DOF: 07/06/2024
ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos para la atención e investigación de denuncias

ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos para la atención e investigación de denuncias.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- FUNCIÓN PÚBLICA.- Secretaría de la Función Pública.

ROBERTO SALCEDO AQUINO, Secretario de la Función Pública, con fundamento en los artículos 37, fracciones XVIII, XXVI y XXIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 10, fracciones I y III, 11, fracción IX, inciso f), y 12, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y
CONSIDERANDO
Que, en términos de la fracción XVIII del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de su competencia, conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la Administración Pública Federal que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar los procedimientos correspondientes conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por sí, o por conducto de los órganos internos de control o las unidades de responsabilidades o equivalentes en las empresas productivas del Estado;
Que el titular de esta secretaría cuenta entre sus atribuciones con las de emitir y dictar normas, políticas, criterios, lineamientos y disposiciones de carácter general necesarios para el ejercicio de las facultades que las leyes y demás ordenamientos jurídicos otorgan a la dependencia en las materias de su competencia, entre otras, las relativas a la fiscalización, vigilancia, presentación de denuncias y responsabilidades administrativas, planeación y administración de recursos humanos;
Que el artículo 15 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas dispone que, para prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción, las secretarías y los órganos internos de control podrán implementar acciones para orientar el criterio que en situaciones específicas deberán observar los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, y que en la implementación de dichas acciones los órganos internos de control deberán atender los lineamientos generales que emitan las secretarías;
Que, con fecha 9 de diciembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establece el Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas, actualmente Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC), el cual es administrado por la Secretaría de la Función Pública mediante las áreas facultadas para ello en su Reglamento Interior y se constituye como un mecanismo de registro, captación, administración y atención de las quejas y denuncias presentadas en el marco de las entonces vigentes Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas;
Que, con fecha 25 de abril de 2016, se expidieron los Lineamientos para la Atención, Investigación y Conclusión de Quejas y Denuncias, los cuales regulaban el registro, atención y conclusión de las peticiones ciudadanas y denuncias, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, abrogada el 18 de julio de 2016, con motivo de la publicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por lo cual resulta necesario armonizar el marco normativo en dicha materia;
Que, en los Capítulos I y II, del Título Primero del Libro Segundo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se establece el marco regulatorio respecto de la investigación por la presunta responsabilidad por la comisión de faltas administrativas, indicando que en toda investigación deberán observarse los principios de legalidad, exhaustividad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material, presunción de inocencia, respeto a los derechos humanos, perspectiva de género, austeridad republicana, combate a la corrupción e impunidad, y reglas de integridad para el ejercicio de la función pública que deben observar las autoridades investigadoras;
Que el artículo 18, fracciones I a IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, establece que para los efectos de los ordenamientos en materia de responsabilidad administrativa tienen carácter de autoridad investigadora de faltas administrativas y de faltas de particulares, entre otras, las personas titulares de la Coordinación General de Gobierno de Órganos de Control y Vigilancia; de un Órgano Interno de Control Específico; del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones de un Órgano Interno de Control Específico; del Órgano Especializado en Quejas, Denuncias e Investigaciones; del Área de Especialidad en Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Especializado Quejas, Denuncias e Investigaciones; de una Unidad de Responsabilidades; del Área de Quejas de una Unidad de Responsabilidades; de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades; del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades; de la Coordinación General de Combate a la Impunidad; de la Jefatura de la Unidad Investigadora; de la Dirección General de Investigación de Faltas Administrativas; del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública y del Área de Quejas de dicho Órgano; de las demás unidades administrativas de la Secretaría de la Función Pública a las que su reglamento interior atribuya facultad para investigar faltas administrativas;
Que, en los artículos 140, 143, 153, 155 y 156, del mencionado reglamento, se disponen las facultades que tienen las unidades administrativas adscritas a la Jefatura de la Unidad Investigadora de la Secretaría de la Función Pública, en materia de denuncias e investigaciones, correspondiéndoles recibir las denuncias presentadas con motivo de presuntas faltas administrativas cometidas por servidores públicos de las dependencias, entidades, empresas productivas del Estado y particulares; en su caso, supervisar la recepción e instruir su remisión, mediante el sistema electrónico para la atención de denuncias contra servidores públicos y particulares, a los órganos internos de control y a las unidades de responsabilidades en las empresas productivas del estado y sus delegaciones en las empresas productivas subsidiarias, cuando les corresponda su atención y trámite;
Que los artículos 97, fracciones II y III, 100, fracciones II y III, 115, fracción II, 117, fracción II, y 125, fracciones II y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, establecen que los Órganos Internos de Control Específicos, Unidades de Responsabilidades, Órgano Especializado en Quejas, Denuncias e Investigaciones, y Áreas de Especialidad en Quejas, Denuncias e Investigaciones, tienen la facultad de recibir e investigar hechos probablemente constitutivos de faltas administrativas a cargo de los servidores públicos o de los particulares por las conductas que sean sancionables en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y
Que, con la finalidad de contar con instrumentos que regulen las acciones de recepción, registro, administración, atención y conclusión de las denuncias presentadas en el marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por hechos u omisiones que pudieran constituir presuntas faltas administrativas, he tenido a bien expedir el siguiente
ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE
DENUNCIAS
Título Primero
De la Captación y Registro de las Promociones en el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. El presente acuerdo tiene por objeto establecer la actuación que deberán observar las autoridades investigadoras referidas en la fracción II, del artículo 2, de este ordenamiento, en la recepción, registro, administración y trámite de las peticiones ciudadanas, así como la recepción, registro, administración, investigación y conclusión de las denuncias por hechos u omisiones que puedan constituir presuntas faltas administrativas.
Artículo 2. Definiciones. Para efectos del presente acuerdo, se entenderá por:
I.          Acuse: Recibo electrónico generado por el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas, que acredita la recepción de una promoción; contiene folio ciudadano y clave para el seguimiento por parte de la persona promovente;
II.         Autoridad Investigadora: Las personas titulares de la Coordinación General de Combate a la Impunidad; la Jefatura de la Unidad Investigadora; la Dirección General de Investigación de Faltas Administrativas; la Coordinación General de Gobierno de Órganos de Control y Vigilancia; un Órgano Interno de Control Específico; del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones de un Órgano Interno de Control Específico; del Órgano Especializado en Quejas, Denuncias e Investigaciones; del Área de Especialidad en Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Especializado en Quejas, Denuncias e Investigaciones; de una Unidad de Responsabilidades; del Área de Quejas de una Unidad de Responsabilidades; de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades; del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades;
III.        Autoridad Substanciadora: Las personas titulares de la Coordinación General de Combate a la Impunidad; de la Jefatura de la Unidad Substanciadora y Resolutora; de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas; del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública y del Área de Responsabilidades de dicho Órgano; de la Coordinación General de Gobierno de Órganos de Control y Vigilancia; de un Órgano Interno de Control Específico; del Área de Responsabilidades de un Órgano Interno de Control Específico; del Órgano Especializado en Responsabilidades; del Área de Especialidad en Responsabilidades del Órgano Especializado en Responsabilidades; de una Unidad de Responsabilidades; del Área de Responsabilidades de una Unidad de Responsabilidades; de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades; del Área de Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades;
IV.        Autoridad Resolutora: Las personas titulares de la Coordinación General de Combate a la Impunidad; de la Jefatura de la Unidad Substanciadora y Resolutora; de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas; del Órgano Interno de Control de la Secretaría y del Área de Responsabilidades de dicho Órgano; de la Coordinación General de Gobierno de Órganos de Control y Vigilancia; de un Órgano Interno de Control Específico; del Área de Responsabilidades de un Órgano Interno de Control Específico; del Órgano Especializado en Responsabilidades; del Área de Especialidad en Responsabilidades del Órgano Especializado en Responsabilidades; de una Unidad de Responsabilidades; del Área de Responsabilidades de una Unidad de Responsabilidades, y de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades, y del Área de
Responsabilidades de la Delegación de la Unidad de Responsabilidades; y de las demás unidades administrativas de la secretaría a las que su reglamento Interior atribuya facultad para resolver procedimientos de responsabilidad administrativa;
V.         APF: Administración Pública Federal;
VI.        CGCI: Coordinación General de Combate a la Impunidad;
VII.       CGGOCV: Coordinación General de Gobierno de Órganos de Control y Vigilancia;
VIII.      DDAC: Dirección de Denuncias y Atención Ciudadana;
IX.        DGIFA: Dirección General de Investigación de Faltas Administrativas;
X.         Días hábiles: Todos los del año, a excepción de los sábados, domingos y los señalados en el Decreto por el que se reforma el Artículo Segundo del Decreto por el que se establece el Calendario Oficial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2006, y todos aquellos en que se suspendan oficialmente labores en la Secretaría de la Función Pública, los cuales deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación;
XI.        Delegados: Personal que tiene la atribución de aplicar el régimen de responsabilidades administrativas en las empresas productivas subsidiarias de las empresas productivas del Estado, y que cuentan con una estructura análoga a la Unidad de Responsabilidades;
XII.       Denuncia: Promoción, captada bajo cualquier modalidad, en términos del presente acuerdo, en la que se manifiestan actos u omisiones presuntamente constitutivos de faltas administrativas de personas servidoras públicas, o bien, particulares vinculados con faltas administrativas graves;
XIII.      Ente público: Los Poderes Legislativo y Judicial; los órganos constitucionales autónomos; las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y sus homólogos de las entidades federativas; los municipios de éstas y las alcaldías de la Ciudad de México, y sus dependencias y entidades; las fiscalías o procuradurías locales, los órganos jurisdiccionales que no formen parte de los poderes judiciales, las empresas productivas del Estado, así como cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos citados de los tres órdenes de gobierno;
XIV.      Exhaustividad. La exigencia de que se investiguen todos los hechos que motivaron la apertura del expediente de investigación;
XV.       Expediente: El expediente de investigación de Presunta Responsabilidad Administrativa;
XVI.      IPRA: Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa;
XVII.     LGRA: Ley General de Responsabilidades Administrativas;
XVIII.     OIC: Los órganos internos de control especializados y específicos;
XIX.      Persona denunciante: La persona física, moral o servidora pública que acude ante las autoridades investigadoras referidas en el presente acuerdo, con el fin de denunciar actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con faltas administrativas.
XX.       Personas servidoras públicas autorizadas: el personal designado por las autoridades investigadoras responsables para la captación, registro, administración, atención y trámite de las promociones en el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas;
XXI.      Petición ciudadana: Promoción relacionada con trámites y servicios que prestan las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal, las Empresas Productivas del Estado y cualquier organismo público;
XXII.     Promoción: Instrumento mediante el que se hace del conocimiento de las autoridades investigadoras un hecho, el cual puede ser clasificado por éstas, para efectos del presente acuerdo, como denuncia o petición ciudadana;
XXIII.     Promovente: Cualquier persona, física o moral, servidor público o autoridad, que presente una promoción;
XXIV.    Reglamento: Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública;
XXV.     Secretaría: Secretaría de la Función Pública;
XXVI.    SIDEC: Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas;
XXVII.   UI: Unidad Investigadora, y
XXVIII.   UR: Unidad de Responsabilidades en las Empresas Productivas del Estado.
Capítulo II
Del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC)
Artículo 3. Objeto del SIDEC. El SIDEC es un mecanismo de recepción, registro, administración y atención de las denuncias presentadas en el marco de la LGRA; en la secretaría constituye el único medio de almacenamiento, custodia, consulta, reproducción, verificación, administración y transmisión de dicha información.
La DDAC proporcionará a las autoridades investigadoras, previa solicitud, cuenta de usuario y contraseña para ingresar al SIDEC; dichas autoridades serán responsables del uso y cancelación de las cuentas y las contraseñas.
El acceso a dicho sistema se realizará mediante la liga electrónica que para tal efecto determine la secretaría.
Artículo 4. Recepción y turno. La DDAC recibirá y turnará las promociones a las autoridades investigadoras por medio del SIDEC, para que sean atendidas a más tardar el día hábil siguiente al de su recepción.
Capítulo III
De la Clasificación y Registro en el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC)
Artículo 5. Clasificación. Las autoridades investigadoras deberán clasificar en el SIDEC, según corresponda, las promociones recibidas por ese medio, a más tardar el día hábil siguiente al de su recepción y atenderlas de conformidad con el procedimiento siguiente:
Una vez recibida la promoción, deberán analizar su contenido a efecto de determinar si es una petición ciudadana o una denuncia.
Si del análisis de la promoción respectiva, concluyen que no es de su competencia, deberán turnarla a la autoridad competente dentro de los diez días siguientes.
Si se determina como petición ciudadana, deberán gestionarla de manera inmediata; será responsabilidad de los entes públicos su atención, sin que deba realizarse una investigación o seguimiento.
Si se turna la promoción a otra autoridad investigadora, no hará falta hacerlo físicamente, ya que dicho turno se realizará por medio de su registro en el SIDEC.
Si se turna a algún órgano estatal o a otras autoridades, será necesario remitir el asunto por oficio.
Las promociones recibidas directamente en los OIC y UR, cuando sean clasificadas como peticiones ciudadanas, se atenderán de inmediato y, en su caso, se remitirán a la autoridad competente sin que sea necesario su registro en el SIDEC.
Artículo 6. Registro. Las autoridades investigadoras utilizarán el SIDEC para registrar las denuncias que reciban de cualquier modalidad, o bien, cualquier investigación que se inicie de oficio por la presunta responsabilidad de faltas administrativas; el SIDEC generará un folio ciudadano y una clave, indispensables para que las personas promoventes puedan dar seguimiento y conocer el estado de su asunto.
El registro de las denuncias deberá realizarse a más tardar el día hábil siguiente al de su recepción por el OIC, la UR y, en su caso, las delegaciones que correspondan, en donde se radicará el asunto.
El folio ciudadano y clave serán notificados a la persona promovente cuando éstos fueren identificables o localizables, dentro de los diez días hábiles siguientes de la radicación.
Cada actuación generada durante la investigación se registrará en el SIDEC dentro de los tres días hábiles siguientes a su realización, de acuerdo con los campos requeridos, siendo obligatorios únicamente los así marcados por el mismo sistema.
Se deberá incorporar obligatoriamente al SIDEC la versión digitalizada de la denuncia, así como de los acuerdos de radicación, calificación y conclusión, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción o emisión, excepto en los asuntos de omisión o extemporaneidad en la presentación de la declaración de situación patrimonial, en cuyo caso no se deberán incorporar archivos digitalizados.
Capítulo IV
De la Dirección de Denuncias y Atención Ciudadana
Artículo 7. Trámite de Promociones. La DDAC recibirá y analizará las promociones para remitirlas a las autoridades investigadoras por medio del SIDEC, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción.
Dichas promociones serán registradas en el SIDEC; su atención y seguimiento será responsabilidad de las autoridades investigadoras.
En el caso de las promociones recibidas por medio del SIDEC, la persona promovente, con su folio ciudadano y clave generados al momento de enviar la denuncia, deberá consultar el comunicado ciudadano que emita el sistema, a efecto de enterarse de la autoridad competente que conocerá de su asunto, así como el seguimiento del mismo.
Cuando una promoción no contenga datos o indicios que permitan advertir una presunta responsabilidad administrativa por la comisión de faltas administrativas, o no se realice de manera pacífica y respetuosa, no se le dará trámite alguno, comunicándoselo a la persona promovente cuando ésta sea identificable o localizable.
Si del análisis de la promoción, se concluye que el asunto es competencia de otra autoridad que no sea parte de la APF, se turnará a la misma dentro de los diez días hábiles siguientes.
La UI, previo acuerdo con el Titular de la CGCI, determinará aquellos asuntos de los que deba conocer la DGIFA por la naturaleza de los hechos denunciados o la gravedad de las presuntas infracciones.
Cuando al atender las promociones se advierta que se proporciona una dirección de correo electrónico para efectos de notificación, así como un domicilio como medio de contacto, se privilegiará el uso del correo electrónico para la notificación del comunicado correspondiente, en cuyo caso deberá obtenerse la confirmación de su recepción.
Artículo 8. Evaluación. El SIDEC será la herramienta para realizar la evaluación de las autoridades investigadoras con base en la normativa aplicable para la Evaluación del Desempeño de las autoridades investigadoras que publique la CGGOCV para tal efecto.
Artículo 9. Asesoría. La DDAC proporcionará la asesoría y asistencia técnica necesarias a los usuarios autorizados en el SIDEC.
Las consultas técnicas que se deriven de la operación del SIDEC, serán recibidas por la DDAC mediante el correo electrónico o el número telefónico establecidos previamente.
Capítulo V
De la Denuncia
Artículo 10. Formas de presentación. Las denuncias podrán ser presentadas de manera electrónica o física, conforme a los mecanismos establecidos para tal efecto y deberán contener los datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa por la comisión de faltas administrativas.
Si la persona denunciante fuera servidor público, podrá solicitar medidas de protección al formular su denuncia o durante la investigación, cuando se trate de hechos relacionados con faltas graves o de particulares, por lo que la autoridad investigadora deberá pronunciarse al respecto en un término que no exceda de diez días hábiles, debiendo dar vista al ente público donde presta sus servicios la persona denunciante, el cual deberá evaluar y atender dicha solicitud en el mismo plazo.
Capítulo VI
De la Competencia
Artículo 11. Determinación de competencia. Ante la recepción de una promoción, las autoridades investigadoras analizarán el asunto planteado para determinar la atención procedente.
Cuando las autoridades investigadoras adviertan que se trate de denuncias ajenas a responsabilidades administrativas o que impliquen conflictos jurídicos entre particulares, pertenecientes al ámbito del derecho civil, agrario, laboral, fiscal, penal, o que corresponda conocer de ellas a alguna autoridad jurisdiccional, judicial o legislativa, federal o local, se realizará lo siguiente:
I.     Se emitirá un acuerdo de incompetencia dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de su recepción, en el que se ordene la remisión a la autoridad competente;
II.     El mismo plazo se observará si la incompetencia se advierte en cualquier momento de la investigación;
III.    Se informará la incompetencia en el plazo de diez días a quien promueve y la remisión a la autoridad competente, por medio de comunicado, dejando a salvo sus derechos para hacerlos valer en la vía legal correspondiente, y
IV.   Cuando se formulen denuncias en contra de los titulares de los OIC, las UR, sus delegados, y las personas titulares de sus áreas, así como de servidores públicos adscritos a la SFP, se deberá turnar al Órgano Interno de Control de la secretaría, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al de la recepción de la denuncia.
Capítulo VII
Del Estudio Preferente
Artículo 12. Del estudio preferente. Cuando al analizar la denuncia, o la documentación que la acompañe, la autoridad investigadora advierta que, a la fecha de su presentación, la falta administrativa relacionada con los hechos denunciados, notoriamente ha superado los plazos establecidos en la LGRA para la imposición de sanciones, podrá realizar fundada y motivadamente un estudio preferente del asunto, y mediante acuerdo determinar la abstención de llevar a cabo la investigación, para lo cual deberá acreditar que, conforme a la fecha de comisión de la conducta o en la que ésta cesó, y la temporalidad en la que fue susceptible de ser sancionada, tal facultad prescribió.
De igual forma, podrá abstenerse de continuar con la investigación si durante su tramitación se obtienen elementos que permitan determinar que, a la fecha de la presentación de la denuncia, la facultad para sancionar la presunta falta administrativa había prescrito.
Artículo 13. El acuerdo a que se refiere el numeral anterior deberá ser suscrito por la autoridad investigadora y con la autorización de su superior jerárquico.
Capítulo VIII
Del Ejercicio de la Facultad de Atracción
Artículo 14. Para la atracción. Para efectos de ejercer la facultad de atracción prevista en el reglamento, se tomará en consideración conjunta o separadamente lo siguiente:
I.     La naturaleza de los hechos;
II.     La gravedad del asunto, y
III.    Cuantía de la afectación, igual o superior a 200,000 Unidades de Medida y Actualización (UMAS).
Lo anterior procederá previa autorización de la persona titular de la CGCI.
En su caso, la CGGOCV podrá proponer al titular de la CGCI, la atracción de asuntos, con base en el análisis de los criterios señalados.
Artículo 15. Instruida la remisión del asunto, las autoridades investigadoras observarán lo siguiente:
I.     Se efectuará la remisión del expediente mediante oficio dirigido a la DGIFA, en el que se precisará el total de tomos y número de fojas que integran el expediente, de forma inmediata;
II.     La DGIFA recibirá el asunto de que se trate, lo tramitará en los términos que corresponda y notificará a la persona denunciante la atracción, mediante comunicado en el plazo de diez días hábiles;
III.    Los expedientes remitidos a la DGIFA por atracción estarán debidamente integrados, entre sellados, sujetados y foliados hasta la última actuación que se hubiera generado, y
IV.   Las autoridades investigadoras deberán concluir en el SIDEC el folio correspondiente al expediente que remitirán, señalando el motivo de la conclusión, la cual se realizará una vez que se haya remitido el expediente físico.
Título Segundo De la Atención de las Denuncias
Capítulo I
Del Inicio de la Investigación
Artículo 16. Registro de la investigación. Las autoridades investigadoras deberán registrar en el SIDEC la denuncia el día hábil siguiente al de haber recibido el turno correspondiente, y emitirán el acuerdo de radicación dentro de los tres días hábiles siguientes a la emisión del folio de registro. El registro de la denuncia deberá contener como mínimo lo siguiente:
I.     Lugar y fecha de elaboración;
II.     Nombre del denunciante cuando sea identificable;
III.    Nombre y cargo de la persona servidora pública o particular involucrada, cuando fueran identificables;
IV.   Número de folio emitido por el SIDEC;
V.    Determinación de competencia e inicio de la investigación;
VI.   Descripción de las acciones y líneas de investigación que se consideren necesarias para el esclarecimiento de los hechos, las cuales podrán ser de manera enunciativa, mas no limitativa;
VII.   Determinación del marco jurídico de aplicación, tratándose de investigación de hechos en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y/o LGRA;
VIII.  Instrucción de notificación a la persona denunciante del inicio de la investigación correspondiente, cuando sea localizable o identificable, o justificación de imposibilidad, y
IX.   Nombre y cargo de la autoridad investigadora facultada para llevar a cabo la indagatoria, señalando al personal del que se auxiliará.
Artículo 17. Las autoridades investigadoras, durante el desarrollo de la investigación, deberán en todo momento salvaguardar los derechos de las personas denunciantes, prevaleciendo la perspectiva de género, con la finalidad de evitar una situación de vulnerabilidad o desigualdad, de acuerdo con la normativa aplicable.
La etapa de investigación no podrá exceder de ciento ochenta días hábiles, contados a partir del día en que se recibió la denuncia.
Cuando por la naturaleza o complejidad del asunto no sea posible concluir las investigaciones en el plazo señalado, podrá emitirse un acuerdo de trámite en el que se establezca la ampliación del plazo de la etapa de investigación hasta por un periodo igual.
En los plazos señalados, la autoridad investigadora deberá tomar en consideración los correspondientes a la prescripción.
Los expedientes no deberán presentar inactividad procesal por más de treinta días hábiles. No se considerarán en este supuesto los casos en los que por la naturaleza del asunto se hubiera requerido la actuación de una autoridad distinta a la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado en la que se encuentren las autoridades investigadoras que conozcan del asunto, o bien, se realice una diligencia que requiera una gestión distinta a las solicitudes de requerimiento de información.
Los plazos antes referidos de ninguna forma podrán implicar la prescripción de los asuntos.
Capítulo II
De los Tipos de Acuerdos
Artículo 18. De integración. Cuando se reciba reiteradamente una denuncia, en la que exista identidad o conexidad en las personas denunciadas y en los hechos, se deberá agregar al expediente primigenio para evitar duplicidad de investigaciones, y se emitirá, en su caso, el comunicado al denunciante, y se notificará en el término de tres días hábiles siguientes a su emisión y registrando el acuerdo en el SIDEC, incorporando la versión digitalizada de la denuncia que se integrará.
En el supuesto de que las denuncias se recibieran simultáneamente, se registrará cualquiera de ellas en el SIDEC y a ésta se integrarán las subsecuentes.
Artículo 19. De la acumulación. Cuando existan varios expedientes de presunta responsabilidad administrativa que puedan ser resueltos en uno solo, por existir identidad o conexidad en las personas denunciadas y en los hechos, se emitirá un acuerdo de acumulación y el correspondiente comunicado al denunciante, el cual será notificado en el término de tres días hábiles siguientes a la emisión del acuerdo.
Se deberá verificar si existen denuncias presentadas con anterioridad respecto a los mismos hechos que se encuentren en proceso de investigación, a efecto de identificar y determinar, la acumulación; en su caso, se acumulará la investigación al expediente de mayor antigüedad, para continuar con su trámite.
Salvo que, por la naturaleza de las conductas investigadas, o bien, por estrategia jurídica, porque del análisis de las líneas de investigación se concluya que no podrían ser agotadas dentro de un mismo periodo, no se realizará dicha acumulación, a fin de preservar la eficacia de los procedimientos y evitar la impunidad.
Artículo 20. De trámite. Se consideran acuerdos de trámite aquellos que se emiten con motivo de la recepción de una promoción o de información para integrarla al expediente, cualquier determinación procedimental, o cualquier otro aspecto o actuación que la autoridad conocedora del asunto deba tramitar.
Los acuerdos de trámite para la recepción de promociones o de información deberán estar fundados y motivados en cuanto a su competencia y causa, y emitirse dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de la actuación que los motive.
Toda documentación que se genere durante la investigación deberá estar integrada al expediente respectivo, en original con firma autógrafa o copia certificada; entre sellada, rubricada, foliada y archivada conforme a la fecha de su recepción, de tal manera que la última actuación quede debajo de las realizadas con anterioridad, y así sucesivamente. Dicho expediente deberá sujetarse adecuadamente, a efecto de evitar el desprendimiento de las hojas; las páginas en blanco se cancelarán.
Capítulo III
De las Diligencias de investigación
Artículo 21. Obtención de información. Durante la indagatoria, las autoridades investigadoras tendrán acceso a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos y podrán realizar todo tipo de diligencias y actos, con el objetivo de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones consideradas como faltas administrativas.
De manera enunciativa, se citan las siguientes diligencias:
I.      Solicitud de requerimiento de información y documentación. Las autoridades investigadoras podrán requerir información y documentación a las dependencias, entidades y particulares, mediante oficio y en los plazos previstos por la LGRA. La documentación soporte será en original o copia certificada;
II.     Citación de la persona denunciante, las personas servidoras públicas y particulares que conozcan los hechos. Cuando la persona denunciante sea identificable o localizable, podrá solicitársele, mediante oficio o correo electrónico, que comparezca ante la autoridad investigadora, con la finalidad de que aporte mayores indicios o datos que permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa por la comisión de faltas administrativas. De igual forma, se podrá citar a comparecer a las personas servidoras públicas y particulares que conozcan los hechos, mediante oficio o correo electrónico, cuando presumiblemente tengan conocimiento de los hechos denunciados, a fin de constatar la veracidad de los mismos;
III.    Otras diligencias de investigación. Se podrá ordenar la práctica de auditorías, visitas de inspección y operativos en coordinación con la autoridad competente, así como solicitarles dictámenes, de conformidad con las disposiciones aplicables, y
IV.    Para la atención de los requerimientos, se otorgarán los plazos previstos en la LGRA; en caso de incumplimiento, se emitirá el respectivo apercibimiento, y cuando corresponda se impondrán las medidas de apremio, de conformidad con la LGRA.
Capítulo IV
De los Comunicados y Notificaciones
Artículo 22. De las notificaciones. Las notificaciones o citaciones se practicarán de manera personal, o en los términos en que el denunciante lo hubiera solicitado, y se dejará constancia de las mismas. Se empleará el correo electrónico o cualquier otro medio que permita informar al denunciante lo conducente. Agotado lo anterior, se efectuará por estrados.
Se notificarán personalmente o por el medio que hubiera señalado el denunciante lo siguiente:
I.     La radicación del expediente de investigación a la persona denunciante, cuando sea identificable;
II.     La calificación de la falta administrativa a la persona denunciante, cuando sea no grave;
III.    La determinación de conclusión y archivo del expediente a la persona denunciante, cuando ésta sea identificable y, en su caso, a las personas servidoras públicas y particulares sujetas a la investigación; y
IV.   Las citaciones a comparecer, para las que se observará que entre la fecha de éstas y de la comparecencia, medie un plazo no menor de cinco días ni mayor de quince días hábiles, contados a partir de la notificación respectiva.
En el caso de que se desconozca el domicilio de la persona denunciante u otro medio de contacto, o la denuncia fuera anónima, las notificaciones se efectuarán por estrados o rotulón.
Artículo 23. Las notificaciones se tendrán por hechas el día hábil siguiente a que surtan sus efectos; las notificaciones personales surtirán sus efectos el día hábil siguiente al de su realización.
Las notificaciones por rotulón surtirán sus efectos después de los tres días hábiles siguientes de la fijación del rotulón, debiendo asentarse el día y hora de dicho acto.
Artículo 24. El personal adscrito a las autoridades investigadoras, habilitado para llevar a cabo la notificación, deberá cerciorarse del domicilio de la persona buscada y posteriormente realizar la diligencia, en la cual señalará fecha y hora en que la notificación se efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia.
En caso de no encontrarse quien debe ser notificado, se dejará citatorio para que espere en el domicilio designado, a hora fija del día hábil siguiente.
Si la persona a quien se debe notificar no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia, y de negarse dicha persona a recibirla o, en su caso, de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio.
Artículo 25. El personal adscrito a las autoridades investigadoras habilitado para llevar a cabo la notificación deberá asentar razón de todas las acciones desplegadas en las notificaciones personales, las cuales se agregarán como constancia al expediente.
Capítulo V
De las Actas Circunstanciadas
Artículo 26. De las actas. Durante la investigación, se elaborarán actas circunstanciadas de cualquier diligencia que se practique, debidamente firmadas por todas las personas que intervengan en los procedimientos; si se negaren a hacerlo, se dejará constancia de tal hecho.
Dichas actas son constancias de las actuaciones y diligencias practicadas durante la investigación, por medio de ellas, se preservan los actos y diligencias de la investigación llevados a cabo, las cuales deberán contener como mínimo, lo siguiente:
I.     Lugar, fecha y hora de inicio de la diligencia;
II.     Nombre y cargo de la persona servidora pública o particular ante quien se practica la diligencia y fundamento de su actuación;
III.    Datos generales del, o las personas comparecientes;
IV.   Documento oficial con el que se identifiquen;
V.    Exhorto para conducirse con verdad;
VI.   Motivo de la diligencia;
VII.   Manifestaciones efectuadas por el, o las personas comparecientes;
VIII.  Hora de término de la diligencia, y
IX.   Firmas de las personas que hubieran intervenido en ella, incluyendo dos testigos de asistencia.
Durante la comparecencia, se podrán formular preguntas al compareciente sobre los hechos denunciados, para su esclarecimiento.
Artículo 27. Cuando en una investigación se cite a dos o más personas comparecientes el mismo día, deberán adoptarse las providencias necesarias para impedir que se comuniquen entre sí, o por medio de otra persona, antes o durante las comparecencias.
 
Artículo 28. Durante las comparecencias, se hará del conocimiento de la persona citada que podrá aportar la información y documentación que soporte su dicho, a fin de que las autoridades investigadoras determinen lo conducente.
Artículo 29. Si la persona citada a comparecer no asiste el día y hora señalados en el citatorio, se elaborará la constancia respectiva, en la cual se asentarán, entre otros datos, lugar, fecha y hora del inicio de la diligencia; autoridad actuante; nombre de la persona citada, la referencia del asunto de que se trate, número del oficio del citatorio y fecha del acuse de recibo; el tiempo de espera, hora de término y firma del acta.
Sin perjuicio de lo anterior, las autoridades investigadoras requerirán nuevamente la comparecencia de las personas citadas, en cuyo caso podrá hacer uso de las medidas de apremio establecidas en la LGRA.
Capítulo VI
De la Información Básica de las Personas Servidoras Públicas y Particulares
Artículo 30. De la información de los sujetos investigados. En los supuestos en los que se emita calificación de la conducta y en consecuencia el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, el expediente deberá contener la información y documentación que identifique a las personas servidoras públicas y particulares involucrados, con al menos lo siguiente:
A. Personas Servidoras Públicas:
I.        Nombre;
II.       Precisar si, a la fecha de conclusión de la investigación, aún tienen el carácter de persona servidora pública;
III.      Nombramiento o, en su caso, el contrato de trabajo vigente en la fecha en que ocurrieron los hechos investigados;
IV.      Área de adscripción vigente, así como la correspondiente a la fecha en que ocurrieron los hechos investigados;
V.       Nombre y cargo del superior jerárquico inmediato;
VI.      Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave y Clave Única de Registro de Población;
VII.     Constancia de percepciones recibidas en la fecha en que sucedieron los hechos investigados o últimos 3 recibos de nómina;
VIII.    Último domicilio particular registrado;
IX.      Domicilio laboral;
X.       Evidencia documental de la antigüedad laboral en la dependencia o entidad y en el puesto que desempeña;
XI.      Antecedentes laborales, incluyendo en su caso, los relativos a sanciones administrativas impuestas, y
XII.     En caso de separación o rescisión del empleo, cargo o comisión, la documentación que lo acredite.
B. Particulares:
I. Persona física:
a)       Nombre;
b)       Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave y Clave Única de Registro de Población;
c)       Domicilio particular y, en su caso, domicilio fiscal;
d)       Actividad preponderante;
e)       Relación con el ente público, y
f)       Antecedentes de sanciones administrativas impuestas, por responsabilidad administrativa, o por su participación en contrataciones públicas de carácter federal o en transacciones comerciales internacionales.
II. Persona moral:
a)       Denominación y razón social;
b)       Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave;
c)       Domicilio fiscal;
d)       Objeto social;
e)       Acta constitutiva y documentos donde consten sus modificaciones;
f)       Poder notarial del apoderado y/o representante legal;
g)       Relación con el ente público;
h)       Antecedentes de sanciones administrativas impuestas, por responsabilidad administrativa, o por su participación en contrataciones públicas de carácter federal o en transacciones comerciales internacionales, y
i)        Socios o accionistas que ejercen el control sobre la sociedad.
Capítulo VII
De la Calificación de la Conducta
Artículo 31. De la calificación. Concluida la investigación, la autoridad investigadora analizará los hechos y la información recabada, para determinar la existencia de actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas y procederá a calificar la conducta como grave o no grave.
La calificación de la conducta se incluirá en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, para presentarlo ante la autoridad substanciadora.
En caso de que la falta sea no grave, será notificada a la persona denunciante cuando ésta sea identificable o localizable, para los efectos señalados en la LGRA. Lo anterior no es aplicable para los asuntos de omisión o extemporaneidad en la presentación de la declaración patrimonial, derivados de vistas por parte de la secretaría.
El recurso de inconformidad en contra de la calificación de la conducta por falta no grave será tramitado conforme a la LGRA.
De no presentarse el recurso, se emitirá el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, en los términos de la LGRA y de lo señalado en el párrafo segundo del presente Acuerdo.
Capítulo VIII
De la Conclusión de la Investigación
Artículo 32. Formas de concluir. Una vez concluidas la totalidad de las actuaciones o diligencias de investigación tendientes a comprobar los hechos denunciados, se deberá emitir la determinación correspondiente y registrarla en el SIDEC dentro de los cinco días hábiles posteriores a su emisión. La determinación podrá ser de los tipos siguientes:
I.     Acuerdo de conclusión y archivo del expediente. Procederá cuando después de analizar los hechos y la información recabada, no se encontraran elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad de la o las personas denunciadas, sin perjuicio de que se abra nuevamente la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y no hubiera prescrito la facultad para sancionar;
II.     Acuerdo de Incompetencia. Procederá cuando se advierta que las autoridades investigadoras carecen de facultades para conocer de la denuncia, e
III.    Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. Procederá cuando de la investigación se deriven elementos suficientes para sustentar la presunta responsabilidad de la o las personas denunciadas. El informe se elaborará de conformidad con el artículo 194 de la LGRA.
Capítulo IX
Del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa
Artículo 33. Del IPRA. Habiendo determinado y calificado la conducta, y en el caso de faltas administrativas no graves, cuando hubiera concluido el plazo para la interposición del recurso de inconformidad, la calificación se incluirá en el IPRA, el cual será emitido en un plazo no mayor de treinta días hábiles, contados a partir de que transcurrió el plazo para inconformarse por la calificación de falta no grave, y deberá presentarse de forma inmediata ante la autoridad substanciadora, para su admisión.
En el IPRA, deberá indicarse que no se interpuso la inconformidad respectiva dentro del plazo correspondiente.
En el caso de faltas graves, deberá considerarse el mismo plazo, a partir de la emisión del acuerdo de calificación correspondiente.
Capítulo X
De las Acciones Penales
Artículo 34. De la vista a la Unidad de Asuntos Jurídicos. Cuando en la investigación de una denuncia se presuma la probable comisión de delitos, la DGIFA, previo acuerdo con el titular de la UI, dará vista a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la secretaría, para la presentación de querellas o denuncias según corresponda.
Las autoridades investigadoras deberán presentar las denuncias correspondientes cuando adviertan la presunta comisión de delitos, con excepción de aquellas denuncias que se refieran a hechos de corrupción, en cuyo caso, deberán coordinarse con la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría para su presentación.
Capítulo XI
De las Diligencias a Realizar al Concluirse la Investigación
 
Artículo 35. Del trámite para la conclusión. La calificación de la falta administrativa no grave y la comunicación de la determinación de la conclusión y archivo de la investigación se notificarán al denunciante dentro de los diez días hábiles siguientes a su emisión.
Las notificaciones se llevarán a cabo conforme a la LGRA y las reglas previstas en el capítulo IV, del título segundo del presente acuerdo.
La notificación de la calificación de la falta administrativa no grave deberá contener, entre otros elementos, lo siguiente:
I.     El derecho de impugnar la calificación, por medio del recurso de inconformidad;
II.     Plazo para presentar el recurso de inconformidad;
III.    Nombre de la autoridad investigadora ante quien deberá presentar el recurso, y
IV.   Domicilio, horario y requisitos para acceder al expediente de presunta responsabilidad administrativa.
La comunicación de la determinación de la conclusión y archivo del expediente deberá contener, por lo menos, la fecha de su emisión, el motivo de ello, y su derecho a impugnarla mediante el recurso de inconformidad, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de su notificación; en términos de la LGRA.
Artículo 36. Una vez concluida la investigación, las autoridades investigadoras registrarán dichas determinaciones en el SIDEC.
Para el caso de emitir y presentar el IPRA, se conservará un expedientillo que deberá contener copia certificada de los documentos siguientes: el escrito de denuncia, el acuerdo de radicación y su notificación, el acuerdo de calificación de la conducta y el IPRA, así como el acuse de recibo en original del oficio por el cual hubiera sido remitido el expediente de presunta responsabilidad administrativa a la autoridad competente.
Artículo 37. De la interpretación. La CGCI interpretará el presente acuerdo para efectos administrativos y resolverá lo no previsto en el mismo.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Se abrogan los Lineamientos para la atención, investigación y conclusión de quejas y denuncias, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de abril de dos mil dieciséis.
TERCERO. El presente acuerdo será aplicable en las investigaciones que se inicien a partir de su entrada en vigor, con independencia de que los hechos hubieran sucedido con anterioridad, o se hubieran recibido las denuncias sin haberse registrado en el SIDEC antes de la entrada en vigor del acuerdo.
CUARTO. Las denuncias radicadas por las autoridades investigadoras con anterioridad a la entrada en vigor del presente acuerdo serán concluidas conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, en tanto no se opongan a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Ciudad de México, a 28 de mayo de 2024.- El Secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino.- Rúbrica.
 

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