporte en todos los sectores sociales, garantizar el desarrollo de la infraestructura deportiva en todas las regiones del país y apoyar el deporte de aficionados, especialmente a nivel de ligas locales urbanas y rurales; generar apoyos a las mismas para que contribuyan a programas de identificación y promoción de talentos deportivos desde edad temprana y durante todo su ciclo de desarrollo.
"El desarrollo debe ser sustentable, lo que implica que los intereses de las generaciones futuras reciban la
misma atención que los de la presente. El deber de proteger a las generaciones futuras no puede pasar por
alto las apremiantes necesidades de la población pobre de hoy. La búsqueda de un desarrollo sustentable
debe tener dentro de sus más altas prioridades la eliminación de la pobreza de la generación actual".
Proyección de Principios de Doctrina 2002
El reto de transformar a México supone también establecer una relación armoniosa con nuestro entorno natural, con planeación urbana acorde con el ordenamiento ecológico del territorio, así como el uso sustentable y responsable de nuestros recursos naturales y energéticos que garantice calidad de vida a los mexicanos de hoy y a las generaciones futuras.
La valoración de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos es indispensable para pensar a México de una manera distinta, es decir, para reconocer que se puede tener un desarrollo humano sustentable que consista en establecer una relación armoniosa entre lo económico, lo social, lo técnico y lo ambiental; una visión que sólo puede alcanzarse mediante la construcción y amplia difusión de una verdadera cultura ambiental.
El crecimiento económico en las últimas décadas ha generado progreso, pero el patrón de consumo energético sustentado en combustibles fósiles también ha provocado cambios en los ciclos naturales y en los ecosistemas. La emisión de gases de efecto invernadero provoca el aumento de la temperatura de la atmósfera, ocasionando que los fenómenos meteorológicos sean más frecuentes y más severos (precipitaciones pluviales, sequías, inundaciones, huracanes, etcétera). Las zonas urbanas y rurales son afectadas principalmente por la falta de prevención y violaciones a la normatividad en la planeación territorial.
Por otro lado, el crecimiento económico que no está inscrito en el desarrollo sustentable sigue provocando el aumento en la generación de residuos, el consumo irracional del agua y de otros recursos naturales, lo que pone al país en un escenario de pasivos ambientales y de agotamiento de recursos que no están siendo debidamente atendidos.
Es fundamental transitar hacia a un nuevo modelo integral de desarrollo urbano, de ciudades humanas con calidad de vida, limpias, habitables y que contemplen el impacto de la movilidad y la problemática que causa el crecimiento poblacional, pero que sobre todo, sean humanamente sostenibles mediante una visión distinta del desarrollo que debe permear todos los ámbitos de nuestra cultura y acción social y política. En este sentido, Acción Nacional trabajará para garantizar el derecho a vivir en ciudades humanas e incluyentes donde el centro del desarrollo sean las personas, quienes se verán beneficiadas con el desarrollo urbano, el tejido social y comunitario, haciendo posible la implementación de modelos de consumo colectivo y movilidad sustentables.
Por último, es necesario avanzar hacia una verdadera transición energética aprovechando el potencial que
tiene nuestro país para generar energías limpias y renovables, a través de la Ley de Transición Energética presentada y promovida por el PAN. Del mismo modo, debemos permanecer vigilantes del cumplimiento de los acuerdos establecidos en el Pacto por México en materia de energía y de que su materialización a nivel de políticas públicas respete la legislación aprobada en la materia.
Desarrollo urbano, metropolitano y movilidad
La población urbana en México representa casi un 80% de la población y uno de cada seis mexicanos viven en zonas metropolitanas. Las ciudades de México presentan un repertorio de problemas que deben ser atendidos de manera integral y con un enfoque que ponga en el centro la dignidad de las personas, sus derechos fundamentales y los nuevos derechos que se derivan de la convivencia urbana, como son la calidad de vida, el derecho a la movilidad, a la seguridad, al acceso al espacio público, a un espacio de vida libre de contaminación, etc. Para Acción Nacional los temas de desarrollo urbano humano y sustentable representan una articulación fundamental que sintetiza nuestra lucha por la construcción del bien común, nuestra vocación municipalista y de fortalecimiento de las capacidades de los ciudadanos para transformar nuestra nación en una patria más humana, más digna y más solidaria.
Para alcanzar estos objetivos, buscaremos:
6.1 Promover un nuevo marco jurídico para el desarrollo urbano que permita a los centros urbanos del país evolucionar bajo un modelo de ciudades humanas y de calidad, que sea de carácter obligatorio en la integración de planes y programas, incluyendo los de las agencias de desarrollo metropolitano y para el desarrollo de infraestructura urbana, y observando de manera integral el espacio público, así como el manejo de residuos, agua y drenaje, transporte y movilidad, seguridad y manejo de riesgos, zonificación sustentable y la energía per cápita, anteponiendo los parámetros de sustentabilidad para preservar a nuestro planeta. Todo ello respetando el tejido de convivencia social y comunitaria, y el desarrollo familiar y humano.
6.2 Reformar los artículos 115 y 116 de la Constitución que permitan la creación de zonas metropolitanas que puedan a su vez constituir organismos de gestión metropolitana en materia de agua y drenaje, residuos, transporte y movilidad, seguridad, medio ambiente, desarrollo urbano y energía.
6.3 Promover la seguridad vial de los individuos con el objeto de reducir los decesos, lesiones y daños materiales que son generados por los accidentes viales en el marco de las leyes respectivas de movilidad y protección civil de competencia federal, acompañada de un mecanismo para promover el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos que ya existen en nuestro país.
6.4 Impulsar la creación de un Fondo en el Presupuesto de Egresos que otorgue recursos a las entidades federativas que favorezcan el desarrollo de infraestructura y coordinación interinstitucional para mejorar la movilidad de los ciudadanos de cada demarcación, con fomento a las alternativas de transporte colectivo y del no motorizado y un uso eficiente de los recursos públicos, privados y de los tres órdenes de gobierno.
6.5 Impulsar la creación de un Fondo dentro del Presupuesto de Egresos que fomente la sustitución de unidades vehiculares del transporte público de pasajeros en las entidades federativas, a fin de reemplazar el parque vehicular existente por unidades con tecnologías menos contaminantes, que cubran los estándares de seguridad, que sean más económicas y de alta capacidad.
6.6 Garantizar en la legislación correspondiente, que las inversiones del Gobierno Federal en movilidad correspondan a proyectos sustentables y mejoras del espacio público, fomentando la accesibilidad a personas con discapacidad e impulsando mejores alternativas de transporte público.
6.7 Diseñar y promover la incorporación de un marco fiscal en la Ley de Ingresos que fomente el uso del transporte público y, a su vez, permita disminuir los efectos negativos derivados del uso excesivo del automóvil.
6.8 Incorporar en la legislación el concepto de energía distribuida, que consiste en la generación de energía eléctrica en paneles solares en las casas habitación para las principales ciudades del país.
6.9 Reformar el marco legal para impulsar la creación del observatorio nacional de ordenamiento territorial sustentable como instrumento de participación ciudadana, con el objeto de vigilar los planes de desarrollo urbano de los centros de población para disminuir riesgos a la población y daños al medio ambiente.
Desarrollo sustentable, biodiversidad y conservación
Los efectos del desarrollo industrial, la urbanización y los modelos de consumo de los grandes centros urbanos han generado una crisis planetaria sin precedentes en la historia de la humanidad. La sustentabilidad no puede seguir siendo sólo un discurso y un recetario de buenas intenciones. Las medidas necesarias para iniciar una transición real hacia modelos de desarrollo sustentables serán cada vez más drásticas si persiste la inacción y la falta de compromiso con los cambios requeridos. Acción Nacional debe encabezar la toma de conciencia sobre el peligroso curso que está tomando la nación al hacer caso omiso sobre el peligro que se cierne sobre nuestro futuro.
6.10 Reformar el artículo 3o. constitucional para integrar en la educación los principios de uso racional y sustentable de nuestros recursos, y para garantizar el efectivo derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las generaciones presentes y futuras, según lo establecido en el artículo 4o. constitucional, así como su reconocimiento como parte de las obligaciones del Estado.
6.11 Reformar el párrafo tercero del artículo 27 en materia de propiedad y uso de las tierras y aguas nacionales, para integrar el principio de uso racional y sustentable dentro de las facultades que la Constitución reconoce a la nación, para regular el aprovechamiento de los elementos naturales comprendidos dentro de las tierras y aguas nacionales. Reformar el párrafo sexto del mismo artículo incluyendo la orientación a partir de estos principios para el otorgamiento de las concesiones que administra el Ejecutivo Federal. Garantizar los derechos de paso a la zona federal marítimo terrestre.
6.12 Reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley General de Cambio Climático, y leyes correspondientes según el caso, para hacer más eficientes los recursos públicos y asegurar un beneficio social a la población que depende de los ecosistemas nacionales, en especial los que se encuentran en Áreas Naturales Protegidas; establecer la obligatoriedad de evaluar los programas y políticas públicas a partir de la medición de los impactos y resultados, y obligar al Ejecutivo Federal a considerar estas evaluaciones en el diseño y planeación de las políticas públicas en materia de medio ambiente y desarrollo social sustentable, para unificar los recursos destinados a compensaciones por accidentes o riesgos ambientales, como el Sistema Nacional de Seguros de Riesgos Ambientales y el Fondo de Responsabilidad Ambiental, para regular adecuadamente las actividades agropecuarias en zonas de aprovechamiento sustentable y reforzar el pago por servicios ambientales para cambio de suelo en zonas agrícolas, para crear la figura de Evaluación Ambiental Estratégica que sea obligatoria para los planes y programas de desarrollo urbano y con ello asegurar su total coordinación con los programas de ordenamiento ecológico territorial.
6.13 Reformar y promover marcos legales que impidan la instalación de corporativos e infraestructura masiva que deteriore todas las zonas ecológicas en las distintas regiones del país.
6.14 Reformar la Ley de Bienes Nacionales con el objetivo de establecer los principios y bases para la protección de los ecosistemas de las zonas marinas mexicanas que son de jurisdicción federal y son considerados bienes nacionales.
6.15 Homologar la revisión a las principales leyes federales y generales, con el fin de armonizarlas con el Protocolo de Nagoya.
6.16 Promover se incluyan del Presupuesto de Egresos mayores aportaciones para Áreas Nacionales Protegidas.
6.17 Impulsar la Ley General de Vida Silvestre para crear la figura jurídica de Corredores Biológicos que permitan interconectar áreas naturales protegidas y unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre.
6.18 Promover en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable la integración y fortalecimiento de cadenas productivas regionales de plantaciones forestales, estimulando la organización social y comunitaria por medio de capacitación e impulsando el mercado nacional de sus productos, así como programas de reforestación en bosques y zonas urbanas con especies productivas para que se promueva el desarrollo forestal sustentable, apropiadas a las diversas zonas ecológicas del país y acordes con las tendencias del cambio climático.
Agua
En el horizonte crítico, abierto por los efectos inminentes del cambio climático, el agua se convierte en un tema de seguridad nacional, pues de su disponibilidad dependerá la existencia misma de la nación. Es evidente que no estamos haciendo lo suficiente para la adecuada planeación, manejo responsable y racional de nuestros recursos hídricos, especialmente en las zonas y regiones del país donde ya es un problema crítico.
6.19 Reformar la Ley de Aguas Nacionales en concordancia con la propuesta de reforzamiento de las facultades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que se pueda sancionar y castigar, de acuerdo con la legislación correspondiente, a los responsables que contaminen y hagan un uso ineficiente de los recursos hídricos en el territorio nacional, para establecer concordancia entre el Ordenamiento Ecológico Territorial y la administración del agua con visión de cuenca, y promover la participación ciudadana a través de las Comisiones y Consejos de Cuenca.
6.20 Reformar el marco legal para reforzar las facultades y capacidades de las instancias responsables de garantizar el abasto de agua potable en calidad y cantidad suficientes, y evitar la continua degradación y sobreexplotación de los recursos hídricos nacionales, para que incidan a corto y largo plazo en la racionalización de las demandas que el crecimiento poblacional, industrial y sector agrícola tendrán sobre el uso de agua, mediante el establecimiento de nuevas bases para implantar modelos de consumo fundamentados en un uso racional y acotado por sectores.
6.21 Introducir las reformas necesarias para delimitar y proteger las zonas federales asociadas a los recursos hídricos, y promover la creación de una instancia especial de salvaguarda de estas zonas.
Energía
La reforma energética promovida por Acción Nacional fue concebida para resolver de fondo los principales obstáculos estructurales que impedían el desarrollo globalmente competitivo de este sector, y sentó las bases
para un aprovechamiento más racional y rentable de los recursos energéticos de la nación. No obstante, es previsible que surjan resistencias institucionales, especialmente cuando el Gobierno Federal fue originalmente renuente a muchos de los cambios propuestos y que hoy forman parte de la Constitución y de las leyes secundarias. La obligación de Acción Nacional es vigilar y proponer las medidas correctivas necesarias para alcanzar los objetivos de interés nacional que contienen las reformas.
6.22 Modificar la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y la Ley de Hidrocarburos para asegurar que contemplen en todo el proceso de la cadena productiva energética, el cuidado al medio ambiente en coordinación con la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Ambiente del Sector Hidrocarburos.
6.23 Fortalecer los medios legales para garantizar la colaboración eficiente entre el sector público y el sector privado para la producción de energía eléctrica y gas natural, obligándolos a integrar medidas de transparencia y rendición de cuentas.
6.24 Garantizar el establecimiento en los distintos marcos normativos y legales, mecanismos e instancias para generar medidas eficientes que impidan la extracción ilegal de hidrocarburos, ya que constituye un grave atentado en contra del patrimonio nacional y en ocasiones pueden provocarse accidentes en los que se contaminan las aguas y el suelo.
6.25 Promover se incluyan en la Ley de Ingresos incentivos y estímulos a las empresas que se abastecen de energías limpias para la realización de sus actividades.
6.26 Aprobar y aplicar de manera integral la Ley de Transición Energética para promover por todos los medios posibles la producción de energías renovables.
6.27 Transferir el capítulo de Certificados de Energías Limpias de la Ley de la Industria Eléctrica a la nueva Ley de Transición Energética.
6.28 Modificar el capítulo relativo a energías limpias en la Ley de la Industria Eléctrica, con objeto de clarificar las diferencias con las energías renovables y garantizar la promoción de éstas en la generación de electricidad.
6.29 Destinar recursos en el Presupuesto de Egresos para estudios e investigación en universidades, fundaciones y asociaciones para la promoción de energías renovables.
6.30 Vigilar la consolidación del nuevo régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (PEMEX) para garantizar una operación eficiente y en igualdad de condiciones frente a las compañías petroleras del mundo.
Cambio climático
Los efectos del cambio climático amenazan con ser devastadores y una adecuada planeación de mediano y largo plazo debe ser prioridad en todos los gobiernos. Un área crítica en México es la que se refiere al ordenamiento de las zonas de alto riesgo que empiezan a ser gravemente afectadas por la severidad de los fenómenos meteorológicos.
6.31 Reformar la Ley General de Protección Civil para hacer obligatorio en los tres órdenes de gobierno que los Atlas de Riesgos se mantengan actualizados y completos. Hacer efectivo el castigo a los responsables que construyan en zonas de riesgo y afirmar una política preventiva para la adaptación a los efectos del cambio climático.
6.32 Homologar los recursos federales, principalmente los del Anexo 16: "Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático" del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio, y del Fondo para el Cambio Climático, con la finalidad de hacer un uso eficiente de
los mismos y coordinar acciones de las dependencias de la administración pública destinadas a reducir los efectos del cambio climático, y así cumplir con las metas establecidas en la Ley General de Cambio Climático y en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, visión 10-20-40.
Contaminación y manejo de residuos
Es fundamental reforzar las capacidades y recursos destinados a la regulación, control y manejo adecuado de contaminantes, materiales peligrosos y desechos tóxicos, así como garantizar las capacidades de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para enfrentar contingencias ambientales catastróficas. Igualmente, es necesario establecer metas precisas para disminuir los índices de contaminación ambiental y establecer fondos y mecanismos adecuados para asumir los costos sociales y económicos de las medidas necesarias para alcanzar dichas metas.
6.33 Reformar la Ley de Responsabilidad Ambiental para que otorgue mayores atribuciones a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con la finalidad de sancionar de manera expedita los daños ambientales causados por disposición de residuos fuera de la norma.
6.34 Modificar la Ley Orgánica de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que se le otorguen facultades que le permitan sancionar y multar a los infractores de manera directa.
6.35 Modificar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos con el fin de establecer la obligatoriedad a nivel nacional, por parte de los responsables, de registrar ante las autoridades los residuos de manejo especial, peligrosos, biológicos-infecciosos y urbanos.
6.36 Promover la incorporación en la Ley de Ingresos de incentivos fiscales especiales que promuevan el reúso y reciclaje de residuos, la incorporación de nuevas tecnologías y de generación de energía.
6.37 Establecer en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos la obligatoriedad de la captación de gas metano en rellenos sanitarios, biodigestores y producción de composta.
ANEXO DOS
| Principio de Doctrina y Programa de Acción Política | | |
| · Principios y Postulados Políticos. | Texto Íntegro. | Cumple. |
| · Principios y Postulados Económicos. | Texto Íntegro. | Cumple. |
| · Principios y Postulados Sociales. | Texto Íntegro. | Cumple. |
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