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DOF: 14/06/2024
SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 174/2021, así como los Votos Concurrentes de las señoras ministras Yasmín Esquivel Mossa y Presidenta Norma Lucía Piña Hernández, y

SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 174/2021, así como los Votos Concurrentes de las señoras ministras Yasmín Esquivel Mossa y Presidenta Norma Lucía Piña Hernández, y Aclaratorio de la señora Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Secretaría General de Acuerdos.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 174/2021
PROMOVENTE: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT
SECRETARIA: IRLANDA DENISSE ÁVALOS NÚÑEZ
Colaboraron: Zulma Marlene Lara Ceballos e Ivonne Karilu Muñoz García
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 137 Quáter, fracción II, del Código Civil para el Estado de Oaxaca, en el cual se establecen diversos requisitos para solicitar ante el Registro Civil de dicha entidad la rectificación del acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género. La fracción efectivamente impugnada establece el requisito de "tener al menos doce años de edad cumplidos".
El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte debe resolver si esta porción normativa se ajusta o no al parámetro constitucional y convencional.
 
Apartado
Criterio y decisión
Págs.
I.
COMPETENCIA
El Tribunal Pleno es competente para conocer del presente asunto.
10
II.
OPORTUNIDAD
El escrito inicial es oportuno.
11
III.
LEGITIMACIÓN
Fue presentado por parte legitimada.
13
IV.
CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
No se interpusieron causas de improcedencia ni se advierte que de oficio se actualice alguna.
14
V.
ESTUDIO DE FONDO
14
 
A. Parámetro de regularidad constitucional del derecho a la identidad de género
Se retoman en lo conducente precedentes aprobados por este Tribunal Pleno.
15
 
B. Análisis de constitucionalidad de la norma impugnada (Estudio del requisito de "Tener al menos doce años cumplidos")
Se advierte que este es un requisito diferente al que ha sido analizado en precedentes (mayoría de edad o 18 años cumplidos), no obstante, contiene esencialmente la misma problemática de constitucionalidad.
Se propone un estudio de escrutinio estricto de la norma, con base en la categoría sospechosa de la edad, y se concluye que no supera la tercera grada.
Se declara la invalidez de la fracción II del artículo 137 Quáter del Código Civil para el Estado de Oaxaca.
20
VI.
EFECTOS
Declaratoria de invalidez
Se precisa que la invalidez de la fracción II surtirá sus efectos al día siguiente de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso local legisle.
40
VII.
DECISIÓN
PRIMERO. Es procedente y fundada.
SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo 137 Quáter, fracción II, del Código Civil para el Estado de Oaxaca, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación al Congreso del Estado de Oaxaca.
TERCERO. Publíquese.
43
 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 174/2021
PROMOVENTE: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT
SECRETARIA: IRLANDA DENISSE ÁVALOS NÚÑEZ
Colaboraron: Zulma Marlene Lara Ceballos e Ivonne Karilu Muñoz García
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al quince de junio de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 174/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del artículo 137 Quáter, fracción II, del Código Civil para el Estado de Oaxaca, adicionado mediante el Decreto Número 2727, publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno de esa entidad.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1.      PRIMERO. Publicación del Decreto. El dieciséis de octubre de dos mil veintiuno, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Oaxaca el Decreto número 2727, por el que se reformó el artículo 137 Quáter, fracción II, del Código Civil para el Estado de Oaxaca.
2.      SEGUNDO. Presentación de la acción. Por escrito depositado en el buzón judicial el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que planteó la invalidez del artículo 137 Quáter, en su fracción II, del Código Civil para el Estado de Oaxaca, cuyo texto establece lo siguiente:
Artículo 137 Quáter. Además de lo señalado en el artículo anterior, para el levantamiento del acta correspondiente, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
I (...)
II. Tener al menos doce años de edad cumplidos;
III-V (...)
3.      TERCERO. Artículos constitucionales violados. La accionante consideró vulnerados los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos; los artículos 1, 5, 11, 18, 19 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; los artículos 2, 3, 16, 24, y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos: y los artículos 3, 4, 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
4.      CUARTO. Concepto de invalidez. En su escrito inicial, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expuso un único concepto de invalidez, en el que expresó lo siguiente:
a.     El artículo 137 Quáter, fracción II, del Código Civil para el Estado de Oaxaca establece que para acceder al trámite de rectificación de acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género autopercibida ante el Registro Civil se requiere tener al menos doce años cumplidos. Lo anterior, vulnera los derechos a la igualdad y no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad y a la identidad personal, sexual y de género, en perjuicio de las niñas y de los niños, pues la norma presupone que toda persona menor de doce años de edad es incapaz de definir su identidad de género.
b.     Derecho a la igualdad y prohibición de discriminación. El requisito establecido en la fracción II del artículo impugnado es contrario al derecho de igualdad y no discriminación, reconocido en el artículo primero constitucional.
c.     Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que el derecho fundamental a la igualdad no implica establecer una igualdad unívoca ante las diferentes situaciones de la realidad, cualquier diferencia debe sustentarse en criterios razonables y objetivos que lo justifiquen, pues de lo contrario se trata de una distinción es discriminatoria.
d.     Derecho a la dignidad humana en su vertiente de libre desarrollo de la personalidad. Esta Suprema Corte ha entendido al libre desarrollo de la personalidad como un derecho fundamental que deriva del derecho a la dignidad, previsto en el artículo 1 constitucional, así como de diversos tratados internacionales.
e.     En el amparo directo 6/2008(1), el Pleno de este Alto Tribunal sostuvo, entre otras cosas, que la decisión de vivir en el sexo que identifica a la persona innegablemente constituye una decisión del ejercicio del libre desarrollo de la personalidad. Asimismo, se señaló que este derecho, necesariamente, implica el reconocimiento del derecho a la identidad sexual y de género.
f.     El derecho al libre desarrollo de la personalidad en materia de identidad sexual y de género también se relaciona con el ejercicio de los derechos a la identidad personal, a la vida privada y a la propia imagen. Son derechos personalísimos respecto de los cuales el Estado no puede interferir sin justificación suficiente y proporcional.
g.     Principio de interés superior de la infancia y de la adolescencia. Este principio debe ser una consideración primordial al momento de promulgar disposiciones legislativas y políticas públicas, así como al aplicarlas, lo cual requiere valorar los efectos sobre los derechos de las infancias y que se garantice el pleno disfrute de estos.
h.     El artículo 137 Quáter, fracción II, del Código Civil para el Estado de Oaxaca es inconstitucional porque atenta contra los derechos y libertades señalados anteriormente. Si bien se reconoce al legislador oaxaqueño por haber incorporado la posibilidad legal para que las personas que tienen entre doce y dieciocho años puedan solicitar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento, y que la regulación normativa del procedimiento satisface los requerimientos establecidos por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cierto es que con dicha normativa se excluyó tácitamente de este derecho a las niñas y a los niños sin una justificación constitucionalmente válida.
i.      Lo anterior, en virtud de que el artículo 5 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes indica que son niñas y niños los menores de doce años y que son adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho.
j.      Para este caso, se debe distinguir entre la capacidad jurídica y la capacidad mental. La primera se refiere a la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones, mientras que la capacidad mental se refiere a la aptitud de poder tomar decisiones, la cual varia de una persona a otra y dependerá de diversos factores. Así pues, el hecho de que una persona no cuente con la edad legal para acceder a la jurisdicción estatal por propio derecho no debe ser motivo para impedirle que intervenga en un acto encaminado a la protección y observancia de sus derechos, ni debe ser un obstáculo para que una persona adquiera conciencia de sí misma.
k.     La consciencia sobre uno mismo en relación con cómo se vive y se siente en su propio cuerpo, incluyendo la forma en la que una persona se autodenomina, no se concretiza ni depende de una edad determinada. Es decir, la identidad de género no se encuentra sujeta a una edad determinada.
l.      De acuerdo con la Encuesta sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género del año 2018, la mayoría de las personas participantes identificaron en edades tempranas (antes de su juventud) que su orientación sexual y su identidad de género no correspondía con la que les fue asignada en su nacimiento, lo que evidencia que la infancia y la adolescencia constituyen etapas trascendentes en las que las personas asumen y reconocen tanto su orientación sexual como su identidad de género.
m.    El Estado no puede partir de la premisa de que una niña o un niño es incapaz de expresar sus opiniones. El Comité de los Derechos de Niño, en su Observación General Número 7, destacó que considerar a los niños y a las niñas como poco desarrollados y carentes de la capacidad básica de comprensión, comunicación y adopción de decisiones tiene consecuencias negativas en el reconocimiento de sus derechos humanos, pues esta idea discrimina, subordina y relega sus ideas y sus sentimientos.
n.     El precepto impugnado contraviene los derechos fundamentales de las niñas y de los niños transexuales y transgénero, pues les impide la posibilidad de que puedan adecuar su identidad jurídica a la realidad social por medio del procedimiento administrativo. Es decir, la norma impugnada impone barreras, perpetua y reproduce la discriminación histórica y estructural que han padecido los niños y las niñas.
o.     La norma debe analizarse a la luz de un examen de escrutinio estricto, ya que hace una distinción basada en la categoría sospechosa de edad. En el caso, la disposición impugnada puede perseguir como finalidad la protección del interés superior de la niñez, en términos del artículo 4º, párrafo noveno, de la Constitución Política del país. También, se considera que la medida es idónea para cumplir con el propósito constitucional, ya que con la limitación de edad se puede entender que se busca proteger ese interés superior.
p.     No obstante, en cuanto a la tercera grada, es posible observar que sí existen medidas alternativas igualmente idóneas para la consecución de dicho fin que son menos lesivas para los derechos fundamentales en comento. El legislador debió establecer reglas específicas para asegurarse que la niña o el niño manifiesten ante la autoridad competente de manera segura y verídica cuál es la identidad de género con la que se identifican. Por lo tanto, la norma impugnada no supera el tercer nivel de escrutinio.
q.     No se desconoce que en determinadas materias es admisible que existan limitaciones etarias, no obstante, en cuanto al reconocimiento de la identidad sexo-genérica, que se enmarca en la vida íntima y privada de cada persona, la medida establecida por el legislador local resulta invasiva de esa esfera personalísima de las infancias. Consecuentemente, la medida es discriminatoria e irrazonable.
5.      QUINTO. Registro y turno. Por acuerdo del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, el Ministro Zaldívar Lelo de Larrea, entonces Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 174/2021 y lo turnó a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat como instructora del procedimiento.
6.      SEXTO. Admisión. Por acuerdo del seis de diciembre de dos mil veintiuno, la Ministra instructora admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad; tuvo a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca como las autoridades que emitieron y promulgaron el decreto impugnado, por lo que les solicitó su respectivo informe; y dio vista del asunto al Fiscal General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.
7.      SÉPTIMO. Informe del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca. El once de enero de dos mil veintidós, el Poder Legislativo estatal, por conducto de la Diputada Laura Estrada Mauro, en su carácter de Presidenta de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura, rindió informe en los términos siguientes:
a.     Contrario a lo sostenido por la Comisión accionante, la norma cuya invalidez se reclama no vulnera ninguna disposición constitucional o convencional.
b.     La reforma impugnada tuvo como finalidad que en el Estado de Oaxaca se garantice el derecho humano de las niñas y de los niños a autodeterminarse y a escoger libremente las opciones y las circunstancias que le dan sentido a su existencia por lo que hace a su identidad de género autopercibida, materializada en la expedición de una nueva acta de nacimiento.
c.     La exposición de motivos de la iniciativa de reformas atendió a los precedentes emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de reconocer que los niños y las niñas son titulares de los mismos derechos que las personas adultas y de todos los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Constitución Política del país de tal forma que deben tener la posibilidad de acceder a una nueva acta de nacimiento, mediante un procedimiento administrativo sencillo y sin mayores requisitos.
d.     De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes(2), para efectos de los tratados internacionales y de la mayoría de edad, son niños y niñas las personas menores de dieciocho años de edad. Así, en observancia a esa disposición, se advierte que no existe ningún impedimento para que las niñas y los niños en el Estado de Oaxaca puedan solicitar el procedimiento para el levantamiento de una nueva acta de nacimiento relacionada con el reconocimiento de su identidad de género, pues incluso la citada disposición de la ley general señala que cuando exista duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce años, se presumirá que es niña o niño.
8.      OCTAVO. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. El treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, José Octavio Tinajero Zenil, Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, rindió informe en representación legal del Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca. En éste, únicamente se manifestó que es cierto el acto atribuido al Poder Ejecutivo de Oaxaca dado que, efectivamente, se cumplió con el mandato constitucional de promulgar y publicar el Decreto 2727, mediante el cual se reformó la fracción II del artículo 137 Quáter del Código Civil de la entidad, conforme a los artículos 52, 53 fracción II y 58 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
9.      NOVENO. Pedimento. El Fiscal General de la República y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no hicieron pedimento ni emitieron ninguna opinión.
10.    DÉCIMO. Alegatos. El catorce de febrero de dos mil veintidós, Luciana Montaño Pomposo, en su carácter de Delegada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentó escrito de alegatos en el sentido de sostener la invalidez de la porción normativa impugnada.
11.    UNDÉCIMO. Cierre de la instrucción. Por acuerdo de diez de marzo de dos mil veintidós se cerró la instrucción del asunto y quedó el expediente a la vista de la Ministra instructora para la elaboración del proyecto de resolución.
I. COMPETENCIA
12.    El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(3) y por el artículo 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(4).
13.    Lo anterior, toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteó la posible contradicción entre el artículo 137 Quáter, fracción II, del Código Civil para el Estado de Oaxaca y la Constitución Política del país, así como respecto de los derechos humanos reconocidos en diversos tratados internacionales de los que México es parte.
II. OPORTUNIDAD
14.    Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(5), el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada; con la salvedad de que, si el último día del plazo es inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
15.    En el caso, el Decreto mediante el cual se expidió la norma impugnada se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el dieciséis de octubre de dos mil veintiuno, por lo que el plazo para promover el presente medio de control constitucional transcurrió del domingo diecisiete de octubre del dos mi veintiuno al lunes quince de noviembre del mismo año.
16.    Ahora bien, de conformidad con el inciso c), punto primero, del Acuerdo Número 18/2013, de diecinueve de noviembre de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia-, se considerarán como días inhábiles "los lunes en que por disposición de la Ley Federal del Trabajo deje de laborarse".
17.    Al respecto, el artículo 74, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo establece que es inhábil el "tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre". Por ende, tomando en cuenta que el quince de noviembre de dos mil veintiuno fue el tercer lunes del citado mes, ese día debe considerarse inhábil.
18.    Derivado de lo anterior, si la demanda se presentó el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, la misma resulta oportuna.
III. LEGITIMACIÓN
19.    La acción fue promovida por parte legitimada. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del país(6), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo legitimado para impugnar las leyes expedidas por las legislaturas estatales que considere violatorias de derechos humanos.
20.    En el caso, la promovente impugnó el artículo 137 Quáter, fracción II, del Código Civil para el Estado de Oaxaca al considerar que su contenido vulnera distintos derechos de la infancia.
21.    Además, la demanda fue presentada por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, personalidad que se acredita mediante el acuerdo de designación de doce de noviembre de dos mil diecinueve expedido por el Senado de la República, suscrito por la Presidenta y por el Secretario de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura de dicho órgano legislativo.
22.    En esos términos, este Tribunal Pleno concluye que la acción de inconstitucionalidad fue promovida por parte legitimada.
IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
23.    Las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia ni motivo de sobreseimiento y este Pleno tampoco advierte su actualización de oficio.
V. ESTUDIO DE FONDO
24.    Como se destacó con anterioridad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó el 137 Quáter, fracción II, del Código Civil para el Estado de Oaxaca, en el cual el legislador local estableció el requisito de contar con doce años cumplidos para poder solicitar la rectificación del acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género ante el Registro Civil de dicha entidad.
25.    El precepto impugnado establece expresamente lo siguiente:
Artículo 137 Quáter. Además de lo señalado en el artículo anterior, para el levantamiento del acta correspondiente, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
I (...)
II. Tener al menos doce años de edad cumplidos;
III-V (...)
26.    Este Tribunal Pleno considera que son fundados los conceptos de invalidez de la Comisión accionante, pues el requisito establecido no supera un test de escrutinio estricto, lo cual vulnera los derechos humanos de las infancias trans.
27.    Con el propósito de explicar la conclusión alcanzada, la presente resolución se estructura de la siguiente manera:
a)    Parámetro de regularidad constitucional del derecho a la identidad de género.
b)    Análisis de constitucionalidad de la norma impugnada.
        A. PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO
28.    Debe destacarse que las consideraciones que se desarrollan en este apartado de parámetro de regularidad constitucional se retoman en lo conducente, de la acción de inconstitucionalidad 132/2021, aprobada por este Tribunal Pleno(7).
29.    Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que el derecho a la identidad de género se encuentra protegido bajo el derecho al libre desarrollo de la personalidad, en tanto que se trata de una expresión de la individualidad de la persona, respecto de su percepción sexual y de género ante sí misma.
30.    El reconocimiento de la identidad de las personas es uno de los medios que facilita el ejercicio de los derechos a la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, a la inscripción en el registro civil, a las relaciones familiares, entre otros derechos reconocidos en instrumentos internacionales(8).
31.    De manera destacada, el registro del acta de nacimiento se convierte en un instrumento primario y punto de partida para ejercer la personalidad jurídica ante el Estado y frente a los particulares, y actuar en condiciones de igualdad ante la ley(9). De ahí que el derecho la identidad de género implique la posibilidad de adecuar el acta de nacimiento a esa identidad.
32.    Por ello, el legislador tiene la obligación de implementar los mecanismos necesarios para el reconocimiento, tutela y garantía de los derechos de las personas trans, para lo cual debe establecer la posibilidad de que puedan adecuar su acta registral(10). La falta de procedimientos adecuados para que su identidad de género figure en sus documentos oficiales se traduciría en una violación a la identidad personal, al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad y a la vida privada.
33.    Al respecto, en la Opinión Consultiva 24/2017 sobre identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo(11), la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que el derecho a la identidad puede ser conceptualizado, en general, como el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en sociedad(12). En ese sentido, la Corte Interamericana señala que:
(...) se puede entender que este derecho está íntimamente ligado a la persona en su individualidad específica y vida privada, sustentadas ambas en una experiencia histórica, y biológica, así como en la forma en que se relaciona con los demás, a través del desarrollo de vínculos en el plano familiar y social. Lo anterior también implica que las personas pueden experimentar la necesidad de que se las reconozca como entes diferenciados y diferenciables de los demás. Para alcanzar ese fin, es ineludible que el Estado y la sociedad, respeten y garanticen la individualidad de cada una de ellas, así como el derecho a ser tratado de conformidad con los aspectos esenciales de su personalidad, sin otras limitaciones que las que imponen los derechos de las demás personas. Es por ello que el afianzamiento de la individualidad de la persona ante el Estado y ante la sociedad, se traduce por su facultad legítima de establecer la exteriorización de su modo de ser, de acuerdo con sus más íntimas convicciones. Del mismo modo, uno de los componentes esenciales de todo plan de vida y de la individualización de las personas es precisamente la identidad de género y sexual(13).
34.    En relación con el fundamento jurídico de la identidad de género, la Corte Interamericana ha sostenido que este derecho se encuentra protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos a través de las disposiciones que garantizan el libre desarrollo de la personalidad (artículos 7 y 11.2), el derecho a la vida privada (artículo 11.2), el reconocimiento de la personalidad jurídica (artículo 3), y el derecho al nombre (artículo 18)(14).
35.    El fundamento del derecho a la identidad de género de dicha Convención Americana permite dar cuenta de la condición de interdependencia que tienen ciertos derechos respecto a la identidad de género. Es decir, la falta de reconocimiento de la identidad de género de las personas trans se traduce en un obstáculo para el ejercicio de múltiples derechos, tales como el derecho a la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, a la inscripción en el registro civil, a las relaciones familiares, entre otros reconocidos convencionalmente(15).
36.    Por lo tanto, debe garantizarse la existencia de procedimientos efectivos, accesibles y universales que permitan registrar, cambiar, rectificar o adecuar el nombre y los demás componentes esenciales de la identidad de una persona(16).
37.    Estos procedimientos deben cumplir con ciertas características las cuales, de conformidad con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 24/17, deben consistir en lo siguiente(17):
a.     Deben ser integrales, lo cual implica que deben permitir cambiar el nombre de pila, la imagen fotográfica y el género o sexo.
b.     Deben estar basados únicamente en el consentimiento libre e informado de la persona solicitante, sin que se exijan requisitos como las certificaciones médicas y/o psicológicas u otros que puedan resultar irrazonables o patologizantes.
c.     Los procedimientos y los cambios, correcciones o adecuaciones en los registros deben ser confidenciales y los documentos de identidad no deben reflejar los cambios de la identidad de género.
d.     Los procedimientos deben ser expeditos y deben tender a la gratuidad.
e.     No podrá exigirse la acreditación de operaciones quirúrgicas y/o hormonales.
f.     Cuando se trata de niñas, niños y adolescentes deberán adoptarse medidas de especial protección, las cuales deben diseñarse necesariamente en concordancia con los principios del interés superior del niño y de la niña, el de la autonomía progresiva, a ser escuchado y a que se tome en cuenta su opinión en todo procedimiento que lo afecte, de respeto al derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, así como al principio de no discriminación.
g.     El procedimiento que mejor se ajusta a los requisitos previamente establecidos es el de naturaleza materialmente administrativa.
38.    Con base en este parámetro de regularidad constitucional, este Tribunal Pleno procede al análisis de constitucionalidad de la norma impugnada en la presente acción.
        B. ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA IMPUGNADA
39.    La Comisión Nacional de los Derechos Humanos aduce que el legislador del Estado de Oaxaca estableció un listado de requisitos para la solicitud del levantamiento de una nueva acta de nacimiento por identidad de género donde excluye de manera injustificada a las personas menores de doce años, situación que, a su consideración, transgrede distintos derechos de las personas menores de esa edad.
40.    La norma impugnada señala concretamente lo siguiente:
Artículo 137 Quáter. Además de lo señalado en el artículo anterior, para el levantamiento del acta correspondiente, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
I (...)
II. Tener al menos doce años de edad cumplidos;
III-V (...)
41.    Ahora bien, aunque este Tribunal Pleno no se ha pronunciado propiamente sobre la constitucionalidad del requisito de contar con doce años cumplidos para acceder al procedimiento de levantamiento de un acta de nacimiento por identidad de género, lo cierto es que sí ha determinado la inconstitucionalidad del requisito de mayoría de edad previsto en algunas legislaciones civiles locales.
42.    Al resolver la acción de inconstitucionalidad 73/2021(18), el Pleno tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el derecho de las personas menores de edad para acceder a una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de su identidad de género. En la ejecutoria, este Alto Tribunal concluyó que el requisito de ser mayor de edad para acceder a ese procedimiento registral era discriminatorio, ya que obligaba a las personas menores de dieciocho años a mantener legalmente un sexo con el cual no se identificaban y, en consecuencia, se les impedía que se reconociera su identidad personal, sexual y de género en el ámbito jurídico.
43.    En particular, el Pleno analizó el requisito de "tener 18 años de edad cumplidos" para solicitar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género, establecido en el artículo 875 Ter, fracción II, del Código Civil para el Estado de Puebla, y determinó que la norma realizaba una distinción basada en la edad de las personas solicitantes, que impactaba en su interés superior, por lo que debía analizarse a la luz de un escrutinio estricto.
44.    Por un lado, el Tribunal Pleno concluyó que el requisito impugnado cumplía con la primera grada al perseguir una finalidad constitucional imperiosa, ya que el establecimiento de una edad mínima para que una persona adquiriera la titularidad de derechos y obligaciones, desde una visión general y amplia, encontraba su justificación como una medida de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como de su desarrollo gradual y su autonomía progresiva.
45.    Sin embargo, este Alto Tribunal advirtió que la exigencia de mayoría de edad no guardaba una conexión directa con la finalidad previamente referida, ya que personas menores de edad eran titulares de los mismos derechos que las personas adultas, tal como lo son los derechos a la igualdad, a la identidad personal, sexual y de género y al libre desarrollo de la personalidad.
46.    De esta manera, el Pleno concluyó que la norma brindaba un trato discriminatorio entre personas adultas y personas menores de edad que era inconstitucional, pues se les prohibía de forma absoluta el acceso al pleno reconocimiento de su identidad de género en todos sus registros y documentos oficiales, incluso cuando la solicitud fuera realizada a través de sus representantes. Por esta razón, este Tribunal Pleno ordenó al Congreso legislar a fin de establecer un procedimiento sumario para este efecto, que fuera acorde al interés superior de la niñez y la adolescencia.
47.    Dicho criterio fue reiterado por este Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 132/2021, en donde se determinó la invalidez del artículo 144 Ter, primer párrafo, en la porción normativa "mayores de edad" del Código Civil de Baja California Sur, por excluir a las personas menores de edad de la posibilidad de solicitar una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de su identidad de género(19).
48.    En este asunto, el Pleno abordó la forma en la que la identidad de género y la edad confluyen de forma interseccional, al advertir que la norma consideraba a las infancias y a las adolescencias como personas incapaces de definir su propia identidad de género, por lo que solían quedar excluidas de su reconocimiento jurídico y de hecho, generando un mayor riesgo de persecución, maltrato, violencia, estigmatización, discriminación, exclusión de la formación educativa, falta de apoyo familiar y social y, en casos extremos, de vivir agresiones y violaciones sexuales e incluso, la muerte.
49.    A diferencia del primer precedente reseñado, en este asunto, este Alto Tribunal analizó el requisito de ser mayor de edad para acceder a un procedimiento registral de reasignación sexo-genérica a la luz de las categorías sospechosas de edad y género: por un lado, se concluyó que la norma realizaba un tratamiento distinto a las personas que tenían dieciocho años o más, y aquellas que eran menores de edad; por el otro, el requisito impugnado hacía una distinción entre quienes se reconocían con el género asignado al nacer (cisgénero) y aquellas personas que se identificaban con un género distinto al asignado (transgénero).
50.    A la luz de estas categorías, el Tribunal Pleno concluyó que la norma cumplía con la primera grada del test, ya que perseguía la finalidad de proteger a la niñez y a la adolescencia de tomar decisiones trascendentales hasta contar con la madurez, la experiencia y el desarrollo adecuado para hacerlo, previendo que éstas podrían tener repercusiones futuras en el desarrollo de su personalidad y en la construcción de las personas que deseaban ser.
51.    Por otro lado, en relación con la segunda grada, este Alto Tribunal determinó que aunque en ocasiones los dieciocho años no marcaran de manera precisa cuando una persona llegaba a la madurez y al desarrollo requeridos para tomar decisiones de manera autónoma, resultaba válido que la autoridad estableciera un momento objetivo que marcara el fin de la niñez/adolescencia, como es la mayoría de edad legal, por lo que la medida impugnada guardaba una relación estrecha con la protección de las personas menores de edad y sus intereses.
52.    No obstante, el Tribunal Pleno concluyó que el requisito de ser mayor de edad para poder solicitar la emisión de una nueva acta de nacimiento que hiciera constar su identidad de género no era la medida menos restrictiva para impedir que los niños, las niñas y los adolescentes tomaran decisiones impulsivas que pudieran perjudicarlos en un futuro, ya que existían alternativas que permitían respetar el derecho a su identidad de género y a su autonomía progresiva y, al mismo tiempo, establecieran salvaguardas para protegerles.
53.    Para llegar a esta conclusión, el Pleno retomó la legislación argentina "sobre el derecho a la identidad de género de las personas" como una buena práctica en la materia, en la que se contemplaba un procedimiento de naturaleza administrativa que únicamente exigía el consentimiento libre e informado de la niña, el niño o el adolescente, el consentimiento de sus representantes y la asistencia legal. Además, contemplaba una vía jurisdiccional sumarísima y excepcional para aquellos casos en los que no fuera posible obtener el consentimiento de los representantes legales de las personas menores de edad.
54.    Ahora bien, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo en revisión 155/2021(20), en el cual los progenitores de una adolescente trans, por sí y en su representación, reclamaron la inconstitucionalidad de distintos preceptos de la legislación civil y del Reglamento del Registro Civil de la Ciudad de México que excluían a las personas menores de dieciocho años del acceso al trámite de adecuación sexo-genérica en la vía administrativa, dejándoles como única opción la vía jurisdiccional que prevé distintos requisitos que resultan estigmatizantes.
55.    En particular, en ese asunto, la Sala determinó que las normas que contemplaban el requisito de contar con dieciocho años cumplidos para solicitar la rectificación de su acta de nacimiento de acuerdo con su identidad de género eran inconstitucionales, ya que el derecho de toda persona de definir de manera autónoma su propia identidad sexual y de género constituía un derecho fundamental que no era exclusivo de quienes eran mayores de dieciocho años.
56.    De esta manera, la Primera Sala sostuvo que la falta de reconocimiento de la identidad de género de las infancias y las adolescencias y la consecuente falta de adecuación de sus documentos de identidad, como el acta de nacimiento, tenía impacto directo en sus derechos y en los aspectos más elementales de su vida, e incluso propiciaba situaciones de violencia y discriminación en su contra, como el aislamiento escolar, familiar y comunitario, la exclusión de servicios esenciales como la educación y la asistencia médica, el acoso escolar o bullying y la violencia física y sexual.
57.    Por esta razón, la Sala concluyó que la decisión de una persona menor de edad de asumir determinada identidad de género necesariamente depende de que, conforme con su edad cronológica y su nivel de madurez psicoemocional (que deben valorarse caso por caso), tenga la capacidad y la aptitud requeridas para adoptar una decisión que trascienda al plano jurídico en relación con su identidad sexo-genérica, sin que ésta pueda ser mermada por una norma que establece una edad específica para acceder al procedimiento.
58.    En el caso, como se adelantó, no nos encontramos propiamente ante el mismo escenario, en tanto que la norma no establece una distinción entre personas adultas y personas menores de edad, sino que permite acceder a ese procedimiento únicamente a las personas adolescentes y no así a las niñas y a los niños. Se afirma lo anterior porque, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, "[s]on niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad".
59.    En ese sentido, aunque en los precedentes citados este Tribunal Pleno hizo referencia en general al reconocimiento del derecho de identidad de género de las personas menores de edad y a la obligación de los poderes legislativos locales de establecer un procedimiento acorde a su interés superior, corresponde ahora determinar si es válido que ese derecho se reconozca únicamente en favor de adolescentes o si también las niñas y los niños deben tener garantizada la posibilidad de acceder al levantamiento de un acta de nacimiento acorde a su identidad de género.
60.    Ahora bien, para determinar si una distinción legislativa resulta objetiva y razonable, debe efectuarse un estudio cuya intensidad dependerá del tipo de criterio empleado para establecer dicha distinción(21). Así, el test de proporcionalidad se utiliza cuando se involucran categorías sospechosas detalladas en el artículo primero, párrafo quinto, de la Constitución Política del país(22).
61.    En el caso, se advierte precisamente que la distinción contenida en el precepto impugnado se basa en una de las categorías sospechosas, a saber, en la edad de la persona que pretende obtener la adecuación de su acta de nacimiento. Por ende, este Alto Tribunal debe analizar la constitucionalidad en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida legislativa, de modo que permita vislumbrar, en su caso, el grado de afectación a los intereses de las infancias.
        Test de proporcionalidad en el caso concreto
62.    En principio, es conveniente explicar brevemente la forma en la que debe desarrollarse el test de proporcionalidad como una metodología que se utiliza para el análisis de medidas legislativas que intervengan en un derecho fundamental, como en el caso, en los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes:
·  En una primera grada, debe examinarse si la norma cumple con una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional. Dicho de otra forma, debe exigirse que la finalidad tenga un apoyo constitucional claro y que persiga un objetivo constitucionalmente importante.
·  En segunda grada, debe analizarse si la distinción legislativa está estrechamente vinculada con la finalidad constitucionalmente imperiosa. La medida legislativa debe estar directamente conectada con la consecución de los objetivos constitucionales antes señalados.
·  La tercera y última grada del examen de igualdad se refiere a que la distinción legislativa debe ser la medida menos restrictiva posible para conseguir efectivamente la finalidad constitucionalmente imperiosa.
63.    En el caso, la fracción II impugnada del artículo 137 Quáter establece el requisito de "Tener al menos doce años de edad cumplidos" para solicitar al Registro Civil local la rectificación de acta de nacimiento para el reconocimiento de su identidad de género.
64.    Por ende, como se señaló anteriormente, este Tribunal Pleno advierte que la norma hace una distinción entre las personas menores de doce años y las mayores de dicha edad para acceder al procedimiento a que se refiere el artículo impugnado. Bajo este escenario, resulta procedente someter la norma impugnada ante el escrutinio estricto que debe aplicarse a las distinciones legislativas que inciden en los derechos de niñas y niños, pues la edad se trata de una distinción basada en una de las categorías sospechosas previstas en el artículo 1° constitucional.
        Primera grada
65.    A fin de analizar si el requisito cuestionado persigue o no una finalidad constitucionalmente imperiosa, es necesario, en principio, atender a lo señalado por el Poder Legislativo del Estado de Oaxaca en su informe.
66.    En dicho documento, el legislativo indicó que la reforma a la fracción II del artículo 137 Quáter del Código Civil tuvo como finalidad que en el Estado de Oaxaca se garantice el derecho humano de las niñas y de los niños a poder participar en la elección sobre las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia por lo que hace a su identidad de género, aspecto que se materializa con la expedición de una nueva acta de nacimiento(23). También se señaló que uno de los aspectos centrales de la reforma consistió en el derecho a ser tratado de conformidad con los aspectos esenciales de su personalidad, sin otras limitaciones que las que imponen los derechos de las demás personas.
67.    De acuerdo con lo señalado por el poder legislativo en su informe, dicha finalidad fue plasmada en la exposición de motivos de la iniciativa con proyecto de Decreto que dio origen a la reforma de la norma impugnada. Para ello se pensó en un procedimiento diseñado en concordancia con los principios de interés superior de la niñez, el de la autonomía progresiva, a ser escuchado y a que se tome en cuenta la opinión de las personas menores de edad en todo procedimiento que lo afecte. En concreto se señaló lo siguiente:
Siguiendo esa línea argumentativa, se tiene que la Corte IDH, en lo que respecta a la regulación de los procedimientos de cambio de nombre, adecuación de la imagen y rectificación de la referencia del sexo o género, en los registros y documentos de identidad de niños y niñas, así mismo ha recordado a los Estados Parte que en primer término que conforme a lo señalado en otros casos, los niños y niñas son titulares de los mismos derechos que los adultos y de todos los derechos reconocidos en la convención Americana, además de contar con las medidas especiales de protección contempladas en el artículo 19 de la Convención, las cuales deben ser definidas según las particularidades de cada caso concreto.
Al mismo tiempo, la Corte IDH ha recordado que el principio de interés superior implica, como criterio rector, tanto su consideración primordial en el diseño de las políticas públicas y en la elaboración de normativa concerniente a la infancia, como su aplicación en todos los órdenes relativos a la vida de la niña o del niño a ser escuchado en todas las decisiones que afecten su vida [...]
Más aun la Corte IDH, al referirse al derecho de identidad de las niñas y niños reconocido por el artículo 8 de la Convención sobre Derechos del Niño el cual establece en su primer inciso que "los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas", ha indicado que el derecho de la identidad estaba íntimamente ligado a la persona en su individualidad específica y vida privada [...]
Con base en lo anterior, dicha corte entiende que las consideraciones relacionadas con el derecho a la identidad de género también son aplicables a los niños y las niñas que deseen presentar solicitudes para que se reconozcan en los documentos y los registros su idgentidad de género autopercibida, considerando a este derecho debe conforme a las medidas de protección especial que se dispongan a nivel interno de conformidad con el artículo 19 de la Convención, las cuales deben diseñarse necesariamente en concordancia con los principios de interés superior del niño y de la niña, el de la autonomía progresiva, a ser escuchado y a que se tome en cuenta su opinión en todo procedimiento que lo afecte, de respeto a la vida, la supervivencia y el desarrollo, así como el principio de no discriminación.
68.    Asimismo, en dicha exposición de motivos se señaló que, con base en la contradicción de tesis 346/2019(24), resuelta por esta Suprema Corte, debía tomarse en consideración que:
[...]la vía administrativa registral es la idónea para salvaguardar el derecho humano de la parte quejosa, en tanto es susceptible de cumplir con los estándares de (I) privacidad, (II) sencillez, (III) expeditez, y (IV) la adecuada protección de la identidad de género mediante la emisión de una nueva acta de nacimiento; [...]
De manera que el procedimiento debe basarse únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante sin que se exijan requisitos como las certificaciones médicas o psicológicas u otros que puedan resultar irrazonables o patologizantes, bajo el principio según el cual la identidad de género no se prueba.
69.    Incluso, el propio Poder Legislativo señala en su informe que de acuerdo con el artículo 5 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y para efectos de los tratados internacionales y de la mayoría de edad, son niños los menores de dieciocho años de edad, y al respecto señala que el reconocimiento de su identidad no puede sustentarse en la edad de las personas(25):
De esa manera, en observancia a dicha disposición se advierte que no existe impedimento para que las niñas y niños en el Estado de Oaxaca puedan solicitar el procedimiento para el levantamiento de una nueva acta de nacimiento relacionada con el reconocimiento de identidad de género, sin impedimento por lo que respecta a su edad, tomando en cuenta que la propia disposición legal referida determina que cuando exista la duda de su se trata de una persona mayor o menor de doce años se presumirá que es niña o niño.
70.    Así, tanto de lo señalado en su informe como de la propia exposición de motivos es posible desprender que la finalidad de la reforma buscada por el propio legislador fue la de reconocer el derecho de la niñez a ser tratada de conformidad con los aspectos esenciales de la personalidad y a que ésta se refleje, cuando así sea necesario, en sus documentos oficiales. Cabe precisar que del cúmulo de documentos legislativos no es posible desprender las razones que llevaron al congreso local a finalmente definir los "doce años de edad cumplidos" como edad mínima para acceder a este trámite administrativo, pues no existe ningún argumento expreso para tal efecto. Incluso, como se precisó anteriormente, el propio legislativo señaló en su informe que no existe ningún impedimento por razón de edad para solicitar dicho proceso.
71.    Sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo con lo señalado por el artículo 5 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, son niños y niñas las personas menores de doce años y adolescentes las personas menores de dieciocho años y mayores de doce. Por ende, esto permite concluir que el legislador oaxaqueño buscó, a través del diseño de la norma, establecer la posibilidad de rectificar un acta de nacimiento por identidad de género únicamente en favor de las personas adolescentes y, en ese sentido, excluir a los niños y a las niñas.
72.    Por lo antes expuesto, este Tribunal Pleno considera que el objetivo del legislador al restringir el acceso a las personas menores de doce años es la protección especial de la niñez, una finalidad que no sólo es legítima, sino también imperiosa. El Estado tiene la obligación de proteger a las infancias de manera especial, ello por el estado de vulnerabilidad en que se encuentran.
73.    De manera que si los niños y las niñas ejercen sus derechos de manera gradual y progresiva en la medida en que desarrollan un mayor nivel de independencia personal, lo cierto es que la infancia es una etapa de vida que requiere de un ámbito de protección específico y diferenciado para que la participación de la niñez en las decisiones que les afecten, cuando estas sean complejas, pueda ser acompañada.
74.    De manera que para el legislador local no fue necesario habilitar el procedimiento para que las infancias pudieran acceder a un proceso para la rectificación documental al considerar implícitamente que en esa etapa de desarrollo personal la adecuación del acta no constituye una garantía necesaria para que la niñez sea tratada de conformidad con los aspectos esenciales de la personalidad. Por el contrario, el legislador pretendió protegerlas de manera especial a partir de una limitación absoluta a la luz de un diseño normativo donde las infancias tengan que esperar hasta ser personas adolescentes para poder generar una rectificación de su acta de nacimiento.
75.    En este caso, la finalidad del legislador se sustenta en el parámetro objetivo establecido en la ley (artículo 5 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes) que marca la transición entre la niñez y la adolescencia, para generar una medida de protección diferenciada atendiendo a diversas etapas de desarrollo de las personas menores de edad para que puedan participar en el procedimiento de adecuación documental del acta de nacimiento.
76.    La adecuación de la documentación oficial puede tener repercusiones en el desarrollo de la personalidad de la niñez y la construcción del tipo de personas que quieren ser. Por lo tanto, lo que se buscó con la limitante fue que proteger a los niños y las niñas hasta que pudieran, a decir del legislador, tener un desarrollo progresivo suficiente para participar en las decisiones que tengan que ver con el reconocimiento legal de un género en sus actas de nacimiento, pues esto puede tener impacto significativo en su futuro. De ahí que este Tribunal Pleno encuentre como finalidad constitucionalmente imperiosa la protección de la niñez y con ello se dé por satisfecha la primera etapa del test de proporcionalidad.
        Segunda grada
77.    En esta grada debe tomarse en cuenta que, como ya se señaló, el artículo 5 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que son niñas y niños los menores de doce años de edad, y adolescentes las personas de entre doce y dieciocho años. Por lo tanto, resulta válido que la autoridad busque un momento objetivo, como es la adolescencia, para presumir que una persona cuenta con un mayor estado de consciencia y madurez necesaria para asumir un cambio de acta de nacimiento por identidad de género.
78.    Así, por ejemplo, esta Suprema Corte ha encontrado razonable el establecimiento de edades mínimas en diversos casos, como el matrimonio infantil. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 22/2016(26), se determinó que el establecimiento de una edad mínima para acceder al derecho de contraer matrimonio resultaba razonable, puesto que las niñas, los niños y adolescentes que contraen matrimonio se ven afectados en alguno o algunos de los derechos o aspectos que involucran su sano desarrollo, o cuando menos, se les coloca en una situación de riesgo.
79.    Asimismo, al resolver el amparo en revisión 237/2014(27), la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que tratándose del autoconsumo con fines lúdicos o recreativos de la marihuana (cannabis), la declaratoria de invalidez de diversos artículos de la Ley General de Salud no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución, en el entendido de que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros, en específico, no podrá ser ejercido frente a personas menores de edad.
80.    De igual forma, se ha precisado que el establecimiento de edades mínimas encuentra razonabilidad a nivel constitucional, pues el artículo 34 señala que son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, hayan cumplido dieciocho años(28). Elemento que se vincula con la capacidad jurídica y la toma de decisiones (autonomía de la voluntad), los cuales son conceptos estrechamente vinculados y constituyen herramientas fundamentales para que una persona pueda participar en la vida jurídica y también tiene impacto en la vida cotidiana.
81.    Incluso, este Tribunal Pleno consideró, en las citadas acciones de inconstitucionalidad 73/2021 y 132/2021 que, en principio, el establecimiento de la mayoría de edad para acceder al procedimiento de adecuación del acta de nacimiento tenía una finalidad protegida constitucionalmente consistente en garantizar el interés superior de la infancia de las personas menores de edad quienes son merecedoras de medidas reforzadas (aunque finalmente se concluyera que dicha norma era inconstitucional).
82.    En el presente caso, el legislador oaxaqueño decidió fijar una edad mínima para acceder a este trámite administrativo, bajo el entendimiento implícito de que solo hasta que se es adolescente se requieren las garantías necesarias de adecuación documental para que las personas menores de edad puedan ser tratadas de conformidad con los aspectos esenciales de su personalidad. De manera que una forma de protección de la niñez, que guarda adecuación con la finalidad constitucionalmente imperiosa, es limitar la posibilidad de rectificar un acta de nacimiento hasta que se es adolescente, pues implica "esperar" a que la persona cuente con un desarrollo progresivo suficiente para participar activamente en dichas decisiones. Por estas razones, se concluye que la medida sí supera la segunda grada del escrutinio estricto.
        Tercera grada
83.    Como se precisó, la finalidad imperiosa en este caso consiste en la protección de la niñez. Para ello, el legislador consideró, implícitamente, que las garantías de adecuación documental para que las personas menores de edad puedan ser tratadas de conformidad con los aspectos esenciales de su personalidad e identidad no se requieren necesariamente en la niñez, sino en su caso, hasta la adolescencia. De ahí que una forma de protección especial consiste en que los niños y las niñas participen progresivamente en las decisiones que pueden tener consecuencias trascendentes en su vida, hasta que cuenten con la madurez y el desarrollo adecuados para hacerlo.
84.    A la luz de dicha finalidad, este Tribunal Pleno considera que la norma impugnada no puede superar la tercera grada del examen. Ello porque limitar de manera absoluta la posibilidad de que se modifique el género en la documentación oficial de un niño o una niña, entre ellas su acta de nacimiento, no es la medida menos restrictiva. Por el contrario, sí puede generar afectaciones en casos específicos de entornos hostiles y que requieren la adecuación documental para generar un contexto igualitario en la manera en que otras personas, generalmente mayores de edad, les perciben; o bien, en la forma en cómo se les trata para el acceso a diversos servicios y derechos, como la educación(29), la salud o el libre esparcimiento.
85.    En el derecho comparado podemos encontrar ejemplos de cómo otros países han encontrado procedimientos especiales que establecen salvaguardas para garantizar la identidad de género de la niñez.
86.    Así, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció a la Ley 26.743 de Argentina "sobre el derecho a la identidad de género de las personas" como una buena práctica sobre cómo debe legislarse en materia de identidad de género de niñas, niños y adolescentes.
87.    La norma en cuestión exige únicamente el consentimiento libre e informado de la niña, el niño o la persona adolescente, el consentimiento de sus representantes y la asistencia legal. Además, se trata de un procedimiento de naturaleza administrativa que cuenta con una vía jurisdiccional sumarísima y excepcional, para aquellos casos en los que no sea posible obtener el consentimiento de los representantes legales(30).
88.    Por otra parte, tanto esta Suprema Corte como distintos organismos internacionales (el Comité de los Derechos del Niño y la Corte Interamericana de Derechos Humanos) han sostenido que la edad biológica no guarda necesaria correlación con la madurez y con la posibilidad de formarse un juicio o un criterio propio, ya que no se trata de un proceso lineal que sea aplicable a todos los niños y las niñas por igual(31).
89.    Es decir, no puede partirse de parámetros cronológicos específicos para establecer una generalización de cuándo las personas menores de edad pueden participar en procedimientos jurisdiccionales o administrativos, pues es la autoridad quien deberá tomar en consideración las condiciones específicas del niño o de la niña, su contexto, así como su interés superior, para acordar su intervención, siempre con una actitud orientada a favorecer la eficacia de sus derechos(32). Eliminando con ello inclusive una herramienta al alcance de padres y tutores, quienes podrían tener una legítima preocupación para romper con las barreras (incluso culturales) que dificulten el adecuado desarrollo y bienestar de las niñas y los niños, garantizar el acceso igualitario a servicios de salud, educativos y libre esparcimiento; así como el disfrute de una vida libre de violencia y discriminación.
90.    De conformidad con lo anterior, el requisito de edad previsto en la norma impugnada que distingue entre niñas y niños y personas adolescentes no es la medida menos restrictiva y, por ende, no supera la tercera grada del test de escrutinio estricto, pues las personas trans menores de doce años de edad quedan excluidas de cualquier posibilidad de ajustar su acta de nacimiento a la identidad de género, ya que el legislador diseñó la medida sin prever la posibilidad que la solicitud fuera presentada en beneficio de niñas y niños trans sin excepción, incluso por conducto de sus representantes.
91.    Por lo tanto, es fundado el concepto de invalidez planteado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y lo procedente es declarar la invalidez de la fracción II del artículo 137 Quáter del Código Civil para el Estado de Oaxaca.
VI. EFECTOS
92.    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73(33), en relación con los artículos 41(34), 43(35), 44(36) y 45(37), de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señalan los alcances y efectos de la sentencia y se precisan los órganos obligados a cumplirla, las normas generales respecto de las cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Además, se establece la fecha a partir de la cual producirá sus efectos.
        Declaración de invalidez
93.    Se declara la invalidez del artículo 137 Quáter, fracción II, del Código Civil para el Estado de Oaxaca, conforme al considerando V de la presente resolución.
        Fecha a partir de la cual surtirá efectos la invalidez decretada
94.    La declaración de invalidez surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso del Estado de Oaxaca.
95.    Este Tribunal Pleno no soslaya que, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 73/2021 y 132/2021, en las que se declaró la invalidez del requisito de mayoría de edad para acceder a la adecuación de acta de nacimiento, se estableció que dicha declaración surtiría efectos a los doce meses de la notificación de los puntos resolutivos a los Congresos locales respectivos, en la inteligencia que durante dicho plazo deberían legislar un procedimiento acorde con el interés superior de la infancia, para lo cual se establecieron distintos lineamientos(38).
96.    Sin embargo, en el presente caso no nos encontramos ante una problemática igual, pues, como se precisó en el estudio de fondo, el legislador oaxaqueño llevó a cabo una reforma a la legislación civil para reconocer a las personas menores de edad el acceso a un trámite administrativo ante el Registro Civil para ajustar su acta de nacimiento acorde con su identidad de género, sin embargo, incorrectamente fijó una edad mínima (doce años cumplidos) para tal efecto, la cual fue declarada inválida en la presente ejecutoria.
97.    Por ende, en el caso de la legislación oaxaqueña, se observa que ya existe un procedimiento ágil y expedito en la vía administrativa basado en el consentimiento libre e informado de la persona menor de edad que permite cambiar el nombre y demás componentes de la identidad y cuyo procedimiento se realiza por conducto de sus tutores y con la participación de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Además, se observa que en dicho procedimiento no se solicitan requisitos basados en prejuicios o en estereotipos y que, en caso de que exista negativa o imposibilidad de obtener el consentimiento de los progenitores o tutores, la Procuraduría de Protección deberá brindarle asistencia para recurrir en la vía jurisdiccional.
98.    En ese sentido, ante la invalidez del requisito, los niños y las niñas menores de doce años podrán acceder a dicho trámite.
VII. DECISIÓN
99.    Por lo antes expuesto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:
PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.
SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo 137 Quáter, fracción II, del Código Civil para el Estado de Oaxaca, reformado mediante el DECRETO No. 2727, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el dieciséis de octubre de dos mil veintiuno, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso de ese Estado, tal como se precisa en los apartados V y VI esta decisión.
TERCERO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Notifíquese mediante oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
En relación con el punto resolutivo primero:
Se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto de los apartados del I al IV relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad, a la legitimación y a las causas de improcedencia y sobreseimiento.
En relación con el punto resolutivo segundo:
Se aprobó por mayoría de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá separándose de algunas consideraciones, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea en contra de las consideraciones, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Presidenta Piña Hernández en contra de las consideraciones, respecto del apartado V, relativo al estudio de fondo, consistente en declarar la invalidez del artículo 137 Quáter, fracción II, del Código Civil para el Estado de Oaxaca. El señor Ministro Pérez Dayán votó en contra. Las señoras Ministras y los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Presidenta Piña Hernández anunciaron sendos votos concurrentes. La señora Ministra y los señores Ministros González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa y Pardo Rebolledo reservaron su derecho de formular sendos votos concurrentes.
Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea separándose del párrafo 146, Ríos Farjat y Laynez Potisek, respecto del apartado VI, relativo a los efectos, consistente en determinar que la declaratoria de invalidez surta efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado. El señor Ministro Pérez Dayán y la señora Ministra Presidenta Piña Hernández votaron en contra.
En relación con el punto resolutivo tercero:
Se aprobó por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
La señora Ministra Presidenta Piña Hernández declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados. Doy fe.
Firman la señora Ministra Presidenta y la señora Ministra Ponente con el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.
Presidenta, Ministra Norma Lucía Piña Hernández.- Firmado electrónicamente.- Ponente, Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.- Firmado electrónicamente.- Secretario General de Acuerdos, Licenciado Rafael Coello Cetina.- Firmado electrónicamente.
EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: CERTIFICA: Que la presente copia fotostática constante de veinticinco fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con el original firmado electrónicamente de la sentencia emitida en la acción de inconstitucionalidad 174/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión del quince de junio de dos mil veintitrés. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- Ciudad de México, a tres de junio de dos mil veinticuatro.- Rúbrica.
VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA LA SEÑORA MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 174/2021, FALLADA EN SESIÓN DE QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS.
Comparto la declaratoria de validez del artículo 137 Quáter, fracción II, del Código Civil para el Estado de Oaxaca, reformado mediante el Decreto No. 2727, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa, el dieciséis de octubre de dos mil veintiuno.
Dicho precepto establece que para acceder al trámite de rectificación de acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género autopercibida ante el Registro Civil se requiere tener al menos doce años de edad cumplidos.
Sin embargo, para mi explicar mi postura es necesario señalar que el engrose se encuentra ajustado al criterio mayoritario adoptado al resolver la acción de inconstitucionalidad 132/2021, en el sentido que la norma impugnada no supera la tercera grada del test de escrutinio estricto que aplica a las distinciones legislativas que inciden en los derechos de niñas, niños y adolescentes, pues se trata de una distinción basada en una de las categorías sospechosas previstas en el artículo 1° constitucional.
Dichas consideraciones me llevan a expresar mi voto concurrente, ya que desde mi punto de vista, es la segunda grada del test de escrutinio estricto la que no supera, como explico enseguida:
En principio, comparto que el artículo analizado sí persigue una finalidad imperiosa protegida a nivel constitucional, pues el establecimiento de edades mínimas en la ley puede tener como finalidad la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como el reconocimiento de su desarrollo gradual y de su autonomía progresiva.
No obstante, desde mi punto de vista, el requisito establecido por el legislador oaxaqueño consistente en fijar una edad mínima, doce años, para acceder a la rectificación de acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género, se traduce en una medida que no encuentra conexión directa con la finalidad constitucionalmente imperiosa.
Lo anterior es así porque dentro de los derechos fundamentales consagrados se encuentra el derecho a la identidad personal comprendido como el derecho de todo individuo a ser uno mismo, en la propia conciencia y en la opinión de los demás, de acuerdo con sus caracteres físicos e internos y sus acciones; el derecho a la identidad de género, es decir la proyección frente a sí y ante la sociedad, así como su preferencia u orientación sexual.
A su vez, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de escoger la apariencia personal, así como la libre opción de género autopercibida, en tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida.
Asimismo, la identidad sexual y de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la percibe, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar -o no- la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.
En el caso, la situación particular de niñas y niños trans, permite analizarla mediante una perspectiva interseccional, la cual concede la posibilidad de evaluar y remediar la forma en que múltiples fuentes de opresión operan en forma conjunta para subordinar y discriminar a grupos vulnerables o minorías, en este caso, las infancias trans.
Al respecto considero relevantes algunos datos extraídos del comunicado de prensa 61/17 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denominado "aceptemos la diversidad y protejamos a niñas/os/es y adolescentes trans y de género diverso", donde se señalan los principales desafíos que enfrentan niñas, niños y adolescentes trans y de género diverso en relación con el reconocimiento legal de la identidad de género, hostigamiento escolar, salud mental, la atención sanitaria e impunidad frente a la violación de sus derechos.
Particularmente, se expone que en algunas familias, las niñas, niños y adolescentes trans son todavía estigmatizados, marginados y rechazados, pues corren el riesgo de ser víctimas de violencia física, sexual y psicológica, debido a escenarios de violencia en la escuela (acoso) y a la exclusión en la clase, en los juegos, en los baños y en los vestuarios, camino a la escuela y a casa y en la red (ciberacoso).
Por tanto, estimo necesario reconocer que la edad y la identidad de género son dos condiciones que convergen en las infancias trans y configuran una vulnerabilidad específica, pues por un lado, al ser personas trans, forman parte de una minoría históricamente invisibilizada, estigmatizada y víctima de discriminación estructural, debido a que sus expresiones, identidades y cuerpos no se ajustan al orden social imperante; son marginadas por el Estado y la comunidad y con frecuencia son objeto de rechazo y violencia de distintas intensidades.
Así, tomando en consideración la argumentación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al emitir la opinión consultiva OC-24/17, en el sentido que las niñas y los niños son titulares de los mismos derechos que los adultos y de todos los derechos reconocidos en la Convención Americana, además de contar con las medidas especiales de protección contempladas en el artículo 19 de la propia Convención; es mi convicción que el requisito de edad previsto en la norma impugnada no encuentra conexión directa con la finalidad constitucionalmente imperiosa, pues las y los menores de edad trans quedan excluidos de la posibilidad de ajustar su acta de nacimiento a la identidad de género autopercibida.
Atentamente
Ministra Yasmín Esquivel Mossa.- Firmado electrónicamente.- Secretario General de Acuerdos, Lic. Rafael Coello Cetina.- Firmado electrónicamente.
LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: CERTIFICA: Que la presente copia fotostática constante de tres fojas útiles en las que se cuenta esta certificación, concuerda fiel y exactamente con el original firmado electrónicamente del voto concurrente de la señora Ministra Yasmín Esquivel Mossa, formulado en relación con la sentencia del quince de junio de dos mil veintitrés, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 174/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- Ciudad de México, a tres de junio de dos mil veinticuatro.- Rúbrica.
VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 174/2021, RESUELTA POR EL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN SESIÓN DE QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS.
El Tribunal Pleno resolvió la referida acción de inconstitucionalidad en la que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reclamó el artículo 137 Quáter, fracción II, del Código Civil para el Estado de Oaxaca, adicionado mediante el Decreto Número 2727, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de dicha entidad federativa el dieciséis de octubre de dos mil veintiuno.
Si bien acompañé la decisión de invalidar la norma impugnada, lo hice con las reservas que explicaré enseguida.
Razones del voto concurrente:
1. En relación con el apartado "V. ESTUDIO DE FONDO", no coincidí con el diseño de la metodología aplicada(39) ni con varios de sus argumentos; mi voto lo sustento exclusivamente en lo siguiente(40):
En mi consideración, la norma controvertida establece un trato diferenciado en razón de edad, para efecto de acceder al levantamiento de una nueva acta de nacimiento con motivo de la identidad de género autopercibida; esto, pues permite dicho trámite sólo a las personas que hayan cumplido doce años de edad, por ende, excluye de esa posibilidad a quienes no estén en ese supuesto; de manera que la norma sí tiene incidencia directa, en el sentido de limitarlos, sobre los derechos de igualdad y no discriminación, de identidad de género y de libre desarrollo de la personalidad.
Si bien es cierto que la edad, per se, no es propiamente una categoría sospechosa en el sentido de que podamos ligarla con una historia de discriminación en nuestro país en función de ella, y muchas veces puede ser utilizada por el legislador meramente como un criterio empírico para regular derechos y obligaciones o determinadas situaciones jurídicas, teniéndola como criterio objetivo útil en tanto puede ser parámetro para presumir en las personas cierto grado de madurez, experiencia, etcétera; lo cierto es que el artículo 1 de la Constitución Federal la enuncia entre aquellas categorías sobre las que podemos intensificar el escrutinio, en lo que interesa, al examinar la constitucionalidad de normas generales, aunque desde luego habrá casos en que el uso del criterio de edad en una norma no requiera examinarse en forma estricta.
Sobre esa base, y teniendo en cuenta que cuando se establece en la ley un trato diferenciado atendiendo a la minoría de edad, he reconocido la prevalencia de una obligación de los órganos jurisdiccionales para garantizar de manera reforzada los derechos de este grupo (personas menores de edad), en el caso, considero viable aplicar al precepto impugnado un análisis de proporcionalidad en sentido amplio, con un escrutinio estricto.
Así, dado que la norma establece un trato diferenciado en razón de edad que limita para los menores de doce años el ejercicio de los derechos humanos referidos, al no darles acceso a la obtención de un nuevo registro de nacimiento conforme a la identidad de género autopercibida, estimo que el análisis de su proporcionalidad debe hacerse como sigue:
Finalidad constitucionalmente imperiosa. La medida sí tiene una finalidad de tal entidad, porque busca proteger a las personas menores de doce años de posibles condiciones de inmadurez en la toma de decisiones trascendentales para su autonomía, que pudieran afectarles gravemente y ser irreversibles o difícilmente reversibles, como lo es la relativa a cambiar la identidad sexo-genérica en su registro de nacimiento; este propósito de la medida encuentra su fundamento en el principio de interés superior de la niñez, garantizado en el artículo 4, párrafo noveno, de la Constitución Federal.
Idoneidad. En este punto debe analizarse si la medida es un medio instrumentalmente adecuado para alcanzar el fin precisado, y la respuesta es que sí. Ello, pues el establecimiento de una edad de doce años cumplidos para acceder al trámite referido, se sustenta en la premisa de que, en principio, si la mayoría de edad funge como un criterio objetivo generalmente aceptado (como una máxima de experiencia) para admitir que la persona cuenta con la suficiente madurez para asumir plenamente la toma de decisiones en tanto ha consolidado su autonomía; es admisible considerar que, por lo menos, quienes todavía se encuentran en su etapa de infancia (antes de los doce años), posiblemente no tengan o enfrenten una mayor dificultad para gozar de las condiciones óptimas de madurez psicoemocional que les permitan adoptar una decisión plena sobre su identidad de género. De manera que si la finalidad del legislador es garantizar una mayor protección en la toma de la decisión referida, entonces, la medida legislativa que excluye la posibilidad de acceder al procedimiento aludido de rectificación de la identidad de género, sí es adecuada para lograr dicho propósito.
Necesidad. Considero que la distinción normativa en examen no supera esta grada del escrutinio, pues la prohibición absoluta de acceder a la posibilidad del levantamiento de una nueva acta de nacimiento con base en la identidad de género autopercibida, no es la medida menos restrictiva posible para conseguir la finalidad perseguida. Parto de la base de que toda persona física, inclusive durante la minoría de edad, debe poder ejercer plenamente su derecho de identidad sexo-genérica, por ende, acceder a la adecuación de su registro de nacimiento y demás documentos de identidad, y la condición de encontrarse en la etapa de infancia no debe conducir a negar en forma absoluta ese ejercicio; la alternativa es que el legislador diseñe un procedimiento específico atendiendo a la especial situación de vulnerabilidad en que pueda estar este grupo en razón de su edad, en el que establezca las salvaguardias necesarias para garantizar esa protección.
Al no superarse la grada de necesidad, resulta innecesario continuar el estudio de la concerniente a la proporcionalidad en sentido estricto; pues está demostrada la invalidez de la norma.
2. Ahora bien, en relación con el apartado "VI. EFECTOS", mi voto fue en contra de la resolución, toda vez que en ésta, se afirma que el procedimiento administrativo que ya prevé el Código Civil para el Estado de Oaxaca (en sus artículos 137, 137 Bis, Ter y Quáter) satisface los lineamientos que estableció el Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 73/2021, de ahí que no se estimó necesario postergar el momento para que surtiera efectos la declaratoria de invalidez, ni vincular al Congreso local a legislar un procedimiento.
Sin embargo, en la resolución no se hace propiamente un análisis expreso en el que se verifique que efectivamente dicho procedimiento satisface todos los lineamientos fijados desde el referido precedente, además que, a mi juicio, tal como lo sostuve en el amparo en revisión 155/2021 resuelto en Primera Sala, la efectiva protección reforzada a los derechos de las personas menores de edad (y con mayor razón cuando no se han alcanzado doce años), exigiría que los procedimientos para el levantamiento de una nueva acta de nacimiento por identidad de género, cubrieran exigencias adicionales a las precisadas en el precedente del Tribunal Pleno, a saber:
1.     El procedimiento debe desarrollarse mediante diligencias de escucha de las personas menores de edad pues, evidentemente, inciden en su esfera de derechos.
2.     La autoridad debe recabar el consentimiento libre e informado de las personas menores de edad para proceder a tal adecuación, esto, en la medida de su autonomía progresiva.
3.     La autoridad debe cuidar que al obtenerse el consentimiento o expresa conformidad de la persona menor de edad se observe la sensibilidad y la diligencia necesaria para dirigir la conversación con ella, de manera en que, sin influir de algún modo en sus opiniones, se pueda constatar, sucesivamente, los siguientes dos aspectos:
I.    Que el nivel de desarrollo o grado de madurez mental y emocional de la persona menor de edad es el suficiente para que pueda expresar cuál es su identidad de género, su opinión y eventual consentimiento sobre el tema concerniente a la adecuación de sus documentos de identidad por cuanto hace a los datos relativos al nombre, sexo o género.
II.   Deberán obtener el consentimiento libre e informado de la persona menor de edad para que su acta de nacimiento sea modificada por cuanto hace a los datos señalados.
4.     Asimismo, para recabar el consentimiento de la persona menor de edad se deberá atender a reglas de protección reforzada para la preparación y desahogo de entrevistas en las que, por lo menos, se sigan los siguientes lineamientos:
A.   Para preparar la entrevista en la que participará, se requiere que la persona menor de edad:
i.     Sea informada en un lenguaje accesible y amigable, acorde a su edad, sobre el procedimiento y su derecho a participar; y,
ii.     Que se garantice que su participación es voluntaria.
B.   El desahogo de la declaración de la persona menor de edad debe llevarse a cabo en una diligencia seguida en forma de entrevista o conversación, la cual debe cumplir con los siguientes requisitos:
i.     Es conveniente que previamente a la entrevista la autoridad respectiva se reúna con un especialista en temas de niñez, ya sea psiquiatra o psicólogo, para aclarar los términos de lo que se pretende conversar con la persona menor de edad, para que a ésta le resulte más sencillo comprender y continuar la conversación.
ii.     La entrevista debe desarrollarse, en la medida de lo posible, en un lugar que no represente un ambiente hostil para los intereses de la persona menor de edad, sino en un espacio amigable, esto es, donde pueda sentirse respetada y segura para expresar libremente sus opiniones.
iii.    Además de estar presente el funcionario o funcionarios que conforme a la legislación respectiva han de tomar la decisión, durante la diligencia deben comparecer el especialista en temas de niñez que se haya reunido con la autoridad y, siempre que la persona menor de edad lo solicite o se estime conveniente para proteger su superior interés, una persona de su confianza, cuando ello no genere un conflicto de intereses, evitando la presencia de más personas que las estrictamente necesarias, a efecto de preservar la mayor confidencialidad.
iv.    En la medida de lo posible, debe registrarse la declaración o testimonio de las niñas y niños íntegramente, ya sea mediante la transcripción de toda la diligencia o con los medios tecnológicos al alcance que permitan el registro del audio.
C.   Las niñas, niños, y adolescentes deben intervenir directamente en las entrevistas, sin que ello implique que no puedan tener representación durante el procedimiento, la cual recaerá, en principio, en quienes legalmente estén llamados a ejercerla, salvo que ello genere un conflicto de intereses, en cuyo caso deberá procurársele la representación jurídica oficial que corresponda, en los términos del artículo 106 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
De no procederse de esta forma, implicaría dejar abierta la posibilidad de que en esos procedimientos administrativos las autoridades del registro civil, en vez de tutelar el interés superior de la infancia y el derecho a la identidad de género auto-percibida, generen afectaciones a los menores de edad; en ese sentido, considero que en el caso, el procedimiento previsto en la legislación civil del Estado de Oaxaca, si bien recoge algunos de los lineamientos dispuestos desde la acción de inconstitucionalidad 73/2021, no es lo suficientemente exhaustivo y expreso en todos los que resultan necesarios; de ahí mi disenso con el fallo aprobado.
Presidenta, Ministra Norma Lucía Piña Hernández.- Firmado electrónicamente.- Secretario General de Acuerdos, Lic. Rafael Coello Cetina.- Firmado electrónicamente.
LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: CERTIFICA: Que la presente copia fotostática constante de cinco fojas útiles en las que se cuenta esta certificación, concuerda fiel y exactamente con el original firmado electrónicamente del voto concurrente de la señora Ministra Presidenta Norma Lucía Piña Hernández, formulado en relación con la sentencia del quince de junio de dos mil veintitrés, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 174/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- Ciudad de México, a tres de junio de dos mil veinticuatro.- Rúbrica.
VOTO ACLARATORIO QUE FORMULA LA MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 174/2021.
En sesión celebrada el quince de junio de dos mil veintitrés, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad citada al rubro, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del artículo 137 Quáter, fracción II, del Código Civil para el Estado de Oaxaca(41), al considerar que la norma excluía a las personas menores de doce años (niñas y niños(42)) de la posibilidad de que se realizaran adecuaciones a su acta de nacimiento de conformidad con su identidad de género.
Por mayoría de diez votos(43), el Pleno declaró la invalidez del artículo impugnado por limitar de manera absoluta la posibilidad de que se modifique el género en la documentación oficial de un niño o una niña, entre ellas su acta de nacimiento.
Coincido con la decisión alcanzada, sin embargo, quiero dejar constancia de algunas reflexiones a manera de voto aclaratorio en cuanto a la invalidez de la norma, porque se trata de un tema muy sensible y, siendo la ponente del asunto, considero de gran importancia que se comprenda con claridad y sensibilidad la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Suprema Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse en diversos asuntos sobre el reconocimiento jurídico de la identidad de género tratándose de personas adultas y, recientemente, sobre la inconstitucionalidad del requisito de mayoría de edad previsto en algunas legislaciones civiles locales. Sin embargo, el caso que ahora se nos presenta tiene una particularidad delicada en tanto que la norma no establece una distinción entre personas adultas y personas menores de edad, sino entre adolescentes y niñas y niños.
En las acciones de inconstitucionalidad 73/2021(44), 132/2021(45), 45/2021(46) y 72/2022(47), el Tribunal Pleno hizo referencia general al reconocimiento del derecho de identidad de género de las personas menores de edad y a la obligación de los poderes legislativos locales de establecer un procedimiento que permita el reconocimiento de la identidad de género acorde a su interés superior. Sin embargo, como ya mencioné, en este asunto nos enfrentamos al enorme reto de determinar si es válido que se modifique el género en la documentación oficial, incluida el acta de nacimiento, únicamente en favor de adolescentes, o si también debe garantizarse ese derecho en favor de las niñas y los niños.
En la presente acción de inconstitucionalidad declaramos que el requisito consistente en que sólo las personas mayores de doce años tengan la posibilidad de que se modifique el género en su documentación oficial es inconstitucional. Para llegar a esta conclusión, el Tribunal Pleno procedió a diseccionar la norma a fin de contrastarla con el parámetro de derechos humanos, y se concluyó que, aunque la norma prohibitiva tenía una finalidad constitucionalmente válida, resultaba tajante e invasiva.
El Pleno determinó que el legislador del Estado de Oaxaca pretendió "esperar" a que el niño o la niña contara con un desarrollo progresivo suficiente que permitiera presumir que poseía un mayor estado de consciencia y madurez para asumir un cambio de acta de nacimiento por identidad de género, con todas las implicaciones que ello tenía en su vida, en su familia y en todos los espacios en los que se desenvolvía. Ello refleja una finalidad constitucionalmente válida. Sin embargo, la norma limitaba de forma absoluta la posibilidad de que se modificara el género en la documentación oficial de un niño o una niña -incluso cuando esta decisión fuera apoyada por los progenitores o tutores- y, en consecuencia, les podía generar afectaciones en casos específicos en que se relacionaran en un entorno hostil o que quisieran acceder a servicios y derechos, como la educación, la salud y el libre esparcimiento.
Es plausible que niños y niñas menores de doce años desconozcan qué información contiene y para qué sirve un acta de nacimiento, de manera que impedir que se modifique el acta para anotar que pertenecen al género opuesto que aquel con el que nacieron, posiblemente no les haga sentir discriminados. Por ejemplo, es razonable imaginar que un niño de seis años no estará pensando en modificar su acta de nacimiento porque siente que es discriminado en su propia acta (porque refleja el hecho de que en realidad nació y fue registrado como una niña). Es plausible, en ese ejemplo, imaginar también que los padres o tutores de ese niño han decidido modificar su acta a fin de obligar jurídicamente a terceros a que su niño sea tratado y llamado como niño, y no como la niña que nació y con la que no se identifica. Quizá, siguiendo en el ejemplo, los padres o tutores han decidido tomar esa decisión al ponderar alguna situación importante que están atendiendo en relación con el desarrollo de la personalidad de su hijo y que lo último que necesitan alrededor de el pequeño son personas adultas que alienten un entorno hostil que pudiera agravar alguna situación que está siendo tratada por los padres o tutores, y además causar bullying y sufrimiento. El acta genera el derecho de ser tratado como el acta indica, y se vuelve oponible a terceros. Si un maestro, por ejemplo, insiste en tratar como niña a una persona cuya acta indica que es un niño, lo hará bajo su propio riesgo jurídico y asumiendo las consecuencias si eso repercute negativamente en el ámbito de desarrollo del menor de edad, y en el ámbito formativo de sus padres o tutores. Si además está en curso alguna cuestión crítica o delicada de
salud emocional, más relevante se torna tomar en cuenta que los padres o tutores avalaron ese cambio de acta y que hay que respetarlo.
Durante la infancia las personas juegan a ser aquello que no son, juegan a ser personas del género opuesto, a ser adultas, a ser incluso animales, plantas, cosas o cuerpos celestes, y esto no significa que verdaderamente crean que lo son. Esto, por obvio, no ameritaría respuesta. De lo que se trata en este punto es de que la prohibición tajante quizá dejaría sin elementos protectores a padres o tutores mientras la persona menor de edad va creciendo y eligiendo por sí misma quién quiere llegar a ser. Se trata, finalmente, de una modificación administrativa que con el tiempo pudiera ser revertida. Aquí lo que destaco personalmente de esta norma es que, por la buena intención de tutelar los derechos los niños, pudiera estar cancelando una herramienta para que los padres o tutores de un niño o niña que está sufriendo por alguna crisis de identidad, puedan transitar por un episodio así con garantías de que el entorno no será hostil y que, si lo es, habrá consecuencias. El niño que esté pasando por un tránsito difícil, y su familia, lo último que necesitan es algún maestro o adulto que se niegue a reconocer la identidad del menor de edad y que agrave una situación crítica o delicada, por ejemplo, que se niegue a tratar como niño al pequeño que nació niña pero que no se considera como tal, esto, a pesar quizá de la solicitud de los padres o tutores de no hacerlo. El acta, ajustada, genera entonces obligaciones muy claras y se convierte en un respaldo para los padres o tutores que acompañan a niños tan pequeños y que viven con ellos sus procesos evolutivos, sus momentos de despertar y sus momentos de crisis, así como su paulatina adquisición de madurez, autonomía y responsabilidad individual.
En esa tesitura es que arribé a la inconstitucionalidad de la norma. No comparto que la totalidad de las consideraciones de los precedentes sean aplicables a este caso, porque aquellos enfatizan que el acta misma provoca que las personas trans se sientan discriminadas pero, a diferencia de esos casos, en este, al hablar de menores de doce años, el enfoque es diverso para mí, y radica más bien en un acto de confianza para los padres y tutores que acudirían a realizar una medida de esta índole por considerarla necesaria e indispensable para la salud emocional, psíquica y física de su niño o niña.
Las problemáticas asociadas a las personas transgénero son variadas y complejas, comenzando por la constante, lamentable y aguda discriminación que padecen. Si además se pudiera tratar de niños y niñas menores de doce años, el tema se vuelve todavía más delicado. Pero seamos claros en que la sentencia de la Suprema Corte mexicana en este punto no está promoviendo o inhibiendo ninguna política pública sanitaria o quirúrgica que vaya más allá de ajustes en documentos administrativos de identidad y, como ya expliqué, encuentro que pueden tener una razón de ser en un momento dado.
Ahora bien, este reconocimiento de personas menores de doce años como sujetas de derechos no se traduce en que sus padres y madres estén aisladas de los procesos en los que sus hijas e hijos se vean inmersos, y mucho menos en esa etapa tan inicial de la vida, pues resulta sumamente importante el acompañamiento y el constante diálogo familiar que se da en estos casos, al ser quienes gozan de la presunción de que son quienes mejor conocen a sus hijas e hijos y que sólo desean lo mejor para ellos.
De esta manera, frente al proceso de desarrollo de la madurez de las niñas y de los niños, les corresponde a los familiares, tutores o representantes ejercer un acompañamiento o guía que permita orientarles en la toma de sus decisiones en atención a la autonomía progresiva. Es decir, la autonomía progresiva juega un papel de balanza. A menor grado de autonomía, mayor guía y dirección de las personas adultas; a mayor grado de autonomía, menor guía y orientación.
Además, en atención a que la garantía del interés superior de la niñez no sólo está a cargo de la familia y de la sociedad, la labor del Estado en el acompañamiento de niños y niñas, a través de las Procuradurías de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, cobra suma relevancia, pues a través de su actuación se vela por la protección integral de sus derechos y de su interés superior.
La labor de esta instancia especializada en infancia y adolescencia garantiza que, a la par de que la familia brinde soporte emocional y acompañamiento a su hijo o hija en el proceso de rectificación de su acta de nacimiento, se adopten todas las medidas necesarias para que este proceso sea llevado a cabo con serenidad y tranquilidad, a fin de que los niños y las niñas se vayan encontrando poco a poco a sí mismos.
Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.- Firmado electrónicamente.- Secretario General de Acuerdos, Lic. Rafael Coello Cetina.- Firmado electrónicamente.
EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: CERTIFICA: Que la presente copia fotostática constante de cuatro fojas útiles en las que se cuenta esta certificación, concuerda fiel y exactamente con el original firmado electrónicamente del voto aclaratorio formulado por la señora Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, en relación con la sentencia del quince de junio de dos mil veintitrés, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 174/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se certifica con la finalidad de que se publique en el Diario Oficial de la Federación.- Ciudad de México, a tres de junio de dos mil veinticuatro.- Rúbrica.
 
1     Amparo directo civil 6/2008, resuelto en sesión pública de 6 de enero de 2009, por unanimidad de 11 votos del Pleno.
2     Artículo 5. Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Para efectos de los tratados internacionales y la mayoría de edad, son niños los menores de dieciocho años de edad.
Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años de edad, se presumirá que es adolescente. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce años, se presumirá que es niña o niño.
3     Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas; [...]
4     Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá funcionando en Pleno:
I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
5     Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. [...]
6     Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas;
[...]
7     Resuelta en sesión de trece de junio de dos mil veintitrés. En cuanto al fondo, el asunto se aprobó por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, quien se separa de párrafos, González Alcántara Carrancá separándose de diversas consideraciones y por consideraciones adicionales, Esquivel Mossa quien está en contra de la parte relativa al proceso materialmente de naturaleza administrativa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales apartándose de párrafos respecto del escrutinio estricto, Pardo Rebolledo, separándose de algunas consideraciones, Zaldívar Lelo de Larrea separándose de algunas consideraciones, Ríos Farjat, separándose de algunas consideraciones, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández por consideraciones distintas.
8     Amparo en revisión 1317/2017, resuelto el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, por mayoría de cuatro votos de los Ministros Zaldívar Lelo de Larrea, Cossío Díaz quien se reserva el derecho de formular voto concurrente, Gutiérrez Ortiz Mena y Piña Hernández (Ponente) en contra del emitido por el Ministro Pardo Rebolledo.
9     Amparo en revisión 101/2019, resuelto el ocho de mayo de dos mil diecinueve, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán (Ponente), Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas, Yasmín Esquivel Mossa y Presidente Javier Laynez Potisek. El Ministro José Fernando Franco González Salas, emitió su voto con reservas. Los señores Ministros Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek, emitieron su voto en contra de consideraciones. El señor Ministro Eduardo Medina Mora I., anunció que formulará voto concurrente.
10    Amparo en revisión 1317/2017, op. cit, pág. 43.
11    Corte IDH, Opinión Consultiva 24/2017. Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, 24 de noviembre de 2017.
12    Corte IDH, Opinión Consultiva 24/2017, op.cit, párr. 90.
13    Ibidem, párr. 91.
14    Corte IDH, Caso Vicky Hernández y otras Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de marzo de 2021. Serie C No. 422, párr. 115. En sentido similar, Opinión Consultiva 24/17, párr. 115.
15    Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva 24/2017, op.cit. párr. 98.
16    Amparo directo 6/2008, resuelto el seis de enero de dos mil nueve por unanimidad de once votos de los Señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Mariano Azuela Güitrón, Sergio A. Valls Hernández (Ponente), Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Juan N. Silva Meza y Presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
17    Corte IDH, Opinión Consultiva 24/2017, op.cit. párr. 121 a 161.
18    Resuelta en sesión de 7 de marzo de 2022, por unanimidad de 11 votos.
19    Resuelta en sesión de trece de junio de dos mil veintitrés, en cuanto al fondo, el asunto se aprobó por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, quien se separa de párrafos, González Alcántara Carrancá separándose de diversas consideraciones y por consideraciones adicionales, Esquivel Mossa quien está en contra de la parte relativa al proceso materialmente de naturaleza administrativa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales apartándose de párrafos respecto del escrutinio estricto, Pardo Rebolledo, separándose de algunas consideraciones, Zaldívar Lelo de Larrea separándose de algunas consideraciones, Ríos Farjat, separándose de algunas consideraciones, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández por consideraciones distintas.
20    Resuelto en sesión de quince de junio de dos mil veintidós por unanimidad de 4 votos de la Primera Sala de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández (ponente) y los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo como Presidente en funciones, quien anuncia voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
21    Tesis jurisprudencial 1a./J. 37/2008, registro de IUS 169877, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, abril de 2008, página 175, cuyo rubro es IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
22    Tesis 1a. CCCXII/2013 (10a.), de rubro: INTENSIDAD DEL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD Y USO DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. SU APLICACIÓN EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS HUMANOS.
23    Informe rendido la Diputada Laura Estrada Mauro, Presidenta de la Junta de coordinación política de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, en la presente acción de inconstitucionalidad, p. 2.
24    Ibidem. Transcripciones de la exposición de motivos de la iniciativa con proyecto de Decreto que dio origen a la reforma del artículo 137 Quáter del Código Civil de Oaxaca.
25    Ibid., p. 3
26    Resuelta el 26 de marzo del 2019, aprobada la reforma como una restricción constitucionalmente válida por mayoría de 5 votos de la ministra Norma Lucía Piña Hernández y de los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Fernando Franco González Salas, Javier Laynez Potisek, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 5 votos en contra.
27    Resuelto el 4 de noviembre de 2015, aprobado por mayoría de cuatro votos bajo la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
28    Artículo 34. Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos:
I. Haber cumplido 18 años, y
II. Tener un modo honesto de vivir.
29    Por ejemplo, a nivel educativo, a una niña o niño que no cuente con su acta de nacimiento rectificada se le seguirá nombrando con aquél con el que originalmente fue registrado al nacer, haciendo de conocimiento público que la persona transicionó, pudiendo exponerla a una situación de violencia, acoso u hostigamiento escolar.
30    Corte IDH, Opinión Consultiva 24/17, op. cit, párr. 156.
31    Cfr. Protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primera edición: noviembre de 2021. pp. 71-72
32    Ibidem.
33    Artículo 73. Las sentencias se regirán por lo dispuesto en los artículos 41, 43, 44 y 45 de esta ley.
34    Artículo 41. Las sentencias deberán contener:
(Fracciones I a la VI)
35    Artículo 43. Las razones que justifiquen las decisiones de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la federación y de las entidades federativas. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias.
(...)
36    Artículo 44. Dictada la sentencia, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará notificarla a las partes, y mandará publicarla de manera íntegra en el Semanario Judicial de la Federación, conjuntamente con los votos particulares que se formulen.
Cuando en la sentencia se declare la invalidez de normas generales, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará, además, su inserción en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano oficial en que tales normas se hubieren publicado.
37    Artículo 45. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia.
38    El procedimiento que se establezca para el levantamiento de nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género autopercibida respecto de las personas menores de edad se deberá apegar a los lineamientos que forman parte del contenido mínimo del derecho a la identidad de género de las infancias y adolescencias trans, lo cuales se citan enseguida:
I.     Deberá prevalecer un procedimiento ágil, expedito, gratuito, sencillo y eficaz, enfocado a la adecuación integral de la identidad de género autopercibida, diseñado con perspectiva interseccional y basado, sustancialmente, en el consentimiento libre e informado de la niña, niño o adolescente.
II. El procedimiento deberá permitir a las y los menores de edad registrar, cambiar, rectificar o adecuar su nombre y demás componentes de su identidad, mediante la emisión de un acta nueva, sin verse obligadas a detentar otra identidad que no representa su individualidad.
III. No podrán exigirse requisitos basados en prejuicios o estereotipos como la acreditación de procedimientos quirúrgicos u hormonales, certificaciones médicas, psicológicas o de cualquier otro tipo, que resulten estigmatizantes o irrazonables.
IV. El procedimiento deberá efectuarse a través de sus tutores, o bien, de un representante legal y con la voluntad expresa de la persona menor de edad.
V. Al solicitarse el procedimiento para el levantamiento de nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género autopercibida, la persona menor de edad deberá contar con la asistencia y asesoría de la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla.
VI. Cuando se niegue o sea imposible obtener el consentimiento de alguno de los representantes o tutores, deberá establecerse un procedimiento sumario que permita resolver esa situación, teniendo en cuenta la autonomía progresiva e interés superior de la infancia.
VII. El procedimiento deberá ser confidencial y los documentos de identidad que se emitan no deberán reflejar los cambios de la identidad de género.
VIII. No se deberá alterar la titularidad de los derechos y las obligaciones jurídicas contraídas previamente ni las provenientes de las relaciones propias del derecho de familia.
39    En mi punto de vista, el test de proporcionalidad en sentido amplio, con independencia de la intensidad del escrutinio (estricto, ordinario o de mayor deferencia a la discrecionalidad y libertad de configuración del legislador) debe comprender cuatro gradas: finalidad constitucional, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.
40    Inclusive, en congruencia con la postura que asumí en el amparo en revisión 155/2021 (en Primera Sala), y en las acciones de inconstitucionalidad 73/2021 y 132/2021, en las que, con algunas particularidades, se analizó el mismo tema sustancial.
41               Artículo 137 Quáter. Además de lo señalado en el artículo anterior, para el levantamiento del acta correspondiente, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: [...]
      II. Tener al menos doce años de edad cumplidos; [...]
42               De conformidad con el artículo 5 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad.
43               De los Ministros y Ministras Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, la suscrita Ríos Farjat, Laynez Potisek y Presidenta Piña Hernández. En contra, el Ministro Pérez Dayán.
44               Resuelta el 7 de marzo de 2022, ponencia de la señora Ministra Yasmín Esquivel Mossa, por unanimidad de once votos.
45               Resuelta en sesión de 13 de junio de 2023, ponencia del señor Ministro Javier Laynez Potisek, por unanimidad de once votos.
46               Resuelta en sesión de 19 de junio de 2023, ponencia del señor Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, por unanimidad de once votos.
47               Resuelta el 15 de junio de 2023, ponencia del señor Ministro Luis María Aguilar Morales, por unanimidad de once votos.

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