DOF: 07/06/2024
ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos de la instancia de inconformidad contra actos derivados de la licitación pública e invitación a cuando menos tres personas, a que se refiere la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públ

ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos de la instancia de inconformidad contra actos derivados de la licitación pública e invitación a cuando menos tres personas, a que se refiere la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- FUNCIÓN PÚBLICA.- Secretaría de la Función Pública.

ROBERTO SALCEDO AQUINO, Secretario de la Función Pública, con fundamento en los artículos 37, fracciones VI, XXI y XXVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 10, fracciones I y III, 11, fracción IX, inciso f) y 12, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y
CONSIDERANDO
Que del artículo 134 de nuestra Carta Magna se desprende que el objetivo principal de las contrataciones públicas en nuestro país es obtener las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. En ese contexto, tal precepto constitucional también establece que los recursos económicos de que dispongan los diversos órdenes de gobierno se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que están destinados;
Que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas se adjudicarán por medio de los procedimientos de contratación pública previstos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para satisfacer necesidades de la población conforme a la política pública plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo;
Que el título sexto, capítulo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el Título Séptimo Capítulo Primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, regulan la instancia de inconformidad promovida por los particulares contra actos derivados de los procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas, de la cual conocerá la Secretaría de la Función Pública;
Que la instancia de inconformidad es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, por el cual se revisa la legalidad de los actos derivados de las licitaciones públicas y las invitaciones a cuando menos tres personas, mismas que, a su vez, derivan de Programas Anuales de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que elaboran cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de los entes públicos de los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;
Que, en ese mismo sentido, la instancia de inconformidad también reviste la calidad de un medio de control de legalidad en el que se examina si las contrataciones públicas se realizan conforme a los principios, fines e instituciones jurídicas que establecen tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes de la materia y los programas administrativos, con el fin de evitar actos de corrupción o faltas administrativas, de servidores públicos, y de los particulares que participan o resulten adjudicados en las mismas;
Que, por medio de la instancia de inconformidad, se previenen, detectan e inhiben actos que pueden originar o ser parte de prácticas de corrupción, mediante la acción directa de la Secretaría de la Función Pública (Secretaría) y los Órganos Internos de Control (OIC), al suspenderse los efectos de los procedimientos de contratación pública, nulificar estos últimos y ordenar su reposición, a fin de subsanar las irregularidades cometidas por lo cual dicha instancia también contribuye al combate a la corrupción e impunidad;
Que en el Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Función Pública 2020-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 2020, se estableció en su Objetivo Prioritario 1 combatir frontalmente y con la participación de la ciudadanía, las causas y efectos de la corrupción y la ineficacia en la Administración Pública Federal mediante la prevención, fiscalización y promoción de las responsabilidades asociadas con conductas ilícitas, para lo cual, en la Estrategia Prioritaria 1.7, se estableció considerar la participación ciudadana expresada mediante quejas, denuncias e inconformidades por parte de los alertadores ciudadanos de la corrupción, las contralorías sociales y los testigos sociales, con objeto de emplear la información proporcionada en la integración de los planes anuales de fiscalización. De igual manera, en el Objetivo Prioritario 3 se previó fortalecer las acciones de control que realizan los órganos de vigilancia y control en la Administración Pública Federal para contribuir al combate a la corrupción y a la impunidad, y en la Estrategia Prioritaria 3.1 se determinó abatir el rezago en la atención de denuncias, procedimientos de responsabilidades, inconformidades y sanción a proveedores para sancionar a los responsables, a fin de combatir de manera efectiva la impunidad;
Que la secretaría tiene el encargo de contribuir a una mejora continua de las labores gubernamentales, propiciando el cumplimiento de las disposiciones legales, el manejo transparente de los recursos y la rendición puntual de cuentas a la sociedad, privilegiando su función preventiva a fin de identificar y abatir prácticas de corrupción e impunidad; asimismo, cuenta con atribuciones para sustanciar y resolver la instancia de inconformidad, y
Que el presente acuerdo se expide con la finalidad de que, de manera coordinada y homologada, se ejerzan las atribuciones de la secretaría, a través de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas o los OIC correspondientes, respecto de la sustanciación y resolución de las inconformidades que promuevan los particulares contra actos derivados de licitaciones públicas, e invitaciones a cuando menos tres personas, he tenido a bien expedir el siguiente
ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS DE LA INSTANCIA DE INCONFORMIDAD
CONTRA ACTOS DERIVADOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA E INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS, A QUE SE REFIERE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
SECTOR PÚBLICO; Y LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Capítulo Primero
Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto. El presente acuerdo tiene por objeto describir con precisión el procedimiento de la instancia de inconformidad, prevista en el título sexto, capítulo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el título séptimo, capítulo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para que las personas servidoras públicas de la secretaría, con adscripción en la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas y los órganos internos de control especializados y específicos, identifiquen las etapas de la instancia de inconformidad que promueven los particulares por actos que en licitaciones públicas e invitaciones a cuando menos tres personas contravinieron las disposiciones jurídicas aplicables, respecto de los asuntos de su competencia, desde la recepción del escrito inicial, la sustanciación y la resolución de las inconformidades.
Artículo 2. Marco jurídico aplicable. Para la recepción, sustanciación y resolución de la instancia de inconformidad se acudirá, principalmente, al siguiente marco jurídico:
I.     Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II.     Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
III.    Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;
IV.   Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;
V.    Código Civil Federal, de aplicación supletoria;
VI.   Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria;
VII.   Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria;
VIII.  Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;
IX.   Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y
X.    Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.
Artículo 3. Definiciones. Además de las definiciones previstas en las leyes y reglamentos en materia de contrataciones públicas, para efectos del presente Acuerdo se entenderá por:
I.     CFPC: Código Federal de Procedimientos Civiles;
II.     Dirección General: Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas;
III.    LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;
IV.   LFPA: Ley Federal de Procedimiento Administrativo;
V.    LOPSRM: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;
VI.   OIC: Los órganos internos de control especializados y específicos, y
VII.   SFP: Secretaría de la Función Pública.
Artículo 4. Interpretación. La interpretación para efectos administrativos del presente acuerdo corresponde al Coordinador General de Combate a la Impunidad.
Capítulo Segundo
De la Presentación del Escrito de Inconformidad
Artículo 5. Medios para la presentación. La inconformidad deberá presentarse:
I.     Por escrito, directamente ante la secretaría (oficinas centrales) o en el OIC que corresponda; o
II.     Vía electrónica, por medio de la plataforma CompraNet.
Para el caso de que la inconformidad se presente de manera electrónica, es necesario que el promovente cuente con la firma electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales, a efecto de que pueda estar en posibilidad de remitir su escrito por
medio de la plataforma CompraNet.
La inconformidad que se promueva ante autoridad diversa a la SFP, los OIC o por vía distinta a CompraNet, no interrumpirá el plazo para su oportuna presentación, de conformidad con los artículos 66, de la LAASSP, y 84, de la LOPSRM, según el caso.
Artículo 6. Análisis del escrito. La autoridad que conoce de la inconformidad deberá examinar el escrito inicial para verificar si cumple con los requisitos de procedencia de la instancia de inconformidad y los que debe contener para su admisión:
Los actos contra los cuales se puede promover la instancia de inconformidad son los previstos en los artículos 65, de la LAASSP, y 83, de la LOPSRM, según el caso.
Los elementos que debe contener el escrito de inconformidad para su admisión son los establecidos en los artículos 66, de la LAASSP, y 84, de la LOPSRM, según el caso.
Capítulo Tercero
Del Acuerdo de Inicio
Artículo 7. Emisión del acuerdo de inicio. El acuerdo de inicio es la primera determinación motivada y fundada que emite la autoridad, previo examen del escrito de inconformidad, el cual podrá ser de prevención, admisión o desechamiento.
Cuando las leyes de la materia y el presente acuerdo no señalen término para la práctica o emisión de algún acto procedimental, se tendrán tres días hábiles, conforme al artículo 297, fracción II, del CFPC.
Artículo 8. Acuerdo de prevención. En relación con el escrito de inconformidad, la autoridad podrá prevenir al promovente conforme a las siguientes consideraciones:
I.     Si se omite señalar el nombre del inconforme y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación mediante instrumento público, se tendrá que prevenir a fin de que subsane dicha omisión, es decir, la autoridad deberá solicitar que se manifiesten tales datos o señalar que se tiene que presentar instrumento público en original o copia certificada;
II.     Se tendrá que prevenir al inconforme si omite especificar el acto que se impugna, la fecha de su emisión o notificación o, en su defecto, en que tuvo conocimiento del mismo;
III.    Si el inconforme omite ofrecer pruebas se le prevendrá para dicho efecto; sin embargo, si tal requisito no se subsana, sólo tendrá la consecuencia de que se tengan por no ofrecidas, y
IV.   También será causa de prevención cuando se hubieran omitido los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto impugnado y los motivos de la inconformidad.
El plazo para atender las prevenciones respectivas será de tres días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente en que surta efectos la notificación del acuerdo correspondiente. En el caso de las fracciones I, II y IV, si no se desahogan, la inconformidad interpuesta se resolverá desechando la misma.
Asimismo, si el promovente se inconforma contra la convocatoria y las juntas de aclaraciones, debe exhibir el escrito de interés en participar en la licitación.
El escrito de interés debe contener el acuse de recibo o sello de la dependencia o entidad contratante, o bien, acompañar la constancia de su envío en forma electrónica, por medio de la plataforma CompraNet. Si este documento se omite, la autoridad deberá prevenir al inconforme y se le darán tres días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo para que desahogue la prevención; si no la subsana, se dictará una resolución de desechamiento.
En la instancia de inconformidad, las notificaciones a las partes se harán por las vías siguientes:
a) Personales.
Cuando se trate de:
1.     La primera notificación y las prevenciones;
2.     Las resoluciones relativas a la suspensión del acto impugnado;
3.     La admisión de la ampliación de la inconformidad;
4.     La resolución definitiva, y
5.     Los demás acuerdos o resoluciones que lo ameriten, a juicio de la autoridad instructora de la inconformidad.
b) Rotulón.
La notificación al inconforme o tercero interesado será por rotulón que se fijará en lugar visible y de fácil acceso al público en general, cuando no se trate de alguno de los actos a que se refiere el inciso a) anterior, o bien, cuando no se hubiera señalado por el inconforme o tercero interesado domicilio ubicado en el lugar donde resida la autoridad que conoce de la inconformidad.
c) Por oficio.
La notificación a la convocante será por oficio.
La autoridad que conoce de un procedimiento de inconformidad, podrá auxiliarse, para la práctica de notificaciones personales que deban efectuarse fuera del lugar donde reside, de cualquier autoridad federal, quedando obligada ésta a remitir las constancias respectivas o el resultado de la diligencia dentro de un plazo de tres días siguientes al de que se practique.
Las autoridades estatales o municipales podrán coadyuvar a que la autoridad instruya el procedimiento de inconformidad de acuerdo con los convenios que para ello suscriba la Secretaría de la Función Pública.
Artículo 9. Acuerdo de admisión. Se admitirá la inconformidad cuando no existan causales de improcedencia y se cumpla con los requisitos previstos en los artículos 66, de la LAASSP, y 84, de la LOPSRM, según el caso, o bien, se desahogue la prevención en tiempo y forma.
Adicionalmente, se solicitará el informe previo y el informe circunstanciado a la convocante, para que sean rendidos en el plazo de dos y seis días hábiles, respectivamente. Dicho plazo se computará a partir del día hábil siguiente a la fecha en que se notifique el acuerdo respectivo.
En el caso de que el inconforme hubiera solicitado en su escrito inicial de inconformidad la suspensión del acto impugnado, la autoridad deberá pronunciarse.
Capítulo Cuarto
De la Suspensión Provisional y Definitiva
Artículo 10. Suspensión. Conforme a los artículos 70, de la LAASSP, y 88, de la LOPSRM, según el caso, solo podrán otorgarse dos tipos de suspensión en términos de lo siguiente:
I.     Suspensión a petición de parte, la cual se divide en suspensión provisional y suspensión definitiva, con las siguientes características:
a)    Es solicitada expresamente por el inconforme en su escrito inicial, exponiendo las razones por las cuales estima procedente la suspensión, y la afectación que resentiría en caso de que se continúe con el procedimiento de contratación;
b)    En caso de concederla se deberá exigir garantía al inconforme, y para el caso de que la hubiera otorgado, se dará vista, en su caso, al tercero interesado para que ejerza su derecho de otorgar contragarantía, con la finalidad de que no se suspenda el acto impugnado y los efectos derivados del mismo, y
c)    La posible existencia de un incidente de garantía.
II.     Suspensión de oficio. Sus características son las siguientes:
a)    Es una facultad exclusiva de la autoridad, es decir, no procede a petición de parte;
b)    No se exige garantía;
c)    Procede cuando la autoridad que conoce de la inconformidad advierte manifiestas irregularidades en el procedimiento de contratación, y que con motivo de su concesión no se causa perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, y
d)    No está condicionada a una determinación provisional o definitiva.
La determinación de conceder o negar la suspensión del acto impugnado debe estar fundada y motivada.
Artículo 11. Suspensión provisional. En el acuerdo de admisión, la autoridad se pronunciará sobre la suspensión del acto impugnado, concediéndola o negándola provisionalmente, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en los artículos 70, de la LAASSP, y 88, de la LOPSRM, según el caso.
En caso de concederla, fijará las condiciones y efectos de la medida, el acuerdo que al efecto se emita, será en un término de tres días hábiles, conforme al artículo 297, fracción II, del CFPC, de aplicación supletoria.
Artículo 12. Suspensión definitiva. Dentro de los tres días hábiles siguientes a que se hubiera recibido el informe previo de la convocante, la autoridad que conoce de la inconformidad debe pronunciarse respecto de la suspensión definitiva.
En caso de resultar procedente la suspensión definitiva, se deberá precisar la situación en que habrán de quedar las cosas y se tomarán las medidas pertinentes para conservar la materia del asunto, hasta el dictado de la resolución que ponga fin a la inconformidad.
La suspensión definitiva quedará sujeta a que el inconforme, dentro de los tres días hábiles siguientes a que se le notifique el acuerdo en que se decrete, garantice los daños y perjuicios que pudiera ocasionar, mediante alguna de estas formas:
I.     Depósito de dinero constituido por medio de certificado o billete de depósito, expedido por institución de crédito autorizada;
II.     Fianza otorgada por institución financiera autorizada para expedirla;
 
III.    Depósito de dinero constituido ante la Tesorería de la Federación;
IV.   Cheque certificado o de caja expedido a favor de la Tesorería de la Federación; o
V.    Cualquier otra que en su caso autorice la Tesorería de la Federación, mediante disposiciones de carácter general, de conformidad con el artículo 48, de la Ley de Tesorería de la Federación.
Dicha garantía no podrá ser menor del diez por ciento (10%) ni mayor del treinta por ciento (30%) del monto de la propuesta económica del inconforme. Cuando no sea posible determinar dicho monto, la referencia atenderá al presupuesto autorizado para la contratación de que se trate, según las partidas que, en su caso, correspondan.
Artículo 13. Requisitos de la fianza. Si la garantía se otorga mediante fianza, en la póliza respectiva, la autoridad que tramita la inconformidad emitirá acuerdo en el que se tendrá por recibida la garantía para que continúe surtiendo efectos la medida cautelar otorgada y, además, dará vista al tercero interesado a efecto de que, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de dicho proveído, en su caso, otorgue contragarantía equivalente a la exhibida por el inconforme.
En caso de que el tercero interesado otorgue contragarantía equivalente a la exhibida por el inconforme, la autoridad revisará que se cumplan los mismos requisitos establecidos para la garantía de éste.
Si la contragarantía cumple con todos los requisitos, se emitirá acuerdo mediante el cual se determinará que la suspensión deja de surtir efectos.
La exigibilidad de la póliza de fianza respectiva estará supeditada a que se encuentren legalmente firmes los medios de impugnación que, en su caso, se hubieran promovido, o bien, hubiera transcurrido el plazo correspondiente sin que se hubieran hecho valer, quedando así legalmente firme la resolución de inconformidad.
Si dentro del plazo establecido, el interesado no exhibe la garantía respectiva ante la autoridad que conoce de la inconformidad, ésta emitirá acuerdo en el que determine que feneció el plazo para exhibirla y dejará de surtir efectos la suspensión del acto impugnado.
Capítulo Quinto
De los Informes de la Convocante
Artículo 14. Solicitud del informe previo. La autoridad que tramita la inconformidad solicitará a la convocante el informe previo, el cual deberá contener:
I.     El estado del procedimiento de contratación objeto de inconformidad;
II.     El nombre y domicilio del tercero o terceros interesados, si los hubiera;
III.    El monto económico autorizado del procedimiento de contratación del que deriva el acto impugnado y, en su caso, el monto del contrato adjudicado, y
IV.   Las razones que la convocante estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión del acto impugnado, solicitada por el inconforme o decretada de oficio por la autoridad que instruye la instancia de inconformidad.
Si el informe previo es rendido por conducto del apoderado legal de la convocante, deberá adjuntarse original o copia certificada del instrumento público en el que consten las facultades conferidas a dicho apoderado, para tal efecto.
Artículo 15. Rendición del informe previo. El informe previo deberá rendirse por la convocante dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha en que se notificó el acuerdo de admisión, debiendo pronunciarse la autoridad que conoce de la inconformidad, respecto de la procedencia de la suspensión definitiva dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de tal informe.
Artículo 16. Solicitud del informe circunstanciado. La autoridad que tramita la inconformidad solicitará a la convocante el informe circunstanciado, que deberá realizar lo siguiente:
I.     Señalar las razones y fundamentos para hacer valer, en su caso, la improcedencia o sobreseimiento de la instancia de inconformidad;
II.     Indicar las razones y fundamentos para sostener la validez y legalidad del acto impugnado;
III.    Dar contestación a todos los motivos de inconformidad planteados en el escrito inicial o en la ampliación, y
IV.   Acompañarse de original o copia certificada de las pruebas documentales que se vinculen con los motivos de inconformidad, así como de aquellas ofrecidas como pruebas por el inconforme.
Para el caso de las pruebas documentales que la convocante acompañe al informe circunstanciado, ésta podrá autorizar copias de las constancias que formen parte del procedimiento de contratación, incluyendo las proposiciones presentadas por los licitantes, sin mayor formalidad que el señalamiento de que la copia autorizada es fiel reproducción de su original. La copia autorizada tendrá un valor probatorio equivalente al documento original con el cual fue cotejado de acuerdo con los artículos 71, de la LAASSP y 122, de su reglamento, y 89, de la LOPSRM y 280, de su reglamento según el caso.
Artículo 17. Rendición del informe circunstanciado. Recibido el informe circunstanciado de la convocante, la autoridad deberá verificar que se hubiera remitido la información y los documentos solicitados en el acuerdo correspondiente.
Si se advierte que la convocante omitió remitir la información o la documentación solicitada, se podrá emitir un acuerdo en el que se le requerirá de nueva cuenta que rinda el informe circunstanciado o complemente el recibido, dentro del plazo de tres días, de conformidad con el artículo 297, fracción II del CFPC; en caso de que la convocante vuelva a ser omisa del requerimiento, podrá ser motivo de responsabilidad administrativa.
Si el informe circunstanciado cuenta con la información y documentación solicitada, se emitirá acuerdo en el cual deberá señalarse que se tiene por recibido y se pondrá a la vista del inconforme, para que dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por recibido, pueda ejercer su derecho de ampliar sus motivos de impugnación, con respecto a los elementos que no conocía.
Los informes de la convocante deberán considerarse rendidos aún y cuando los hubiera presentado de forma extemporánea, sin perjuicio de las posibles responsabilidades en que incurran los servidores públicos por dicha dilación de conformidad con los artículos 71, párrafo cuarto de la LAASSP, y 89, párrafo cuarto de la LOPSRM, según el caso.
Capítulo Sexto
Del Derecho de Audiencia al Tercero Interesado
Artículo 18. Vista al tercero interesado. En el acuerdo de recepción del informe previo se deberá señalar, en su caso, el nombre del o de los terceros interesados, quien es la o las personas que resultaron favorecidas con la emisión del fallo del procedimiento de contratación impugnado, a quienes se les correrá traslado con copia del escrito inicial de inconformidad y sus anexos, para que dentro del plazo de seis días hábiles siguientes al de la notificación de dicho acuerdo, comparezcan al procedimiento y manifiesten lo que a su interés convenga, respecto de los motivos de inconformidad, conforme a los artículos 71, de la LAASSP, y 89, de la LOPSRM, según el caso.
Artículo 19. Desahogo de la vista del tercero interesado. Recibido el escrito del tercero interesado, mediante el cual acuda a desahogar la vista en relación con la inconformidad promovida, la autoridad deberá verificar:
I.     Que el escrito de desahogo se hubiera presentado dentro del plazo de los seis días hábiles siguientes al que surtió efectos la notificación del acuerdo en el cual se ordenó correrle traslado, y
II.     Que el escrito contenga:
a)    El nombre del tercero interesado, y en su caso, de quien promueve en su nombre. Si se promueve por medio de un representante legal, se deberá constatar que se hubiera acompañado el instrumento público con el que se acredite la representación;
b)    El domicilio para recibir notificaciones personales, que deberá estar ubicado en el lugar en que resida la autoridad que conoce de la inconformidad. Para el caso de que no se señale domicilio en tales términos, se le practicarán las notificaciones por rotulón, y
c)    Las pruebas que ofrece y que guarden relación directa e inmediata con sus excepciones y defensas.
La autoridad que conozca de la inconformidad prevendrá al promovente cuando hubiere omitido acompañar original o copia certificada del instrumento legal que acredite la representación que ostenta, con fundamento en la fracción I, del párrafo cuarto, del artículo 66, de la LAASSP, y 84, párrafo cuarto, fracción I, de la LOPSRM, según el caso, a fin de que subsane dicha omisión, apercibiéndole que, de no hacerlo en el plazo de tres días hábiles, se tendrá por no desahogado el derecho de audiencia.
Si el escrito de desahogo del derecho de audiencia cumple con los requisitos, la autoridad que conozca de la inconformidad emitirá acuerdo en el que lo tendrá por admitido para todos los efectos conducentes y se continuará con la sustanciación.
Capítulo Séptimo
De la Ampliación de la Inconformidad
Artículo 20. Recepción del escrito de ampliación de la inconformidad. De promoverse una ampliación de inconformidad, se deberá verificar que se encuentre presentada en tiempo; y que los argumentos planteados en la misma controviertan hechos o actos conocidos con motivo de los datos contenidos en el informe circunstanciado.
Para el caso de que se promueva de forma oportuna, pero los argumentos planteados no controviertan hechos o actos conocidos con motivo del informe, se emitirá un proveído en el cual se determinará que no se admite la ampliación de inconformidad.
Si la ampliación se presenta después de los tres días hábiles siguientes a que surta efectos la notificación del acuerdo con el que se tiene por recibido el informe circunstanciado, se deberá proveer sobre su extemporaneidad. De resultar oportuna su presentación, pero los argumentos planteados no controviertan hechos o actos conocidos con motivo del informe circunstanciado, se emitirá un proveído en el que se decrete que la ampliación se desestima.
 
Si la ampliación de los motivos de inconformidad se sustenta en hechos o actos conocidos con motivo del informe circunstanciado, se emitirá acuerdo en el que:
I.     Se requerirá a la convocante para que en el plazo de tres días hábiles rinda el informe circunstanciado sobre la ampliación, y
II.     Se dará vista al tercero interesado para que en el plazo de tres días hábiles manifieste lo que a su interés convenga.
Si el inconforme no ofreció pruebas en relación con los nuevos motivos de inconformidad, se deberá estar a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 66, de la LAASSP, y 84, de la LOPSRM, según el caso.
Artículo 21. Recepción del informe circunstanciado sobre la ampliación de inconformidad. Una vez recibido el informe circunstanciado sobre la ampliación, la autoridad que conozca de la inconformidad deberá:
I.     Verificar lo siguiente:
a)    Que el oficio contenga datos de emisión consistentes en la fecha, lugar y emisor, así como firma autógrafa de la persona servidora pública que lo emitió;
b)    Que los anexos del oficio se encuentren relacionados en este último o, de no estarlo, sean identificables en lo individual;
c)    Que contenga los medios de prueba necesarios y sean ofrecidos por el inconforme o por la propia convocante, y
d)    Que se hubiera recibido en el plazo de tres días hábiles.
II.     Emitir un acuerdo, considerando cualquiera de los supuestos que proceda conforme a lo siguiente:
a)    Si el informe se rindió en los términos requeridos, aun habiéndose presentado de manera extemporánea, se elaborará un acuerdo de recepción de dicho informe, en el que se señalará que se tiene por rendido para los efectos correspondientes;
b)    Si el informe no se rindió en los términos requeridos, sea por insuficiencia u omisión total, se elaborará un acuerdo de requerimiento en el que se otorgará a la convocante un plazo no mayor del otorgado originalmente para la rendición del informe circunstanciado sobre la ampliación de inconformidad, y se la apercibirá de que, si persiste el incumplimiento, se dará vista al OIC correspondiente por probables faltas administrativas, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y
c)    Si el informe fue rendido después los tres días hábiles, se tendrá por recibido en forma extemporánea, sin perjuicio de las posibles responsabilidades en que incurran los servidores públicos por dicha dilación.
Artículo 22. Recepción del escrito del tercero interesado sobre la ampliación de inconformidad. Una vez recibido el escrito de desahogo de vista sobre la ampliación de inconformidad, la autoridad que conozca deberá:
I.     Verificar lo siguiente:
a)    Que el emisor del escrito se encuentre previamente acreditado en el expediente, o bien, exhiba copia certificada del documento en el que se le faculte para tal efecto;
b)    Que los anexos del escrito se encuentren relacionados en este último o, de no estarlo, sean identificables en lo individual;
c)    Que contenga los medios de prueba necesarios ofrecidos por el tercero interesado, y
d)    Que se hubiera recibido en el plazo de tres días hábiles.
II.     Emitir un acuerdo, considerando cualquiera de los supuestos que proceda conforme a lo siguiente:
a)    Si el escrito se desahogó en los términos establecidos, se elaborará un acuerdo de recepción en el que se señalará que se tiene por presentado en tiempo y forma, para los efectos conducentes, y
b)    Si el escrito no se desahogó en los términos establecidos, sea por insuficiencia u omisión, se elaborará un acuerdo de preclusión en el que se señalará que el tercero interesado no desahogó en tiempo y forma la garantía de audiencia que le fue otorgada.
Capítulo Octavo
De las Pruebas y Alegatos
Artículo 23. Pruebas. Para proveer sobre las pruebas, se debe llevar a cabo lo siguiente:
A.    La autoridad revisará las constancias y actuaciones del expediente y verificará:
I.     Que todas las actuaciones previas, desde el inicio del trámite y hasta ese momento, se encuentren debidamente integradas en el expediente y cuenten con cédula o constancia de su legal notificación a las partes, según corresponda;
II.     Que obren en el expediente la totalidad de las pruebas que, por su propia y especial naturaleza, no requieran trámite para su desahogo;
III.    Que las pruebas ofrecidas por las partes sean necesarias e indispensables para resolver la inconformidad, en cuyo caso se identificarán aquellas que, a su consideración, no tengan ese carácter para ser rechazadas, y
IV.   Tratándose de pruebas documentales relativas al procedimiento de contratación impugnado, éstas deberán encontrarse debidamente integradas en el expediente y con la certificación o autorización correspondiente.
B.    Verificados los puntos anteriores, se analizarán los siguientes aspectos:
I.     Si se requiere solicitar informes u opiniones a otros órganos o autoridades, siempre que ello no implique la suplencia en la deficiencia probatoria en favor del inconforme, la convocante o el tercero interesado, de tal manera que no se afecte la imparcialidad de la instancia, en cuyo caso se realizarán las actuaciones necesarias para solicitarlos, y
II.     Si uno o varios medios de prueba anunciados por las partes requieren de un desahogo especial, que no pueda realizarse en un solo momento se practicarán las actuaciones necesarias para desahogarlas.
C.    Con base en el análisis señalado, la autoridad determinará el sentido del acuerdo de pruebas y alegatos, el cual se elaborará en el orden siguiente:
I.     Se acordarán las pruebas ofrecidas por las partes;
II.     Se acordarán las pruebas por el tipo de medio que corresponda, tomando en cuenta la secuencia que establece el artículo 93, del CFPC, es decir:
a)    Confesión;
b)    Documentos públicos;
c)    Documentos privados;
d)    Dictámenes periciales;
e)    Reconocimiento o inspección judicial;
f)     Testigos;
g)    Fotografías, escritos y notas taquigráficas, y en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, y
h)    Presunciones.
III.    Identificados los medios de prueba, se determinará su admisión o rechazo. En caso de rechazarse, se indicará con precisión lo siguiente:
a)    Si el medio de prueba es una confesional de las autoridades, se determinará inadmisible, esto es, no dará lugar a su recepción ni desahogo; no obstante, lo anterior, podrán solicitarse informes a las autoridades respecto de hechos que consten en sus expedientes o de documentos agregados a ellos, de conformidad con el primer párrafo, del artículo 50, de la LFPA, y
b)    Si el medio de prueba no tiene relación con el fondo del asunto, es improcedente o innecesario, se determinará de forma fundada y motivada su rechazo, con fundamento en el artículo 50, de la LFPA;
IV.   Respecto de los medios de prueba aceptados, se hará constar su admisión y se desahogarán como sigue:
a)    Se desahogarán por su propia y especial naturaleza, las documentales públicas y privadas; las fotografías, escritos y notas taquigráficas y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia; y tendrán el valor probatorio que establezca la ley y normas supletorias, en su caso, el que le otorgue la autoridad que conoce, conforme a lo que se pretenda probar en cada caso particular;
b)    Respecto de las presuncionales, en la resolución, la autoridad deberá analizar si las mismas se ofrecieron de manera genérica, en cuyo caso carecerían de valor probatorio, o bien, si el oferente precisó la presunción específica derivada de los hechos probados, con base en lo cual podría pronunciarse sobre el valor de la misma, conforme al artículo 218, del CFPC;
c)    Tratándose de pruebas que ameriten preparación previa o dada su naturaleza se observen las formalidades de ley, se acordará la fecha para el desahogo correspondiente y se notificará la determinación a las partes, cuando menos, en un plazo de tres días hábiles previos a la fecha establecida para el desahogo correspondiente. En estos casos, la autoridad observará las disposiciones y metodología establecidas en el CFPC, para el desahogo de estas pruebas;
d)    La convocatoria a la licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, las actas del procedimiento de contratación, los datos del contrato y cualquier información que hubiera sido generada y obtenida desde CompraNet, se considerarán documentos públicos, con independencia de que sean impresiones del sitio web o no hubieran sido certificadas, en atención al numeral 27, del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de junio de 2011, así como en el artículo 210-A, del CFPC;
e)    Los documentos que conforman las proposiciones de los licitantes deberán analizarse según la naturaleza de los mismos, siempre y cuando la litis se ubique en controvertir la proposición del tercero interesado, o bien, la impugnación verse sobre el desechamiento o la no adjudicación de la propuesta del inconforme, y
f)     Los informes que rindan las dependencias o entidades para resolver la litis planteada o se hubieran solicitado para mejor proveer en el asunto de que se trate, serán considerados documentos públicos.
Tratándose del tercero interesado, si éste no desahogó en tiempo y forma, su derecho de audiencia respecto del escrito inicial de inconformidad o del escrito de ampliación, en el acuerdo se hará constar dicha situación.
Desahogadas las pruebas, se emitirá acuerdo en el que se informará con precisión, tanto al promovente como al tercero interesado, que quedan a su disposición las constancias del expediente de inconformidad respectivo para la formulación de alegatos, con un plazo de tres días hábiles para tal efecto, el cual será notificado a las partes.
Artículo 24. Alegatos. Recibidos los alegatos, deberá corroborarse que se hubieran formulado en el plazo de tres días hábiles y presentado por persona facultada para ello, a fin de verificar si se promovió en tiempo o no. El acuerdo correspondiente se notificará a las partes.
Capítulo Noveno
Del Cierre de Instrucción
Artículo 25. Cierre de instrucción. Se revisarán las constancias y actuaciones del expediente de inconformidad, verificando que todas las actuaciones se encuentren debidamente integradas en el expediente y cuenten con cédula o constancia de su legal notificación a las partes, según corresponda.
Con base en la verificación anterior, se determinará si el expediente de inconformidad se encuentra integrado en su totalidad o no. Se acordará lo conducente, en consideración de lo siguiente:
I.     Si se determinó que el expediente se encuentra integrado en su totalidad, se elaborará acuerdo de cierre de instrucción, y
II.     Si se determinó que el expediente cuenta con omisiones, se elaborará acuerdo de regularización, en el que se ordenará que se subsanen las mismas, estableciéndose las medidas que se estimen pertinentes.
Capítulo Décimo
De la Resolución
Artículo 26. Resolución. La autoridad que conozca la inconformidad analizará el escrito inicial, en su caso, el de ampliación de inconformidad, el o los informes previos y circunstanciados de la convocante y el o los escritos de desahogo de garantía de audiencia del tercero interesado, si es el caso, refiriendo todos y cada uno de los medios de prueba ofrecidos en tales escritos y valorando, de acuerdo con las disposiciones conducentes, y, en su caso, conforme a su criterio, aquellos que hubieran sido admitidos y desahogados debidamente, determinando, en su caso, lo siguiente:
I.     Si son válidas o no las causas de improcedencia hechas valer por la convocante o el tercero interesado, a efecto de analizar el fondo de la instancia o sobreseerla;
II.     Si cada uno de los hechos que sustentan los motivos de inconformidad y la contestación de la convocante y el tercero interesado, así como de los alegatos, se acreditan plenamente con los medios de prueba ofrecidos y debidamente concatenados;
III.    Si la lectura de los escritos inicial y de ampliación, el informe previo y circunstanciado y los escritos de garantía de audiencia, así como de los alegatos, se advierten o no hechos propios de las partes que impliquen el reconocimiento y confesión expresa de los mismos;
IV.   Si al analizar los hechos acreditados, se advierten o no situaciones que impliquen contradicciones a los requisitos o condiciones establecidos en convocatoria y en las actas de las juntas de aclaraciones;
V.    Si al analizar las contradicciones acreditadas, se advierten situaciones que impliquen contravenciones de la normativa de la materia, y
VI.   Si al analizar las contravenciones o irregularidades detectadas, se determina que serían o no suficientes para anular el acto impugnado en la instancia de inconformidad, y en su caso los efectos de dicha nulidad.
Artículo 27. Elaboración de la resolución. Con base en el análisis anterior, se dictará la resolución en un término de 15 días hábiles, considerando, además del artículo 73, de la LAASSP, y 91, de la LOPSRM, según el caso, lo siguiente:
A.    En el apartado "Resultandos", se incluirá la información sobre cada uno de los acuerdos que obran en el expediente de inconformidad. Para ello, se señalará el acuerdo, la fecha de emisión, las fojas en que se encuentran localizados y una breve descripción de los mismos;
B.    En el apartado "Considerandos", se incluirán los siguientes puntos específicos:
I.     Competencia: Se señalarán los artículos, fracciones, incisos, subincisos y apartados de cada una de las normas jurídicas vigentes, siguiendo un orden jerárquico (de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta los reglamentos locales) que facultan a la persona servidora pública que emite la resolución;
II.     Oportunidad: Se analizará el requisito de temporalidad en la presentación de la inconformidad, determinando si el escrito inicial se interpuso en el plazo previsto en la LAASSP, y en la LOPSRM y, en su caso, sus reglamentos;
Para tal efecto, se cotejará la fecha de presentación del escrito inicial con aquella en que se emitió o se notificó el acto que se impugna, de acuerdo con los términos y plazos que establece la LFPA, y refiriendo las fojas en que se demuestren las fechas en cuestión;
III.    Procedencia: Se determinará si la instancia de inconformidad es contra alguno de los actos que se establecen en los artículos 65, de la LAASSP, y 83, de la LOPSRM, según el caso.
La autoridad deberá asentar claramente en la resolución si el acto impugnado es alguno de los contemplados en los artículos citados y, de ser el caso, si se demuestra el requisito de procedencia correspondiente, según el acto que corresponda;
IV.   Legitimación: Se analizará la personalidad jurídica de quien promovió la inconformidad, indicando el carácter con que se ostentó, así como el documento en que se le facultó para tal efecto;
V.    Análisis de los motivos de inconformidad: En este punto se procede al análisis de los motivos de inconformidad, con la finalidad de analizar y verificar que el o los actos impugnados se hubieran emitido en observancia de la normativa vigente de la materia.
La autoridad, de manera fundada y motivada, determinará si los argumentos y agravios que hace valer el inconforme son fundados, infundados o inoperantes, o bien, si las manifestaciones de la convocante y el tercero interesado son suficientes para sustentar la legalidad del acto impugnado.
Para ello, se sugiere hacer un resumen de cada uno de los hechos que se busca demostrar, así como de los motivos de inconformidad y su contestación por la convocante y el tercero interesado, a fin de que la autoridad esté en posibilidad de realizar el análisis según le resulte conveniente, sea en orden, de manera individual o conjunta, cuando guarden estrecha relación.
En el análisis, la autoridad está posibilitada para corregir errores u omisiones del inconforme en la cita de los preceptos que estime violados, pero no podrá pronunciarse sobre cuestiones que no hubieran sido expuestas por dicho promovente;
VI.   Valoración de las pruebas: En este punto, la autoridad describirá suficientemente la valoración que dio a cada uno de los medios de prueba ofrecidos y admitidos por las partes, así como de la concatenación de las mismas, los hechos que se demostraron con éstas;
VII.   La autoridad precisará el sentido de su resolución, con fundamento en los artículos 74, de la LAASSP, y 92, de la LOPSRM, según el caso, la cual podrá:
a)    Sobreseer la instancia, cuando se acredite alguna de las causales de improcedencia hechas valer por la convocante o el tercero interesado, en términos de los artículos 67 y 68, de la LAASSP, y 85 y 86, de la LOPSRM, según el caso;
b)    Declarar infundada la inconformidad, en cualquiera de los siguientes casos:
1.     Cuando no se demuestren los hechos que sustentan los motivos de inconformidad, y
2.     Cuando no obstante haberse demostrado cada uno de los hechos que sustentan los motivos de inconformidad, éstos no implican una contradicción a las condiciones de la convocatoria o a las juntas de aclaraciones, o no impliquen contravenciones de la normativa de la materia.
c)    Declarar inoperantes los motivos de inconformidad cuando las violaciones alegadas no resulten suficientes para afectar su contenido;
d)    Declarar fundada la inconformidad a efecto de decretar la nulidad total del procedimiento de contratación, cuando se determinen ciertos los hechos que sustentan los motivos de inconformidad y se demuestre que las contravenciones de la normativa de la materia implican un vicio de origen del procedimiento de contratación, es decir, desde la publicación de la convocatoria;
e)    Declarar fundada la inconformidad para efecto de decretar la nulidad del acto impugnado, cuando se determinen ciertos los hechos que sustentan los motivos de inconformidad y se demuestre que las contravenciones de la normativa de la materia implican vicios específicos del acto impugnado, lo que permitirá la reposición del acto nulificado, subsistiendo la validez del procedimiento o acto en la parte que no fue materia de la declaratoria de nulidad;
f)     Declarar fundada la inconformidad para efecto de ordenar la firma del contrato, en caso de impugnarse los actos y omisiones de la convocante que impidan la formalización, y
g)    Declarar fundada la inconformidad para efecto de determinar la ilegalidad de la cancelación de la licitación objeto de la inconformidad, y
VIII.  Directrices para la reposición de los actos impugnados: Una vez decretada la nulidad del acto impugnado, cuando se hubiera declarado fundada la inconformidad, la autoridad establecerá las medidas a adoptarse por la convocante para la reposición del mismo.
Las directrices deben encaminarse a reponer únicamente aquellos aspectos que se hubieran declarado nulos e inválidos, sin que puedan extenderse a otros que no fueron hechos valer por el inconforme en su escrito inicial o de ampliación, quedando intocado aquello que no fue nulificado.
Por último, se requerirá que la convocante demuestre el cumplimiento a dichas directrices de manera documental, por lo cual, la autoridad establecerá un plazo no mayor de seis días hábiles, para que le sean remitidos los medios de prueba correspondientes, con independencia de que se promueva un incidente o una nueva inconformidad por los particulares interesados, de conformidad con los artículos 75, de la LAASSP, y 93, de la LOPSRM, según el caso.
C.    En el apartado de "Resolutivos", se indicará el sentido de la resolución y se advertirá con precisión que podrá impugnarse por los medios establecidos por la Ley de la materia, y la orden de notificar a cada una de las partes, así como la de archivar el expediente en el momento oportuno.
En su caso, se pronunciará sobre el levantamiento de la suspensión de oficio o a petición de parte, que hubiera sido decretada.
Si procede, se dará vista a las autoridades competentes para la investigación correspondiente, si con motivo del trámite de la inconformidad se advierta alguna irregularidad.
La resolución será suscrita por la autoridad competente con firma autógrafa, la cual será notificada, glosada y registrada en el Sistema Integral de Inconformidades.
Capítulo Décimo Primero
Del Cumplimiento de la Resolución
Artículo 28. Acatamiento de la resolución. En caso de haber resultado fundada la inconformidad, se otorgará un plazo no mayor de seis días hábiles para que la convocante acate la resolución.
Una vez que se reciban las constancias del acatamiento, la autoridad resolutora las pondrá a la vista del inconforme y, en su caso, del tercero interesado, para que, de considerarlo pertinente ejerzan su derecho de pronunciarse sobre el cumplimiento a la resolución vía incidental.
Artículo 29. Incidente de acatamiento de la resolución. En caso de que no se hubiera acatado en tiempo o forma la resolución de la inconformidad, el inconforme y el tercero interesado tendrán tres días hábiles para hacer valer en vía incidental, la repetición, defectos, excesos u omisiones en que hubiera incurrido la convocante.
Con el escrito que se presente en los términos del párrafo anterior, se requerirá a la convocante para que rinda un informe en el plazo de tres días hábiles y dará vista al tercero interesado o al inconforme, según corresponda, para que en el mismo plazo manifieste lo que a su interés convenga.
Si se acredita que la resolución no fue cumplimentada según las directrices fijadas, la autoridad resolutora dejará insubsistente el acto respectivo, y ordenará a la convocante su reposición en un plazo de tres días hábiles, de acuerdo con lo ordenado en la resolución que puso fin a la inconformidad.
Si resultara que hubo una omisión total, requerirá a la convocante el acatamiento inmediato.
Capítulo Décimo Segundo
De los medios de Defensa
Artículo 30. De los medios de defensa. El inconforme y el tercero interesado podrán recurrir la resolución administrativa mediante el recurso de revisión, o bien, impugnarla ante las instancias jurisdiccionales competentes.
Asimismo, la resolución que ponga fin al incidente previsto en este artículo podrá impugnarse por el inconforme o tercero interesado mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, cuando proceda, ante las instancias jurisdiccionales competentes.
Artículo 31. Del desacato. El desacato de las convocantes a las resoluciones y acuerdos que se emitan en los procedimientos de inconformidad será sancionado de conformidad con lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
TRANSITORIOS
ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Ciudad de México, a 28 de mayo de 2024.- El Secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino.- Rúbrica.
 

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